El Supremo anula la resolución de la Policía que impedía conocer la nacionalidad de los internos en los CIE

   MADRID, 7 Jul. –

   El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y ha anulado la decisión de la Dirección General de la Policía que impedía acceder a los datos sobre la nacionalidad de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

   La sentencia establece que la Administración no puede limitar el derecho de acceso a la información pública alegando de forma genérica un posible perjuicio para las relaciones exteriores de España.

   Tras más de tres años de litigio, el alto tribunal concluye que la motivación esgrimida de forma reiterada por el Ministerio del Interior «no constituye justificación suficiente», según el fallo consultado por Agencias. A partir de ahora, según el auto, para restringir el acceso a la información pública, el Ejecutivo deberá acreditar un «perjuicio concreto y tangible, no meramente hipotético», además de tener en cuenta el «interés social» de conocer la información solicitada.

   Desde el SJM han celebrado el fallo judicial y han destacado que el acceso a los datos de nacionalidad permitirá analizar «con mayor rigor» aspectos del sistema de internamiento, como la relación entre la procedencia y la privación de libertad, la ejecución efectiva de las expulsiones o el impacto del control fronterizo.

   Asimismo, la entidad ha recalcado que lleva años denunciando en sus informes anuales la «opacidad» en torno al funcionamiento y los procedimientos de los CIE.

   «La sentencia toma en consideración la trayectoria del SJM, destacando su labor de cerca de quince años de documentación, acompañamiento e investigación sobre los CIE y el papel que desempeñan sus informes como fuente de información para profesionales y medios de comunicación. Así, reconoce el interés legítimo de la sociedad civil en el acceso a información veraz y transparente sobre la privación de libertad de las personas extranjeras», ha apuntado la ONG.

   Igualmente, para el SJM, la resolución está alineada con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre transparencia migratoria y constituye «un avance hacia una mayor transparencia activa por parte de la Administración, de modo que la información relevante sobre el funcionamiento de los CIE pase a formar parte de la información pública accesible para toda la ciudadanía».

   «Decisiones de este tipo, fortalecen nuestra democracia poniendo el valor de la sociedad civil en el monitoreo de la acción de la Administración, el seguimiento de los impactos de las políticas públicas y fortaleciendo las herramientas con las que contamos para la defensa de los derechos humanos», ha asegurado.

   De la misma manera, ha condenado el uso de la privación de libertad de personas «por el mero hecho de ser migrantes, no sólo por sus impactos negativos profundos y duraderos sobre las personas que la sufren, sino también porque su eficacia como política de control de la migración está seriamente cuestionada por la evidencia».

CL23