Fiscalía tacha de «hipótesis» sin base y «conjeturas» los argumentos de Peinado para plantear juzgar a Begoña Gómez
MADRID, 27 Agencias
La Fiscalía Provincial de Madrid ha cargado contra los argumentos esgrimidos por el juez Juan Carlos Peinado para plantear juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que se tratan de «hipótesis» carentes de base, «meras conjeturas» o «aseveraciones sin base».
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal reitera que los hechos por los que se investiga a Begoña Gómez «no son constitutivos» de delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de caudales públicos, por los que Peinado propuso enjuiciar con jurado popular a la esposa de Sánchez y también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La Fiscalía reclama a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo del caso al «no ser los hechos constitutivos de infracción penal», pide la absolución de los tres investigados en caso de que el tribunal superior al juez instructor considere procedente abrir juicio oral y avanza que, en ese caso, formulará escrito de conclusiones absolutorias provisionales.
El Ministerio Público carga contra la decisión de Peinado de dejar a Begoña Gómez a un paso del banquillo, asegurando que en el auto en el que dictaba esa decisión «hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos».
NINGÚN «BENEFICIO» POR EL ‘SOFTWARE’ NI FAVOR PARA BARRABÉS
Así, el Ministerio Público cree que el magistrado instructor está «forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas» como «si de una trama u organización criminal se tratara».
Y asevera sobre la supuesta apropiación por parte de Gómez de un ‘software’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que «ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente» de ello ni que la UCM «haya sufrido percance patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas».
Asimismo, la Fiscalía sostiene que la cátedra de la UCM que codirigió Gómez «no generó gastos» para la universidad, «sino ingresos», y que los fondos recabados para la misma «no los recibió» ella, sino que fueron a parar al propio curso y al ‘software’.
Por otro lado, la Fiscalía cree que no hay «base mínima» para aseverar que Begoña Gómez ejerció una «influencia» o «incidencia determinante» a través de sus cartas de recomendación a las empresas de Juan Carlos Barrabés para el acceso a adjudicaciones públicas.
Así, «atribuir influencia e incidencia determinante» a Gómez «carece de base indiciaria mínima». «Por supuesto, tampoco existen datos que avalen otro tipo de actuación de influencia», agrega, expresando que no se advierten elementos «relativos de presión moral eficiente».
«NO ES CIERTO» QUE EL DINERO DE LA CÁTEDRA FUE A PARAR A GÓMEZ
Con respecto al presunto delito de corrupción en los negocios, el Ministerio Público sostiene que «no es cierto» que «ninguna cantidad aportada por las sociedades» a la cátedra «haya acabado en el patrimonio personal» de la esposa del presidente del Gobierno, afirmando que la contraprestación o ventaja competitiva que aducía Peinado «ni consta ofrecida en ninguna forma ni consta efectuada o materializada».
Argumenta, además, que «resulta peculiar el giro dado por el instructor y por la acusación popular unificada» y subraya que «nunca se ha justificado y motivado nada en resolución judicial alguna a lo largo de dos años de instrucción» respecto a este delito. «Presunción contra reo, conjetura, o forzamiento de los tipos penales son algunas de las ideas que nos surgen al ver esta justificación», señala la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal se refiere también a otra «imputación» realizada por Peinado en un auto del pasado 11 de abril, en el que aseveraba que el «patrocinio» a la cátedra por parte de determinadas empresas podría ser «la fachada» de «una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas» al presidente del Gobierno.
«Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente, y tratar de buscar de alguna forma un nexo con el sector privado de los negocios», añade la Fiscalía.
Y considera que el trabajo de Álvarez, asistenta de Gómez, de «participar en reuniones, enviar correos, ser interlocutora u organizadora de un evento», es «algo más que insuficiente para la imputación penal» de los delitos por los que está siendo investigada.
Hazte Oír, que lidera la acusación popular, reclama la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe de Ejecutivo, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por «evidente riesgo de fuga».
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