Recurren ante el Contencioso-Administrativo de Huelva el decreto que activó la zona ORA de Matalascañas
ALMONTE (HUELVA), 22 (Agencias)
El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y portavoz del proyecto político Almonte 100×100, Miguel Ángel Jiménez, ha presentado este viernes ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Huelva un recurso contra el Decreto de Alcaldía firmado el 5 de mayo por el alcalde, Francisco Bella, que ordenó la puesta en funcionamiento del servicio ORA en Matalascañas desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre.
Según ha indicado el partido en una nota, el escrito se acompaña de una solicitud de medida cautelarísima de suspensión. Esto es una petición urgente para que el juez deje el decreto sin efecto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Señala el concejal que la ORA llegó a operar durante unas horas el pasado 15 de mayo pero quedó paralizada, situación en la que permanece en estos momentos «sin que se haya ofrecido por parte del Ayuntamiento una explicación pública con la claridad que exige un asunto que afecta directamente al bolsillo de vecinos y visitantes».
«El decreto, sin embargo, no ha sido revocado, de manera que el servicio, según afirmaciones del alcalde, podría reactivarse en cualquier momento», ha señalado Jiménez antes de añadir que es precisamente esa vigencia la que quiere «ver suspendida».
El escrito sostiene, en lo sustancial, que «el alcalde ha establecido por decreto un régimen tarifario obligatorio para vecinos y visitantes sin haber aprobado antes la ordenanza municipal que la ley exige para esa clase de prestaciones». En este sentido, el concejal señala que «cobrar primero y regular después vulnera la reserva de ley consagrada en el artículo 31.3 de la Constitución».
A esa objeción de fondo se añade otra de «carácter competencial», al señalar que «aprobar ordenanzas es competencia exclusiva del pleno municipal y la propia Ley de Bases de Régimen Local prohíbe expresamente delegarla en la Alcaldía, recuerda el recurso que recoge un tercer reproche jurídico referido a las llamadas «tarifas de anulación» de entre tres y doce euros, que el escrito considera «sanciones encubiertas y que, como tales, requerirían la cobertura normativa que la Constitución exige para cualquier castigo administrativo».
El recurso pone también el acento en «la forma de tramitar el expediente». «El decreto está fechado el 5 de mayo, pero los concejales no pudieron acceder a él hasta el 13, apenas 48 horas antes del pleno ordinario y dos días antes de que los parquímetros se pusieran en marcha», señala.
«Lo que le hemos pedido al juez es muy sencillo. Que diga si un alcalde puede cobrar a los vecinos por decreto, sin ordenanza, sin pleno y sin información pública. Nosotros creemos que no. Y si estamos en lo cierto, lo razonable es que no pueda volver a hacerlo como lo hizo el pasado 15 de mayo», afirma Jiménez.
CAUTELARÍSIMA
La petición de cautelarísima descansa en «una idea concreta» ya que, «aunque la ORA esté hoy detenida, podría reactivarse de un día para otro y operar durante el resto del verano, generando cada jornada efectos masivos sobre miles de turistas y visitantes a los que después sería prácticamente imposible localizar para devolver lo cobrado en caso de sentencia favorable al recurrente», señala el concejal. Por eso el escrito insiste en que «cualquier respuesta judicial debe llegar en cuestión de días, no de meses».
«El equipo de Gobierno está intoxicando a la opinión pública dando por hecho que un decreto de alcaldía puede servir para poner en marcha el servicio», ha declarado el concejal almonteño, que denuncia que el gobierno de la localidad «miente cuando afirma que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha avalado la legalidad del decreto, cuando ni siquiera ha entrado en el fondo de la reclamación interpuesta por la Asociación de Propietarios».
Esa misma «urgencia» es la que Jiménez vincula a una crítica política «más amplia». «No estamos contra la ORA en Matalascañas, llevamos años diciendo que el tráfico hay que ordenarlo, pero no se puede hipotecar toda la vía pública de nuestro núcleo costero durante 30 años, eso es una aberración», afirma el portavoz de Almonte 100×100.
Asimismo, dice «no comprender» como «representantes públicos con responsabilidades de gobierno están intentando confundir a la ciudadanía con informaciones falsas para que estos paguen unas tarifas, que hasta el momento son irregulares, a una empresa privada». «Que cada uno saque sus conclusiones», añade.
El recurso cita también un pronunciamiento reciente del Tribunal Supremo, de 11 de diciembre de 2024, que anuló una operación similar del Ayuntamiento de Manzanares por «utilizar un instrumento normativo inadecuado para imponer este tipo de cobros». La pieza de medidas cautelarísimas, por su propia naturaleza procesal, debe resolverse en plazos muy breves. Se espera, por tanto, «un primer pronunciamiento judicial en los próximos días», remarca Jiménez.
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