Juventud e Infancia reforzará el acogimiento familiar como medida de protección a menores con una nueva norma
MADRID, 30 Mar. (Agencias) –
El Ministerio de Juventud e Infancia ha sacado este lunes a consulta pública previa el proceso para aprobar una nueva norma destinada a reforzar el acogimiento familiar como principal medida de protección de niños y adolescentes en situación de desamparo.
El texto recoge que el acogimiento familiar ha disminuido desde el año 2020 hasta el año 2023, pasando de un 53% a un 51%. Además, según el boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia número 26, de 2023, 1.200 niños de 0 a 6 años se encuentran en acogimiento residencial, siendo contrario a lo previsto en la legislación vigente.
Ante esta situación, el departamento que dirige Sira Rego considera necesario aprobar un proyecto normativo «que fomente y refuerce el acogimiento familiar, así como extender de la cultura del acogimiento familiar en la sociedad y atraer nuevas familias de acogida».
Del mismo modo, el texto contempla expresamente «la necesidad de poner en marcha mecanismos y procedimientos que prioricen la transición de niños y niñas de 0 a 6 años en el sistema de protección hacia acogimientos familiares».
Con esta norma, el Ministerio pretende dar cumplimiento también a la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, de modo que se agrupen y potencien «las medidas relacionadas con el derecho de la infancia y la adolescencia a crecer en un entorno familiar, donde se den las condiciones adecuadas para su bienestar y desarrollo pleno». En este sentido, según recoge la consulta pública, «resulta necesario abordar el acogimiento familiar desde una perspectiva de derechos de la infancia e integral».
Como parte de la consulta pública previa, se plantea definir el instrumento normativo más adecuado para regular esta figura, atendiendo al principio del interés superior del menor y garantizando la protección integral de la infancia y la adolescencia. «A la vista de los datos expuestos se estima que no proceder a su regulación constituiría una vulneración de los derechos de la infancia», concluye.
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