El mapa del cobre: así se ve la demanda de este mineral para la transición energética en Colombia y Argentina

Para González, de NRGI, hay otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años, y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.

Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que la ley promedio de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras más sencillas— ha disminuido un 40% desde 1991.

“Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles, como el piedemonte amazónico o el Chocó biogeográfico, generando nuevos conflictos», indica.

La problemática ha sido ampliamente documentada: reportes del Atlas Global de Justicia Ambiental, una base de datos que documenta los conflictos ambientales en todo el mundo, registra que de los 3674 casos identificados, cerca de 771 se encuentran en Latinoamérica y 277 están relacionados con iniciativas mineras. Particularmente, 96 conflictos registrados tienen que ver con proyectos de cobre en la región.

En Colombia, datos de la ANM estiman que 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría que restringe actividades mineras— y 22 % con áreas donde no se puede hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

Aunque el debate empezó a saldarse en 2010, cuando se modificó el Código de Minas para definir las zonas excluibles de la minería, el análisis geográfico evidenció que aún hay casos donde la superposición entre proyectos mineros y áreas protegidas se mantiene.

Según la información analizada, en ese país hay, por lo menos, 118 títulos para extraer cobre que se superponen con zonas de importancia ambiental, como reservas forestales, áreas protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos, entre otras.

De estos, 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida) como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo y los páramos. La mayoría de estos títulos fueron solicitados y entregados entre los años 2005 y 2013, antes y cerca de la modificación del Código de Minas.

El análisis identificó que al menos tres títulos vigentes se encuentran en zonas que actualmente están reconocidas y delimitadas como páramos, ecosistemas considerados estratégicos especialmente “por su papel en la regulación del ciclo hidrológico” que sustenta el suministro hídrico para el consumo humano y “para el desarrollo de las actividades de más del 70% de la población colombiana”, señala el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (Minambiente).

Aunque la importancia de su conservación está reconocida desde 1993, fue solo hasta 2011 que se le otorgó a la cartera ambiental la misionalidad de delimitarlos para que su área se pudiera declarar excluida de actividades como la minería.

Los páramos con títulos vigentes son los de Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos), que fueron delimitados por el Minambiente en 2018, pero cuyos títulos mineros se solicitaron entre los años 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009. El primero se superpone en 65,2 hectáreas, los segundos en 270 y 341 hectáreas, respectivamente, según los datos del catastro minero.

Otra parte de los títulos activos —94— se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas en las que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” como parte de las actividades permitidas, o en las que se puede solicitar la extracción del área para llevar a cabo actividades mineras con condiciones.

Entre estos, se encuentran, por ejemplo, siete títulos que se encuentran en Distritos Regionales de Manejo Integrado, 15 que están sobre zonas de conservación ecológica que permiten el uso sostenible de los recursos (áreas de manejo ambiental, zonas de amortiguamiento o zonas con Planes de Manejo Ambiental) y al menos 91 títulos que se traslapan en más de 170.000 hectáreas con Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De estas, la mayoría (60) se encuentran en la Zona de Reserva del Pacífico y 28 en la del río Magdalena.

La Ley Segunda de 1959, explica Carolina Montes, docente e investigadora de derecho ambiental en la Universidad Externado de Colombia, divide al país en siete grandes regiones que reservan una parte de los bosques. “Como tenemos un suelo con vocación forestal, lo que se quería era guardar económicamente esos potenciales.

Pero, al protegerlos, también se generaba un beneficio ambiental”, detalla. Aunque existe la posibilidad de sustraer zonas de reserva para desarrollar ciertas actividades (un trámite que se hace ante el Minambiente), Montes es clara en insistir en que el objetivo de esas áreas donde el bosque está conservado es el de resguardar los ecosistemas.

Si se analizan las solicitudes para nuevos proyectos que se encuentran vigentes, y que fueron recibidas por la ANM entre 1994 y 2026, el cruce con áreas ambientalmente sensibles escala a 354. De estas solicitudes, 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

La más reciente en áreas donde no se puede hacer minería fue solicitada en 2024 y se encuentra en el complejo de humedales del Páramo de Santurbán, en el departamento de Santander. Otra solicitud, de 2022, se encuentra en el Parque Natural Chingaza.

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