El Gobierno aprueba mañana en segunda vuelta la ley contra la violencia vicaria tras meses de negociaciones
MADRID 13 Jul. –
El Consejo de Ministros aprueba este martes 14 de julio en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria tras meses de negociaciones entre los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia.
Tras iniciar su andadura en septiembre del año pasado, cuando fue aprobada en primera vuelta como anteproyecto de ley, y después de recabar los informes preceptivos de los órganos consultivos –entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, el texto regresa a la mesa del Ejecutivo para su aprobación definitiva e inicia su posterior tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
En la primera versión de la norma sus objetivos eran la definición jurídica de la violencia vicaria, establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención, la atención y reparación de las víctimas y dar cumplimiento a medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, se incorporó al Código Penal una nueva pena para prohibir de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido.
La norma llega finalmente a la segunda vuelta tras el frenazo sufrido el pasado mes de febrero, cuando el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, se desmarcó del texto y bloqueó su tramitación.
En concreto, el departamento de Rego abandonó entonces la coproponencia al considerar «inaceptable» la redacción del momento y advertir «riesgos» señalados por el movimiento feminista, relacionados con la tipificación del delito, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de los menores.
Desde febrero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en que se trata de «una ley compleja» y que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre «aquellas cuestiones» que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.
La división en el Gobierno tuvo lugar después de que organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertasen al Ejecutivo de que el anteproyecto de Ley de medidas contra la Violencia Vicaria no hace distinción entre hombres y mujeres al crear un delito «neutro».
RECLAMACIONES DE ORGANIZACIONES
«Las reformas en curso no pueden pues limitarse a retoques superficiales, o peor aún, a crear figuras nuevas (como un delito ‘neutro’ de violencia vicaria) en clara contradicción, no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza», aseguraron en una carta abierta.
Del mismo modo, expresaron que, a pesar de que la ley reconoce desde hace años a los hijos como victimas de la violencia de género, «en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto ‘interés superior del menor'». En todo caso, las organizaciones preguntaron «¿desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña?».
Mientras, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en sesión extraordinaria, aprobó en mayo por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Si bien, añadió una serie de propuestas como que los jueces puedan revisar la retirada automática de la patria potestad en los casos de violencia de género.
«Aun cuando la medida persigue un interés legítimo de protección de las personas menores de edad, y cabe entender adecuada y necesaria, a fin de garantizar su proporcionalidad, evitando su carácter cerrado, a pesar del automatismo inicial que tiene un evidente fin tuitivo del menor, debe preverse la posibilidad de la revisión de la privación de patria potestad cuando esté justificado por el interés superior del menor», apunta.
La violencia vicaria –aquella que se ejerce contra los hijos para causar el máximo daño a la madre– ha dejado 68 menores asesinados desde 2013, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Hasta la fecha, en 2026 han sido tres.
TRES ASESINATOS ESTE AÑO
Por años, 2015 y 2024 contaron con el mayor número de asesinatos por violencia vicaria, con nueve. Le sigue 2017, con ocho; 2018 y 2021, con siete; 2013, con seis; 2014 y 2020, con cuatro; 2019, 2025 y 2026, con tres; 2022 y 2023, con dos; y 2016, con uno.
Por su parte, el Ministerio del Interior tiene detectados, hasta el 30 de junio, en el Sistema VioGén 103.746 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.495 son con menores a cargo.
De los casi 53.500, un total de 1.583 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 145 en alto y 1.435 en medio.
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