CERMI pide que el futuro Sistema de Información Estatal de Discapacidad mida barreras y cumplimiento de derechos
MADRID 30 Oct. Diario Dia –
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado que el futuro Sistema de Información Estatal de Discapacidad (SIED) se configure como una herramienta pública capaz de «identificar las desigualdades, medir las barreras que afrontan las personas con discapacidad y evaluar el cumplimiento efectivo de sus derechos», superando «las limitaciones» de los actuales registros administrativos y estadísticas oficiales.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada ‘Aportes para la creación y configuración del Sistema de Información Estatal de Discapacidad (SIED)’, celebrada esta semana, en el marco del mandato establecido por la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.
El presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha defendido que el SIED no debe convertirse en «una isla» sino en un sistema interoperable, accesible y conectado con las fuentes existentes, que incorpore desde su origen la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad.
Por su parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha reivindicado la necesidad de fundamentar las decisiones públicas en datos contrastados. «No podemos hacer una política pública sobre intuición; tenemos que irnos al rigor de la comprobación y no a estereotipos», ha afirmado.
La directora del Centro Español de Documentación e Información sobre Discapacidad (CEDID), Carmen Márquez, ha presentado las principales fuentes de información disponibles en España, desde encuestas y registros administrativos hasta estudios especializados, y ha defendido metodologías e indicadores comunes que permitan «visibilizar las barreras» y «medir el impacto de las políticas en la vida de las personas con discapacidad».
En esta misma línea, el sociólogo y profesor de la Universidad de Salamanca Agustín Huete ha señalado «las limitaciones» de las estadísticas tradicionales y la necesidad de aprovechar los registros administrativos, sin reducir la discapacidad exclusivamente a su reconocimiento oficial.
Para el delegado de Impacto y Discurso del CERMI Estatal, Manuel García Ortiz, «no se trata de medir funciones o estructuras corporales, sino de medir el cumplimiento efectivo de los derechos». El sistema, según ha indicado, deberá proporcionar información no solo sobre prestaciones y recursos, sino también sobre discriminación, accesibilidad, autonomía personal, capacidad jurídica, empleo y vida independiente.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, ha denunciado «la invisibilidad estadística de las mujeres y de las niñas» con discapacidad y ha reclamado indicadores específicos sobre discriminación múltiple, violencia machista, trata y explotación sexual, derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia.
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