STEC-IC exige la retirada del expediente sancionador a una docente de la ULL que denunció acoso laboral
SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. –
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC-IC) exigido la retirada inmediata de las medidas cautelares y del expediente sancionador contra una profesora de la Universidad de La Laguna que denunció acoso laboral en febrero de 2022 y que no habría contado con protección suficiente a pesar de las recomendaciones médicas.
Los hechos se remontan a abril de 2021, cuando los servicios médicos de prevención contratados por la Universidad ya habían recomendado a una profesora teletrabajar para preservar su salud mental, a causa situaciones sufridas en su entorno de trabajo, según ha informado el sindicato en una nota de prensa.
Esta recomendación, añaden, se fue renovando posteriormente año tras año: en abril de 2022, marzo de 2023 y septiembre de 2024, mediante cartas de aptitud que especificaban claramente la necesidad de docencia online.
Finalmente, en febrero de 2022, la profesora denunció acoso laboral en su departamento. Asimismo, la propia Universidad activó su protocolo y encargó un peritaje externo, cuyo resultado concluyó que existía una «estructura organizacional configurada para anular y menoscabar» a la docente.
ACTITUD DEL RECTORADO
Según relata el sindicato, en noviembre de 2023, el rector, Francisco García, recibió las conclusiones de este peritaje. Sin embargo, en julio de 2024, «en lugar de proteger a la trabajadora, archivó el expediente».
Posteriormente, en diciembre de 2024, habría apartado a la docente cautelarmente de la docencia y le habría abierto un expediente sancionador por impartir las clases en remoto, pese a que dicha modalidad había sido recomendada reiteradamente por los servicios médicos de prevención de la propia ULL durante más de tres años.
Según STEC-IC, Inspección de Trabajo ya ha intervenido en el asunto, emitiendo además un requerimiento «claro»: «la Universidad no adoptó medidas adecuadas de protección frente a la situación detectada». Sin embargo, prosigue el colectivo, lejos de corregir la situación, el Rector ha decidido recurrir dicho requerimiento.
«Lo más grave no es solo la situación individual de la trabajadora, sino el mensaje que se transmite a todo el Personal Docente e Investigador al no percibirse una respuesta institucional clara de protección», lamentan.
PETICIONES
Ante esta situación, el sindicato STEC-IC exige la retirada inmediata de las medidas cautelares y del expediente sancionador contra la profesora, así como, en consecuencia, el cumplimiento íntegro del requerimiento de la Inspección de Trabajo, «sin más recursos dilatorios».
En paralelo, también se solicita una investigación externa e independiente sobre el protocolo de acoso de la Universidad, así como una reunión con el sector con el fin de conocer su versión e implicación en este asunto.
«El STEC-IC no permitirá que este caso se cierre sin una respuesta adecuada, con una trabajadora perjudicada y una institución que no asume plenamente sus obligaciones de protección», advierten.
CL11
