Las elecciones serán un juicio para el Supremo Tribunal en Brasil
RÍO DE JANEIRO – El Supremo Tribunal Federal (STF), un caso singular de poder judicial que se impuso a fuerzas extremistas en Brasil, al revés de lo que ocurre en otros países, se volvió ahora una especie de reo de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.
Con dos de sus jueces involucrados en el escándalo del banco Master, de fraudes multimillonarios y corrupción masiva desde 2018, el STF se colocó en el centro de un proceso que debilita todo el sistema judicial brasileño, también denunciado como el que recibe las más abultadas remuneraciones inconstitucionales del sector público.
“El STF está frágil, perdió la confianza de la opinión pública, pero la institución es perenne, aunque sus miembros sean falibles, como dijo un jurista”: Elimar do Nascimento.
El STF se destacó como defensor decisivo de la democracia en Brasil, al condenar a la cárcel a 29 cabecillas del intento de golpe de Estado afines de 2022 y enero de 2023, incluyendo el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, tres generales del ejército y un almirante de la marina, en cuatro juicios iniciados en septiembre de 2025.
Además, durante 2025 enjuició a 898 de los activistas de extrema derecha que invadieron y dañaron las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, de los cuales 371 fueron encarcelados y 527 firmaron acuerdos para limitarse al pago de multas.
A contramano
Su actuación contrasta con la justicia estadounidense que dejó impune al presidente Donald Trump por el intento de revertir el resultado de las elecciones e incitar la invasión del Capitolio, la sede del Congreso legislativo, el 6 de enero de 2021.
Y también con la situación de supremas cortes bajo gobiernos autoritarios o “iliberales” como el de Hungría, derrotado en los comicios del 12 de abril, de Turquía y Venezuela, que alteraron composición y forma de nombrar jueces, para controlar sus fallos.
Pero su prestigio como “salvadores de la democracia” duró poco ante la acumulación de denuncias y actitudes nada éticas de algunos de sus 11 ministros (jueces).
El encarcelamiento de los golpistas acentuó el antagonismo entre el STF y la extrema derecha, creciente desde el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), que varias veces amenazó incumplir fallos de la suprema corte e incluso cerrarlo.
La amnistía para todos los condenados, comenzando por el propio exmandatario, es una bandera de los bolsonaristas y sus aliados que la alzarán durante la campaña electoral que comenzará oficialmente el 16 de agosto y culminará en su primera vuelta el 4 de octubre y en la segunda el 25 del mismo mes.
Además, la ultraderecha tiene como objetivo elegir una mayoría en el Senado, la cámara legislativa que decide sobre la inhabilitación de jueces del STF y del presidente de la república.
Un precandidato a la presidencia, Romeu Zema, exgobernador del estado de Minas Gerais, hizo de las críticas al STF, especialmente a algunos de sus miembros, su principal arma para conquistar alguna popularidad y aumentar sus escasos 2 % o 3 % que le asignan las encuestas.
Tema central de las elecciones
Es una muestra de que las elecciones de octubre juzgarán también el papel del STF, especialmente de algunos de sus miembros.
“El escenario probable es que la derecha elija una fuerte mayoría en el Senado capaz de inhabilitar uno a tres jueces. Pero todo puede ocurrir en las elecciones”, evaluó Elimar do Nascimento, profesor de la Universidad de Brasilia que acompaña de cerca los hechos políticos en la capital brasileña.
“El STF está frágil, perdió la confianza de la opinión pública, pero la institución es perenne, aunque sus miembros sean falibles, como dijo un jurista”, acotó a IPS por teléfono desde Brasilia.
No confían en el STF 43 % de los encuestados por el Instituto Datafolha a comienzos de marzo. Ese índice era de 39 % en 2018. Otros institutos elevan la desconfianza a entre 49 % y 60 %.
Dos miembros del STF están bajo sospecha de corrupción en el escándalo del banco Master y bajo ataques directos de la extrema derecha. Esta causa la procesa directamente el STF por involucrar a altas autoridades, como diputados, senadores, ministros e incluso jueces.
Alexandre de Moraes, el héroe de la democracia por haber conducido el proceso que condenó a los golpistas, está casado con la abogada Viviane Barci, quien firmó con Master en 2024 un contrato de su bufete de 129 millones de reales (26 millones de dólares al cambio actual) por tres años de servicio, y ya recibió dos tercios de esa suma.
Otro juez involucrado, José Dias Toffoli, es socio de una empresa de su familia, Maridt, que vendió acciones de un complejo hotelero de lujo a un empresario vinculado al banco Master. Los montos son inciertos, pero se habla de más de 20 millones de reales (cuatro millones de dólares) pagados a partir de 2021.
Más grave es que Toffoli era el conductor, por el STF, del proceso judicial del escándalo Master y adoptó decisiones controvertidas, como poner todo en secreto absoluto, interferir en las labores de la Policía Federal en el caso y otras acciones que aparentemente entorpecían las investigaciones.
Además, viajó a Lima, para asistir al partido final de la Copa Libertadores de América de fútbol, entre los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras, el 29 de noviembre de 2025, junto con un abogado del Master en un avión particular.
Presionado por la repercusión negativa en los medios informativos y por sus propios colegas, Toffoli renunció a conducir el proceso el 12 de febrero y se reconoció inhabilitado para votar en los juicios del caso, por conflicto de intereses.
Pero ya era demasiado tarde. El banco Master fue liquidado por el Banco Central el 18 de noviembre de 2025, tras el colapso arrastrado por fraudes que sumaban al menos 7600 millones de dólares.
Intentos de rescatar la reputación
La reputación del STF ya venía deteriorándose por otras acciones, como los fallos dictaminados por un juez en solitario, llamados “monocráticos”, bajo el argumento de aliviar así el largo cúmulo de casos pendientes. También por un proceso contra las noticias falsas que se prolonga desde 2019 y que para sus críticos promueve la censura.
Las críticas no se limitan a la extrema derecha resentida, también provienen del mundo jurídico, de periodistas, de políticos de variadas tendencias.
Acorralados, los jueces del máximo tribunal revelan sus discrepancias, lo que agrava su crisis.
El presidente del STF, Edson Fachin, propuso en diciembre un código de conducta para los jueces, en un intento de recuperar la imagen del tribunal. Pero discreparon de la medida varios colegas, de forma más enfática justo los involucrados en el escándalo.
Otro juez, Flavio Dino, propuso el 20 de marzo una amplia reforma de todo el poder judicial, con mejor definición de los poderes del STF y otros tribunales superiores y el castigo severa a los jueces, fiscales y abogados, especialmente los incursos en casos de corrupción.
La propuesta pone fin a la jubilación con todos los derechos y remuneración de los funcionarios activos que es la forma actual de castigar a los que cometen delitos graves en el sistema de justicia brasileño.
Un factor de la impopularidad de los jueces es su alta remuneración, que de hecho viola la Constitución, donde se fija como techo salarial del sector público el sueldo de un juez del STF, actualmente de 46 366 reales mensuales (9270 dólares). Hay jueces y fiscales que ganan más del doble.
En los últimos años añadieron a sus remuneraciones los llamados “penduricalhos (adornos colgantes, en portugués)”, término peyorativo popular para beneficios adicionales al salario, como bonos para alimentación, residencia o transporte, trabajo en las vacaciones y viáticos en viajes.
Algunos resultan hasta ridículos, como un subdsidio para la compra de un panetone (el bizcocho navideño de origen italiano) o un Iphone y fueron suprimidos por el mismo STF en febrero de 2026. Otros son abusivos, como la asistencia para el alquiler para funcionarios que tienen en propiedad residencias en la ciudad donde trabajan.
“En ese rubro, todos los poderes tienen techo de vidrio”, señaló Fernando Weltman, profesor de política en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en referencia a la tradición brasileña de aprovecharse del Estado de formas variadas, legales o no.
Debido a ello tanto el sistema judicial como el Congreso legislativo están entre los más costosos del mundo, realzó Nascimento. Diputados y senadores pueden contratar decenas de asesores para sus oficinas, por ejemplo.
La situación actual preocupa, porque “las relaciones entre el Estado, específicamente el STF y el sistema judicial, y los sectores privados tienen lugar en una zona gris donde es fácil sugerir sospechas y destruir reputaciones en base a indicios de promiscuidad”, sostuvo Weltman a IPS.
El STF ya era poderoso por ser el tribunal constitucional y la última instancia de todos los procesos judiciales, incluso los criminales, y ganó más fuerza, como una especie de “poder moderador” de la república, al contener con sus fallos las arbitrariedades del entonces presidente Bolsonaro durante la pandemia de covid-19 entre 2020 y 2022, según Paulo Roberto de Almeida, diplomático jubilado.
Bolsonaro se opuso a las medidas preventivas del alejamiento social, pregonaba las terapias ineficaces de la cloroquina (medicamento contra la malaria) e ivermectina (contra parásitos) y frenó la vacunación. El STF no le permitió imponer sus creencias a los gobiernos de los estados y municipios, al asegurarles autonomía en la pandemia.
Si triunfa la extrema derecha en las elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre, será difícil evitar la destitución de algunos de sus jueces, como precio de los excesos cometidos en los últimos años y la promiscuidad de algunos miembros con empresarios, vaticinó Almeida a IPS por teléfono desde Brasilia.
ED: EG
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