Aragón impedirá que los inmigrantes en situación ilegal cobren la prestación aragonesa que complementa o suple al IMV
ZARAGOZA 9 Jul. –
El Gobierno de Aragón endurecerá los requisitos de acceso a la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital –PACIMV– para impedir que los inmigrantes en situación irregular puedan percibir esta ayuda.
Para ello, exigirá la residencia legal y efectiva a quienes lo soliciten, en línea con lo establecido por la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital –IMV– y, atendiendo al concepto de «prioridad nacional» introducido por Vox, exigirá acreditar un «arraigo real, duradero y verificable» mediante un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y que haya cotizado a la Seguridad Social.
Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, para quien la medida cumple con la consigna del programa electoral de Vox de «ni una paguita pública para la inmigración ilegal» y sigue el modelo de otras comunidades autónomas en las que ya gobierna su formación.
Nolasco ha defendido que «garantizar una paga a un inmigrante ilegal no sólo va contra el principio de legalidad y contra el sentido común más elemental, sino que, además, favorece la inmigración ilegal. Y ni lo uno ni lo otro lo va a consentir».
El vicepresidente ha explicado que la reforma, de la que ha aclarado que el PP es «perfecto conocedor», se articulará «cuanto antes» mediante un anteproyecto de ley que pasará por el Consejo de Gobierno para ser enviada a las Cortes como un proyecto de ley que vendrá a corregir lo dispuesto por la norma redactada por el cuatripartito PSOE-CHA-Podemos-PAR en la que no se incluyó el requisito de la residencia legal y únicamente se fijó la efectiva, acreditable mediante el simple empadronamiento.
«Con esa ley aragonesa, un inmigrante ilegal que alegue vulnerabilidad económica, con tal de llevar un año empadronado en Aragón tiene derecho a un sueldo público que roza los 1.000 euros al mes, 220 euros más que la pensión mínima de viudedad», ha comparado antes de asegurar que» Vox va a acabar con este disparate».
LA PRIORIDAD NACIONAL
La medida afecta tanto a quienes complementan al alza el importe del IMV estatal que lo tengan reconocido como a quienes estando en una situación de vulnerabilidad económica no cumplen los requisitos del IMV y reciben una renta social aragonesa.
«La inmigración ilegal y desordenada se ha convertido en un problema de primerísimo orden para España y amenaza el sostenimiento de nuestro estado del bienestar, pone en riesgo nuestro marco de convivencia y se ha convertido en una Estado del bienestar, que pone en riesgo nuestro marco de convivencia y que se ha convertido en una de las primerísimas preocupaciones de los españoles, como viene constatando hasta el barómetro del CIS de Tezanos».
Por otra parte, la medida programática de Vox de la prioridad nacional se traducirá en un endurecimiento del acceso para que los solicitantes deberán acreditar un arraigo «real, duradero y verificable», que estará vinculado a un «periodo mínimo reforzado» de empadronamiento y a la trayectoria de cotización a la Seguridad Social, «una permanencia acreditada de que ya haya contribuido al sistema», ha informado Nolasco sin detallar plazos concretos.
«España sufre una invasión migratoria insostenible y se tiene que cerrar la puerta a todo aquel que no contribuya al sistema. El inmigrante que no pueda ganarse la vida en España, no puede estar aquí a base de pagas que salen del bolsillo de los españoles y que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia», ha defendido.
Para justificar esta reforma con datos, ha argumentado que hay más de 1.100 inmigrantes que cobran cada mes una media de casi 1.000 euros al mes de dinero público entre quienes perciben la renta aragonesa subsidiaria del IMV y los que reciben el IMV más el complemento extra de Aragón –ICSS–, lo que supone el 25% de los 4,5 millones de euros que el Ejecutivo destina a esta materia, cuando los inmigrantes en la Comunidad representan el 15%.
Además, ha informado de que «de los más de 1.100 inmigrantes que actualmente se benefician en Aragón de este salarios públicos, más de la mitad lo llevan cobrando desde hace 4 años o más», de modo que «se favorece agarrarse a la subsidiación de la inmigración de forma prolongada e incluso indefinida».
USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS
Alejandro Nolasco ha recalcado que «vamos a poner orden, sentido común, legalidad y prioridad nacional», puesto que «Aragón no puede ser el gran chollo mundial de quienes acuden a sabiendas de que, trabajen o no, van a tener una renta básica pagada con dinero público».
«Estamos a favor de ayudar a quien lo necesita, pero tiene que hacerse a través de prestaciones muy bien controladas, que atiendan la prioridad nacional y que no favorezcan la inmigración ilegal ni la desordenada que compromete a nuestro Estado del Bienestar y a nuestro marco social de convivencia», ha sintetizado.
A preguntas de los medios de comunicación sobre el mayor o menor número de personas que se verán afectadas por esta reforma, Nolasco ha reivindicado que la medida «no es una cuestión de cantidad, sino de calidad»: «Son recursos públicos, dinero que sale del bolsillo de todos nosotros y a todos nosotros nos cuesta mucho ganar el dinero para que luego se reparta alegremente para favorecer algo que es la inmigración ilegal».
Y, dándole la vuelta al argumento de la cantidad y apelando a ese buen uso de los recursos públicos, ha mencionado las ayudas que van a recibir los enfermos de ELA en Aragón: «Son pocas personas las que sufren ELA, pero son muy importantes, porque al fin y al cabo es una persona que paga impuestos y que merece tener una dignidad en el tratamiento», ha sostenido.
Además, atendiendo una de las cuestiones planteadas, se ha comprometido a informar de cuántos de los inmigrantes que cobran estas prestaciones se encuentran en situación irregular.
CL11
