Foro para la Integración de los Inmigrantes alerta de que los «obstáculos» en el empadronamiento favorecen a las mafias
MADRID 15 Jul. –
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) ha alertado de que los «obstáculos» en el acceso al empadronamiento favorecen las prácticas «fraudulentas» por parte de las mafias.
«La no aplicación efectiva de las instrucciones técnicas vigentes genera situaciones de exclusión y favorece prácticas fraudulentas vinculadas a la ‘venta’ de empadronamientos. La obligación de renovación bianual unida a las dificultades prácticas para obtener cita puede derivar en la pérdida sobrevenida de derechos», avisa el FISI en su informe ‘La situación de la población inmigrante en 2025’, consultado por Agencias.
En este sentido, denuncia que se reportan «obstáculos» en el acceso al empadronamiento, «tanto por la exigencia de documentación no prevista legalmente como por prácticas restrictivas en supuestos de infravivienda». Asimismo, recalca que el padrón municipal es un «instrumento básico» para el acceso a múltiples derechos y servicios públicos.
En materia de salud, indica que en 2025 registraron «importantes obstáculos» en el acceso efectivo a la asistencia sanitaria pública, especialmente para personas migrantes en situación irregular, solicitantes de protección internacional, personas con residencia humanitaria y determinados familiares de ciudadanos españoles.
En concreto, revela supuestos de «especial gravedad»: la denegación de asistencia sanitaria a recién nacidos españoles por la situación de sus progenitores; exigencia «indebida» del requisito de tres meses de residencia a mujeres embarazadas; facturación «irregular» de atenciones de urgencia a menores y gestantes; «dificultades» de acceso por parte de solicitantes de protección internacional con documentación pendiente de renovación; y facturación de servicios «sin atender al alto grado de vulnerabilidad de la persona».
«Resulta necesario avanzar hacia un marco que garantice la automaticidad del derecho, reduzca la discrecionalidad territorial y asegure la formación del personal en materia de igualdad de trato», apunta el FISI.
De la misma manera, señala la existencia de un «efecto disuasorio» de la denuncia segura. Según expone el FISI, las víctimas de explotación laboral, violencia o delitos de odio evitan acudir a las dependencias policiales por el temor fundado a que la denuncia active de forma paralela un expediente de expulsión por infracción de la Ley de Extranjería.
Para el FISI, es «necesario establecer instrucciones claras y vinculantes que impidan la incoación automática de expedientes sancionadores cuando una persona comparece en calidad de víctima o denunciante».
En cuanto a procedimientos administrativos, indica que la «insuficiencia» de citas ha generado «situaciones de demora prolongada y, en algunos casos, la aparición de mercados irregulares de compraventa de citas». Así, avisa de que «la progresiva digitalización no siempre ha ido acompañada de garantías suficientes para evitar la exclusión de personas con menor alfabetización digital».
ALTERNATIVAS PRESENCIALES
También advierte de que la Administración electrónica «no puede convertirse en un factor de exclusión adicional» y defiende que «es necesario asegurar alternativas presenciales efectivas, cupos suficientes de atención y sistemas accesibles que tengan en cuenta las circunstancias de vulnerabilidad».
En el ámbito de la educación, explica que el Real Decreto-ley que estableció la cotización de las prácticas, incluidos los estudiantes de Formación Profesional, ha colocado en una «situación de discriminación indirecta» a los estudiantes extranjeros en situación irregular, muchas veces menores de edad, que «ven dificultado su derecho a la educación por la imposibilidad de cotización derivada de su situación administrativa».
De esta forma, argumenta que las comunidades autónomas están intentando subsanar la situación de diferentes maneras, generando disparidades territoriales. «La normativa de extranjería reconoce claramente el derecho a la educación de los menores extranjeros independientemente de su situación administrativa. Es necesaria una solución homogénea», apunta. Además, informa que se han reportado también «dificultades» en el acceso a becas: exigencia de NIE, requisito de empadronamiento o titularidad de cuentas bancarias.
Del mismo modo, el informe del FISI señala que se han observado «avances» en la gestión de expedientes para la homologación de titulaciones extranjeras, así como en la dotación de recursos para reducir la acumulación de solicitudes.
«DEMORAS» EN LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS DE EXTRANJEROS
No obstante, afirma que el sistema aún no se encuentra «plenamente normalizado» y denuncia que «persisten demoras» que afectan a la integración laboral de personas altamente cualificadas. «Un procedimiento ágil y eficaz en esta materia es un elemento clave para evitar situaciones de sobrecualificación, facilitar la autonomía económica y favorecer la adecuada incorporación al mercado de trabajo», subraya.
Finalmente, recoge un estudio reciente de ‘Provivienda’, que indica que el 99% de las inmobiliarias contactadas aceptaban prácticas «explícitamente discriminatorias» hacia personas extranjeras. «Revertir esta situación exige ampliar el parque de vivienda pública, eliminar las trabas administrativas al empadronamiento y promover campañas de sensibilización», recalca el FISI.
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