Ubarretxena destaca que la nueva Ley vasca de Transparencia «consolida la rendición de cuentas y la participación»
VITORIA, 14 May. Agencias –
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado que la nueva Ley vasca de Transparencia «consolida un modelo de gobierno abierto basado en los claros principios de la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana».
Ubarretxena ha comparecido en rueda de prensa, tras la aprobación en el pleno del Parlamento Vasco de la Ley de Transparencia de Euskadi — con el apoyo del PNV y el PSE-EE, socios de Gobierno, y el rechazo de toda la oposición–, para valorar que «Euskadi da un paso más y se sitúa en una posición de referencia en materia de transparencia y de buen gobierno».
La consejera ha señalado que, a partir de ahora, el derecho a la información pública será «exigible», por lo que todas las instituciones que gestionen fondos o servicios públicos «deberán rendir cuentas sobre el uso de esos recursos públicos».
Asimismo, los grupos de interés deberán actuar con reglas claras y con total transparencia sobre «con quién se reúnen y qué intereses representan», y el Gobierno tendrá la «obligación de informar periódicamente» sobre el grado de cumplimiento de sus compromisos, mediante objetivos medibles por parte de la ciudadanía.
Según ha subrayado, las instituciones tendrán que publicar más información, de manera más accesible y comprensible, sin esperar a que nadie la solicite, es decir, «de oficio». Además, ha resaltado que se «refuerza la protección de quienes denuncian irregularidades, garantizando su anonimato, confidencialidad y evitando cualquier tipo de represalia».
Para asegurar que todo esto se cumple, Euskadi contará con una autoridad independiente, Gardena, una agencia que velará por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las instituciones y entidades privadas que reciben fondos públicos, y de un registro de ‘lobbies’, que permitirá a la ciudadanía saber quién y en representación de qué intereses intenta influir en las decisiones públicas. Su presidencia será elegida por el Parlamento Vasco mediante mayoría reforzada y dispondrá de capacidad para sancionar los incumplimientos de la ley.
«Este instrumento permite ejercer, de forma efectiva, un derecho fundamental, el derecho a estar informada e informado de cada paso que da la Administración, pero no sólo eso, esta ley pone también en manos de las personas que viven en Euskadi canales reales para participar activamente en la toma de decisiones públicas. No estamos ante una concesión del Gobierno, estamos ante el cumplimiento de una exigencia democrática de las personas a las que representamos», ha manifestado.
Mar8ia Ubarretxena ha añadido que «un compromiso que asumimos con convicción, porque fortalecer la democracia no es una opción, es nuestra obligación, y lo es, aún más, en un contexto europeo y global en el que no dejan de surgir voces que cuestionan o incluso quieren debilitar la democracia».
DESARROLLO LEGISLATIVO
La consejera ha expuesto que, ahora, hay que hacer varios desarrollos legislativos vía decreto, para lo que se estipula un plazo de seis meses. Al respecto, ha informado que se va realizar el decreto sobre los estatutos de Gardena y plasmar todo lo que la ley dice a través de un desarrollo propio vía decreto, también en cuanto al registro de participación ciudadana que contempla esta ley y el registro de los grupos de interés.
Por tanto, ha dicho que las iniciativas participativas ciudadanas van a tener que ser desarrolladas también vía decreto y Gardena va a tener dos funciones: «garantizar el acceso a la información y proteger al informante», un trabajo que será desarrollado vía estatutos en el plazo de seis meses.
Respecto a la protección de los denunciantes, la consejera ha indicado que Gardena «garantizará el acceso a la información, tiene potestad sancionadora y regulatoria, y tiene las capacidades necesarias para garantizar el anonimato de las personas que denuncian las infracciones y que ejercen de lucha contra la corrupción».
Las iniciativas que podrá plantear la ciudadanía se regirán también vía decreto, para regular las personas promotoras, la iniciativa con la documentación necesaria, la admisión, la recogida de firmas, la tramitación y, en su caso, la aprobación final.
Asimismo, cuando una iniciativa ciudadana haya resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa que se regule o solicite de sus firmantes, se podrá convertir en petición ante la Administración en los términos establecidos en la normativa.
Respecto a los asuntos excluidos que no puede, presentar los ciudadanos, Ubarretxena ha enumerado que la participación ciudadana «no podrá plantear asuntos que sean contrarios al ordenamiento jurídico, que no sean competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que cuestionen la dignidad de la persona, los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente».
Tampoco podrán referirse a la organización institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi ni a los recursos de su Hacienda pública. «Todo lo que no esté ahí, sería válido», ha zanjado.
«INCOMODIDADES»
La consejera de Gobernanza ha dicho ser «consciente» de que la aplicación de la nueva ley va a suponer «esfuerzos añadidos» a la clase política y, «en ocasiones, quizá, incomodidades», pero ha subrayado que «bienvenidos sean esos esfuerzos y esas incomodidades, porque nos obligarán a ser mucho más autoexigentes, más rigurosos y mejores servidores públicos».
A pesar de contar con el único apoyo del Gobierno Vasco (PNV-PSE-EE) en la cámara, ha asegurado que la ley «no es sólo la propuesta del PNV y el PSE-EE», ya que «es un texto mejorado, con aportaciones relevantes, de otros grupos parlamentarios, como EH Bildu, Partido Popular o Sumar». En este sentido, ha resaltado que, durante su tramitación, se han incorporado 47 enmiendas que han mejorado sustancialmente el proyecto inicial, para añadir que, «por tanto, la ley también es suya».
«El camino hasta aquí no ha sido sencillo, ha sido un proceso largo y con dificultades, pero ha merecido la pena, porque estamos convencidas de que esta ley contribuirá a construir instituciones mucho más transparentes y más responsables, y, sobre todo, ayudará a reforzar lo más importante, la confianza de la ciudadanía para con lo público», ha valorado para finalizar.
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