Un 30,7% de las personas asalariadas han estado expuestas a entornos laborales violentos, según CCOO

MADRID 21 Jul. Diario Dia –

Casi una de cada tres personas asalariadas en España (30,7%) ha trabajado expuesta a entornos laborales violentos y un 16,7% ha sufrido esa violencia de forma directa, según los datos extraídos del informe sobre violencia laboral en España elaborado por la Fundación Primero de Mayo con el apoyo de Comisiones Obreras (CCOO).

El estudio ha sido presentado por el secretario confederal de Salud Laboral del sindicato, Mariano Sanz Lubeiro, el técnico del Departamento de Condiciones Laborales y coautor del informe, Juan José González Zamora, y la adjunta a Presidencia y responsable de Comunicación y Cooperación Internacional en la Fundación 1º de Mayo, Ofelia de Felipe.

La investigación, desarrollada a partir de una encuesta representativa aplicada a un millar de trabajadores, pone de manifiesto que un 14% adicional de la plantilla ha estado expuesto a estas situaciones de manera indirecta, en calidad de testigo, y alerta, además, de que este fenómeno se está consolidando como «un grave problema» en el tejido productivo español.

Durante su intervención, Sanz Lubeiro ha enfatizado la necesidad de «hacer visible lo invisible», subrayando que la violencia en el trabajo «es mucho más que el acoso laboral o el acoso sexual». A su juicio, este tipo de violencia «se va extendiendo a lo largo de los últimos años» mediante conductas que van desde abusos verbales y amenazas hasta formas «más sutiles y siniestras» como la intimidación psicológica.

Por su parte, González Zamora ha expuesto la definición operativa del estudio, calificando la violencia laboral como «todo comportamiento deliberado, aislado o repetido, que tenga un objeto o efecto intimidatorio que dañe la integridad físico-psicológica de quien la recibe». Así, el coautor del informe ha hecho hincapié en que no se trata de un conflicto puntual, sino de «un problema organizativo» derivado del propio diseño de la empresa.

EL IMPACTO ES MAYOR EN JÓVENES Y EN EL SECTOR SERVICIOS

En este sentido, el informe revela que la violencia no se distribuye de manera homogénea entre los trabajadores, apreciándose brechas significativas en función del género y la edad. En las mujeres, la exposición directa es 3,5 puntos porcentuales superior a la de los hombres, manteniendo una presencia constante a lo largo de su vida laboral, lo que sugiere un componente «más estructural».

Sin embargo, el impacto resulta más llamativo en el colectivo juvenil: el 26,7% de las personas entre 18 y 24 años (más de una de cada cuatro) afirma haber sufrido violencia laboral. Esta cifra duplica a la de la siguiente franja de edad (14,1%), un indicador que para los autores refleja una incorporación al mercado precaria y un posible uso de la violencia «a modo de aleccionamiento o mecanismo disciplinador».

Desde el punto de vista empresarial, la percepción de violencia laboral aumenta casi un 10% en las grandes compañías en comparación con las de menor tamaño. Esta diferencia responde, según ha apuntado Juan José González Zamora, tanto a la burocratización y al deterioro de las relaciones personales como a una menor tolerancia que facilita la visibilización y denuncia de las agresiones.

Por sectores, la problemática se concentra en el sector servicios, principalmente en actividades con atención directa al público como los centros sanitarios, las residencias de mayores, la hostelería y el ámbito educativo. En estas actividades, entre el 36% y el 39% de la fuerza laboral manifiesta estar o haber estado expuesta a entornos laborales violentos.

En cuanto a las vías de manifestación, el informe constata que la violencia se ejerce en mayor medida en el propio núcleo de la organización, de forma jerárquica o entre compañeros (violencia interna), seguida por la ejercida por clientes o usuarios (violencia externa). De esta forma, las agresiones físicas directas o los daños a la propiedad pasan a un plano cuantitativamente secundario frente a los abusos verbales o el aislamiento.

De este modo, cuatro de cada cinco personas en entornos violentos han padecido agresiones verbales, aislamiento social o violencia simbólica. No obstante, el uso de la fuerza física alcanza al 23% de los afectados en estos entornos, y las conductas se han agravado en las fechas recientes debido al uso perverso de las redes sociales como herramienta de hostigamiento.

El componente machista adquiere también una relevancia destacada en el análisis. El 30,4% de las mujeres que trabajan en entornos laborales violentos ha señalado la existencia de agresiones de carácter sexual, al tiempo que un 78,1% de ellas reconoce la presencia recurrente de micromachismos en sus centros de trabajo.

Asimismo, el estudio relaciona de forma directa la violencia con las malas condiciones de trabajo, destacando el «trabajo emocionalmente desgastador» como el factor con mayor impacto. A esto se suman la acumulación de tareas por distribución irregular, las exigencias contradictorias, la falta de previsibilidad y la ausencia de apoyo por parte de la jerarquía empresarial.

EL SILENCIO Y LA FALTA DE PROTOCOLOS DIFICULTAN LA DENUNCIA

Por ello, según los datos, estas situaciones tienen una «importante repercusión» en la salud de los trabajadores, predominando los daños psicológicos graves como estrés, deterioro mental, síndrome de ‘estar quemado’ y trastornos del sueño. Las mujeres presentan un impacto más acusado en todos los indicadores sanitarios y valoran en mayor medida la renuncia a su puesto, convirtiendo la violencia en «un vector de expulsión del mercado laboral».

Pese a la magnitud de estas situaciones, el silencio sigue siendo la tónica habitual en las empresas. Un 40% de los episodios de violencia no se informa ante ninguna instancia ni por las víctimas ni por los testigos, y el 27,9% de los afectados confiesa ignorar los cauces para reportarlo. En este sentido, la falta de confianza en la dirección figura como el motivo principal para no dar el paso.

Por su parte, la intervención en estos casos en los centros de trabajo se muestra muy deficiente, según las conclusiones del informe. Un 34% de la población ocupada desconoce si su empresa dispone de protocolos frente a la violencia laboral, mientras que el 47% asegura que no se ha establecido un protocolo contra el acoso sexual, a pesar de ser una obligación legal para todas las empresas.

En los entornos donde la violencia laboral es habitual, un 37% desconoce si la violencia está recogida en la evaluación de riesgos, y un 26% denuncia que esta «no está recogida». Además, según los datos, en el 56,3% de los casos denunciados ni siquiera se llega a sancionar al agresor o abrir un expediente disciplinario.

Ante esta realidad, Mariano Sanz Lubeiro ha denunciado la «sistemática invisibilización» de las secuelas mentales de origen laboral. El representante de CCOO ha revelado que en el último año se registraron en España 627.962 bajas de incapacidad temporal por salud mental, de las cuales «solo 203 han sido reconocidas como problemas derivados del trabajo», quedando al margen de las enfermedades profesionales.

Sanz Lubeiro ha criticado, además, la postura de las patronales en la negociación colectiva al considerar estos hechos como asuntos individuales. Por ello, ha reclamado la inclusión obligatoria de la evaluación de riesgos psicosociales en todas las empresas y la elaboración de protocolos preventivos claros que determinen los recursos disponibles y las pautas de actuación.

A su vez, Ofelia de Felipe ha concluido la presentación recordando que la relación de trabajo parte de una asimetría de poder que limita la respuesta del empleado, por lo que resulta «imprescindible» desplazar la mirada individual «para centrarse en la estructura organizativa». A su juicio, la prueba del daño no puede recaer sobre la víctima y la violencia no puede seguir tratándose como un «asunto privado».

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