El Consejo Escolar de Canarias pide un «cambio estructural» en la educación ante la caída de la natalidad

El archipiélago combina zonas tensionadas con el despoblamiento rural y constata los «déficit» de la educación de cero a tres años

LA LAGUNA (TENERIFE), 27 Agencias

La presidenta del Consejo Escolar de Canarias (CEC), Natalia Álvarez, ha reclamado este lunes un «cambio estructural» en la educación en el archipiélago ante la caída de la natalidad y para que sea una «oportunidad» y no un «lastre».

En una rueda de prensa en la que ha presentado el ‘Informe sobre la Realidad Educativa 2026’ ha detallado que el descenso de la natalidad es tan notorio que se estima que entre 2013 y 2023 España ha perdido unos 450.000 menores, una cifra que se espera que alcance el millón para 2037.

El informe detalla que el descenso de la natalidad se ve compensado por la inmigración, que implica una redistribución de los centros y recursos, pero también se detecta un «reparto desigual» de la población en el territorio que genera zonas altamente pobladas y zonas de estancamiento demográfico.

Canarias presenta un crecimiento vegetativo negativo desde 2018 como consecuencia de la disminución continuada de los nacimientos desde 2009 y del aumento gradual de las defunciones.

No obstante, entre 2013 y 2023, la población canaria creció un 5,6%, casi el doble que la media nacional, impulsada principalmente por los movimientos migratorios.

Así, a 1 de enero de 2025 Canarias presentaba un incremento de más de 20.000 personas respecto al año anterior, situando al archipiélago entre las comunidades con mayor crecimiento demográfico reciente.

Pese a ello hay menos alumnado en edad escolar ya que la caída de la natalidad también trae consigo una reducción del número total de centros de Educación Infantil y Primaria, especialmente en unidades financiadas con fondos públicos.

Esto aumenta la dependencia de la iniciativa privada, lo que condiciona tanto la capacidad de expansión de la oferta como su accesibilidad para los hogares con menores recursos.

Ante esta situación, el CEC apuesta por una planificación flexible que permita redistribuir recursos y aprovechar la reducción de alumnado como una oportunidad para mejorar la calidad educativa mediante ratios más bajas y una atención más personalizada.

El Consejo entiende que los flujos migratorios compensan este descenso de los nacimientos pero el incremento del alumnado extranjero también introduce nuevos retos para el sistema educativo, especialmente en términos lingüísticos, organizativos y de integración social.

El informe destaca que la atención a este alumnado debe ir más allá del aprendizaje del idioma, incorporando un enfoque integral que contemple aspectos emocionales, culturales y sociales.

De esta forma, el CEC subraya la necesidad de reforzar los programas de apoyo idiomático, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar recursos suficientes para atender a una realidad cada vez más diversa.

Igualmente plantea la importancia de desarrollar planes de acogida integrales y de formar al profesorado en competencias interculturales.

El informe alerta también de un «escenario complejo» porque hay zonas que experimentan crecimiento y presión sobre los servicios públicos y otras afrontan procesos de despoblación o envejecimiento.

Las dificultades de escolarización en zonas densamente pobladas se deben principalmente al déficit de infraestructuras, que impacta tanto en la oferta de plazas como en la calidad educativa y los servicios disponibles.

RETOS EN EL ENTORNO RURAL DESPOBLADO

Asimismo, el entorno rural despoblado afronta retos específicos como menor acceso a servicios, dificultades de coordinación y pérdida de atractivo para las familias.

Los centros en zonas de estancamiento demográfico se agrupan en Colectivos de Escuelas Rurales (CER), compartiendo recursos y coordinación para garantizar el servicio educativo y aunque las islas capitalinas concentran más alumnado, el peso proporcional de los CER en La Palma es el más destacado.

Acerca de las condiciones de vida del alumnado y sus familias, Canarias presenta una tasa AROPE del 31,2%, un dato superior a la media nacional y europea, con una incidencia especialmente alta en los hogares con menores a cargo.

El archipiélago sigue registrando importantes desequilibrios estructurales, con una alta concentración de la riqueza y un mercado laboral marcado por la precariedad, condiciones que repercuten directamente en el rendimiento académico, la estabilidad emocional y las oportunidades educativas del alumnado.

En cuanto al perfil, los centros privados concentran la mayor proporción de estudiantes con nivel socioeconómico alto (78%), mientras los públicos concentran mayor proporción de niveles bajo y medio (75%).

Ante la pobreza infantil, el CEC propone priorizar la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, fortalecer los programas de compensación educativa en los centros con mayor complejidad social como PROA+ y garantizar el acceso universal a servicios esenciales como el comedor, el transporte o la acogida temprana.

Por ello insiste en la importancia de simplificar los sistemas de becas, mejorar su gestión y reforzar la coordinación entre administraciones para ofrecer respuestas más eficaces que aborden simultáneamente las dimensiones educativa, social y familiar.

AUMENTAR LA FINANCIACIÓN

Igualmente apela a aumentar la financiación del sistema educativo del archipiélago ya que, aunque la inversión creció de media un 4,2% en valores absolutos entre 2023 y 2024, el gasto medio por hogar dedicado a actividades relacionadas (matrículas, cuotas de colegios y actividades extraescolares) aumentó en Canarias un 40% en ese mismo periodo.

En cuanto al empleo, el informe detalla que cuando aumenta el nivel de formación alcanzado, el porcentaje de personas en situación de paro registrado disminuye de forma clara, lo que confirma el papel protector de la educación frente al desempleo en el contexto del mercado laboral canario.

Por eso entiende que resulta «imprescindible» reducir el desempleo estructural y avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo y resiliente.

El informe incide también en los «déficit» que hay en la escolarización de cero a tres años pues está por debajo de la media nacional.

«La falta histórica de una apuesta decidida por esta etapa ha tenido efectos negativos irreversibles en varias generaciones de niños y niñas, agravando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social», recoge.

Además, sugiere ampliar de forma progresiva la red pública de escuelas infantiles, priorizando los entornos más vulnerables y garantizando la equidad en el acceso, así como reforzar las ayudas a las familias.

Otra de las apuestas más interesantes del informe es la consolidación de una estrategia que mejore la calidad, la accesibilidad y el prestigio de la Formación Profesional, incorporando además medidas específicas para reducir la segregación de género y facilitar la inclusión del alumnado con necesidades específicas, más teniendo en cuenta que la Formación Profesional continúa su tendencia de crecimiento, especialmente en el Grado Superior.

Sobre el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE), el 73% está escolarizado en aulas ordinarias, aunque esta inclusión varía según el tipo de necesidad.

El CEC plantea reforzar este enfoque mediante la reducción de ratios en aulas con mayor complejidad, el aumento y estabilidad del profesorado especializado y la mejora de la accesibilidad en los centros.

Asimismo, propone una mayor coordinación entre administraciones, la simplificación de la carga burocrática y el refuerzo del acompañamiento a las familias, con el objetivo de garantizar una inclusión real y una atención educativa de calidad.

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