Aspac reclama cambios en la Ley Concursal y urge a aprobar el Estatuto del Administrador Concursal
– ASPAC
MADRID 1 Sep. (Agencias) –
La Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (Aspac) ha reclamado reformas y ajustes en la Ley Concursal coincidiendo con el cuarto aniversario de su entrada en vigor, al tiempo que ha urgido a aprobar el Estatuto del Administrador Concursal para corregir carencias en los concursos sin masa y en los procedimientos especiales para microempresas.
Aunque la organización considera que la reforma aprobada en septiembre de 2022 ha consolidado avances «relevantes» como los planes de reestructuración temprana para evitar la quiebra de empresas viables, advierte de que el sistema sigue condicionado por importantes retos prácticos.
Entre ellos, señala la falta de desarrollo del Estatuto del Administrador Concursal, la necesidad de una plataforma digital plenamente operativa y los vacíos en los procedimientos para pymes y particulares.
En este sentido, la presidenta de Aspac, Manuela Serrano, ha destacado que tras cuatro años se cuenta con experiencia suficiente para «identificar qué aspectos han funcionado y qué cuestiones siguen pendientes».
«Es el momento de avanzar en un marco más eficaz, transparente y profesionalizado, que refuerce la seguridad jurídica y responda mejor a la realidad de los procedimientos de insolvencia», ha afirmado.
La asociación ha mostrado su especial preocupación por la tramitación de los concursos sin masa, alertando de que su configuración actual limita la supervisión profesional en casos donde existen intereses relevantes de acreedores y deudores.
Asimismo, sobre el procedimiento especial para microempresas, Aspac ha señalado que la exclusión generalizada del administrador concursal dificulta una gestión adecuada y equilibrada de la insolvencia en las empresas de menor tamaño.
Por todo ello, la patronal de los administradores concursales considera prioritario sacar adelante el Estatuto de la profesión para regular el acceso, la formación, la retribución y la responsabilidad de estos profesionales, alineando el modelo español con la Directiva 2026/799 (Segunda Directiva de Insolvencia) de la Unión Europea, cuya transposición deberá completarse antes de enero de 2029.
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