Interior expresa por escrito a la UE su «enorme preocupación» por los centros de internamiento en terceros países
MADRID 11 Jun. Diario Dia –
El Ministerio del Interior ha remitido una declaración al Comité de Representantes Permanentes (COREPER) de la Unión Europea en Bruselas en la que expresa su oposición al Reglamento de retorno, pendiente de aprobación, que incluye la creación de centros de internamiento en terceros países.
«España mantiene su enorme preocupación sobre los centros de retorno», indica la declaración del Ministerio del Interior a la que ha tenido acceso Agencias. Fuentes de este departamento han indicado que mantienen su «frontal oposición» a la propuesta.
El escrito destaca que la propuesta «provoca inseguridad jurídica y ofrece limitadas garantías», subrayando que «incluso las familias con niños podrán ser trasladadas a los centros de retorno con países con los que no tienen ningún vínculo».
«El conjunto de los Estados miembros estamos asumiendo una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable; existe un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», ha sostenido Interior.
España aplicará desde este viernes el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) y, según Interior, esto se hará «con un enfoque garantista y respetuoso» con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional, según ha trasladado la delegación española que participa en la Conferencia Ministerial organizada por la presidencia chipriota de la UE, en Nicosia, con motivo de la entrada en funcionamiento del pacto.
En este contexto, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reiterado la oposición del Gobierno a la creación de centros de retorno en terceros países y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española por las «serias dudas» que plantean su «legalidad y proporcionalidad».
Con la entrada en funcionamiento del PEMA, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos.
PRIVACIÓN DE LIBERTAD
En la declaración remitida al COREPER –principal órgano preparatorio del Consejo de la Unión Europea–, Interior ha planteado sus dudas sobre los centros de internamiento en terceros países también desde un plano operativo. «Si no existe un vínculo familiar, social o económico, España se pregunta qué incentivo tendrá la persona trasladada para no tratar de regresar a la Unión cuando sus perspectivas de vida en un país tercero desconocido son escasas», ha expuesto.
A título de ejemplo, ha señalado que el internamiento deja de ser una medida de último recurso y que se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, «con prórrogas potencialmente indefinidas», incluso se prevé la posibilidad de «detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal».
«Cabe preguntarse si en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves», ha señalado Interior.
CL11
