El Gobierno destina 4,5 millones para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del entorno de Doñana

HUELVA 3 Sep. –

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones que movilizarán 4,5 millones de euros para financiar iniciativas locales en los 14 municipios del área de influencia de Doñana dentro de la línea 13 del Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Espacio Natural.

Según recoge la publicación, consultada por Europa Press, se trata de uno de los dos reales decretos aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros y que forman parte de las medidas acordadas por el Gobierno para acompañar la transición ecológica y reforzar la cohesión social y territorial de este enclave a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, se trara de la línea 13.3 sobre la promoción de la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de vulnerabilidad de la zona. Estas ayudas se destinarán, como ya se hizo en 2025, a impulsar proyectos piloto que favorezcan la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de pobreza y/o exclusión social.

De este modo, los ayuntamientos de la provincia de Huelva recibirán algo más de 2,4 millones repartidos en: Almonte y Moguer con 400.000 euros, respectivamente; Rociana del Condado, con 340.000 euros; mientras que Bollullos Par del Condado, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto recibirán 280.000 euros cada uno y Bonares e Hinojos 230.000 euros.

De otro lado, la provincia de Sevilla percibirá alrededor de 1,4 millones de euros, distribuido de la siguiente manera: Pilas percibirá 340.000 euros, mientras que Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Aznalcázar e Isla Mayor contarán con 280.000 euros cada uno. La mayo cuantía por municipio la recibirá Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con 600.000 euros.

Los proyectos deben incorporar un dispositivo de triaje social, es decir, un sistema en el que un equipo interdisciplinar de especialistas valora la situación de riesgo y necesidad de las personas usuarias de los servicios sociales y realiza un diagnóstico de su vulnerabilidad. El resultado es un plan de actuación, consensuado con cada persona, para garantizar un acompañamiento continuado durante todo el proceso de inclusión.

Los ayuntamientos ya están implantando/reforzando estos sistemas de triaje social, que serán evaluados por el CSIC, así como aumentando sus plantillas. Hasta la fecha, se han realizado más de veinte contrataciones en los ámbitos de los servicios sociales con perfiles como trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social, educadores u orientadores laborales. También están impulsando itinerarios personalizados de inclusión social y laboral, acompañamiento integral y acciones de orientación para el empleo.

Los itinerarios pueden incluir, entre otras, las siguientes actuaciones: Fomento de la capacitación laboral; apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; desarrollo de programas de refuerzo lingüístico; actividades de prevención y reducción del absentismo escolar; impulso de actuaciones de mediación y sensibilización; apoyo psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género, así como para sus hijos y para víctimas de violencia sexual y formación y concienciación ambiental para potenciar las condiciones de empleabilidad en los denominados ‘empleos verdes’.

La Secretaría General de Inclusión seguirá realizando el seguimiento y evaluación de los proyectos y los resultados serán publicados para contribuir a la generación de nuevas evidencias en el Laboratorio de las Políticas de Inclusión.

Según señala el Ministerio de Inclusión, los datos reflejan una estructura laboral en la zona «claramente dominada por el empleo agrario» frente a actividades de mayor valor añadido como la industria o los servicios avanzados; «un porcentaje de personas paradas menores de 25 años superior a la media nacional; una renta media por persona y por hogar inferiores a la media nacional en todos los municipios, y un menor porcentaje de la población con estudios superiores».

Por ello, subraya que esta «vulnerabilidad» socioeconómica de parte de la población en el territorio «podría verse agravada si las soluciones propuestas a los problemas medioambientales no se acompañan de políticas de inclusión social».

Las actuaciones se desarrollarán en los catorce municipios del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Doñana: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado –todos ellos de la provincia de Huelva– Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En este territorio, de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados, residen más de 210.000 personas.

Los ayuntamientos dispondrán ahora de diez días hábiles para presentar sus proyectos tras la entrada en vigor de los respectivos reales decretos y, a continuación, se formalizarán los correspondientes convenios con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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