Reclamo desde la ONU por “condena anticipada” de Ruth López en El Salvador
GINEBRA – La prisión preventiva de la defensora Ruth López, en El Salvador, cumple un año sin que se inicie un juicio en su contra, lo que conforma ya una pena anticipada, afirmaron personas expertas de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos.
“El simple paso del tiempo, sin que el juicio comience, debilita la presunción de necesidad de la detención”, indicaron en una declaración los especialistas, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra.
Consideraron “irrazonable y desproporcionado” que transcurra un año de detención preventiva “en ausencia de una complejidad extraordinaria del caso debidamente demostrada o de una conducta procesal obstructiva por parte de la defensa”.
“Transforma la medida cautelar en una pena anticipada” para la defensora de derechos humanos salvadoreña, indicaron los expertos.
También la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) criticó que se mantenga a López en prisión preventiva durante un año y reclamó para ella “un juicio pronto, público y justo”, así como levantar la reserva judicial del caso y permitir contacto regular con su familia y sus abogados.
HRW recordó que López, abogada de 48 años, dirige la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos de América Central, desde donde ha investigado presuntos casos de corrupción de altos funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele de El Salvador.
Ha denunciado graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción que permanece vigente en el país. Su detención, según HRW, “marcó el inicio de una escalada represiva contra críticos del gobierno, incluyendo defensores de derechos humanos y periodistas”.
La policía detuvo a López el 18 de mayo de 2025, en su domicilio en San Salvador. Fue inicialmente acusada de peculado en relación con su trabajo, hace más de una década, al asesorar al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.
Aproximadamente 15 días después de su arresto, la fiscalía cambió la acusación a enriquecimiento ilícito. En una audiencia realizada el 4 de junio de 2025, un juez ordenó su detención provisional.
Las personas expertas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicaron que durante este tiempo no se le ha permitido recibir visitas de manera regular, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el 22 de septiembre de 2025.
Por otra parte, el mantenimiento de la reserva total impide el acceso público a las audiencias y limita el acceso de la defensa al expediente penal, vulnerando el principio de igualdad de armas y el derecho a una defensa adecuada.
“El derecho a ser asistido por un abogado fruto de la confianza y de elección propia es una piedra angular del derecho a la defensa, establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recordaron los especialistas.
Quienes alertan desde la ONU sobre el caso López son Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Satterthwaite, sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Gina Romero, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
También los cinco integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y Gabriella Citroni, del grupo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
“Las circunstancias de la detención y las irregularidades en el proceso, apuntan a que López está siendo objeto de represalias por sus actividades legítimas como defensora de derechos humanos y abogada”, señalaron.
La criminalización y detención preventiva prolongada de López “parecen reforzar patrones de control social que buscan silenciar a las mujeres líderes en la esfera pública; además de afectar de forma grave la labor de sus asociaciones”.
También HRW subrayó que “el uso de la detención provisional indefinida contra López y otros críticos del gobierno refleja un patrón más amplio en El Salvador, donde reformas legales sucesivas adoptadas desde 2022 han desmantelado de hecho las garantías del debido proceso, incluyendo los límites a la detención provisional”.
Además, según la organización humanitaria, “a independencia judicial en El Salvador se ha visto gravemente debilitada desde mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó sumariamente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos con aliados del Ejecutivo”.
Desde el Consejo de Derechos Humanos, las personas expertas instaron al Estado salvadoreño a “liberar a Ruth López de inmediato y considerar la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad”.
También demandaron que se levante la reserva total del proceso penal, cese todo acto de hostigamiento contra López y “garantizar que pueda ejercer su labor como defensora de derechos humanos sin temor a represalias”.
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