Canarias registra 99 lanzamientos por impago de alquiler en el segundo trimestre, un 70,2% menos
SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. Diario Dia –
Los órganos judiciales de Canarias registraron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 99 lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente relacionados con alquileres impagados.
La cifra supone una reducción del 70,2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 332.
En términos absolutos, se practicaron 233 lanzamientos menos entre abril y junio que en los mismos meses del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.
El descenso de Canarias fue superior al del conjunto del Estado, donde estos lanzamientos disminuyeron un 57,7%, de 5.299 a 2.244.
El archipiélago presentó la tercera mayor reducción interanual entre las comunidades autónomas, tras La Rioja y Madrid.
En relación con la población, las islas registraron 4,4 lanzamientos derivados de la LAU por cada 100.000 habitantes, una tasa ligeramente inferior a la media nacional, de 4,6. Las mayores tasas correspondieron a Baleares (8,3), País Vasco (7,4) y Comunidad Valenciana (6,7).
Los datos muestran que los procedimientos sobre arrendamientos siguieron siendo el principal origen de los lanzamientos en Canarias pues representaron el 59,3% de los 167 practicados durante el trimestre.
Si se consideran todas las causas –procedimientos derivados de la LAU, ejecuciones hipotecarias y otros–, Canarias pasó de 406 lanzamientos en el segundo trimestre de 2025 a 167 en el mismo periodo de 2026, un 58,9% menos.
La tasa isleña se situó en 7,4 por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,1 del conjunto del Estado.
La evolución fue diferente según el origen del procedimiento y frente a la caída de los lanzamientos derivados de la LAU, los procedentes de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%, de 50 a 53, mientras que los debidos a otras causas descendieron un 37,5%, de 24 a 15.
Por otra parte, durante el trimestre se presentaron en Canarias 271 procedimientos de ejecución hipotecaria, un 17,9% menos que un año antes, cuando se registraron 330.
Esta magnitud contabiliza los procedimientos iniciados, no los lanzamientos practicados.
La estadística de arrendamientos urbanos también añade otra perspectiva sobre la litigiosidad del alquiler.
Durante el segundo trimestre de 2026, los órganos judiciales canarios dictaron 202 sentencias sobre arrendamientos de vivienda.
De ellas, 164 –el 81,2%– correspondieron a demandas cuya acción principal era la falta de pago de la renta o de cantidades asimiladas.
En estos 164 asuntos, los tribunales estimaron íntegramente la demanda en 139 casos, la estimaron parcialmente en 13 y la desestimaron en 12.
Por tanto, el 92,7% de las sentencias sobre impago de alquiler de vivienda acogió total o parcialmente las pretensiones de la parte demandante.
Las restantes sentencias sobre arrendamientos de vivienda se distribuyeron entre diez relativas a la denegación de prórroga y 28 por otras causas.
A ellas se sumaron diez sentencias sobre arrendamientos para usos distintos del de vivienda, siete de las cuales tuvieron como acción principal el impago de rentas o cantidades asimiladas.
Además de las sentencias, se dictaron 219 decretos relativos a arrendamientos de vivienda: 66 de entrega de posesión, cuatro de enervación –pago de las cantidades adeudadas que evita el desahucio–, 82 de archivo para ejecución y 67 por otras causas.
Estas resoluciones y los lanzamientos son magnitudes diferentes y no deben sumarse como si fueran un único recuento de desahucios.
La estadística de lanzamientos, por su parte, recoge tanto la ejecución forzosa como determinadas entregas voluntarias de la posesión y no se limita a viviendas, sino que comprende otros inmuebles.
Por ello, los 99 lanzamientos derivados de la LAU no equivalen necesariamente a 99 desalojos forzosos de hogares por impago.
En el ámbito laboral, Canarias registró 3.181 demandas por despido entre abril y junio de 2026, un 21,6% más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se presentaron 2.616 –el incremento superó al nacional, que fue del 11,2%–.
Las islas tuvieron la mayor tasa de demandas por despido del país, con 140,8 por cada 100.000 habitantes, seguidas por Madrid (113) y Cataluña (111,7) –la media nacional se situó en 92,1–.
Las reclamaciones de cantidad registradas en la jurisdicción social también aumentaron y pasaron de 2.380 a 2.865, un 20,4% más.
Con 126,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, Canarias presentó la segunda tasa más alta, tras Asturias (131,2), frente a una media nacional de 71,3.
Los concursos de personas naturales no empresarias –particulares sin actividad empresarial– disminuyeron en Canarias un 19,3%, de 1.104 en el segundo trimestre de 2025 a 891 en el mismo periodo de 2026, según los datos del Consejo.
La evolución contrastó con la del conjunto del Estado, donde aumentaron un 5,9%.
Pese al descenso, la tasa canaria, de 39,4 concursos por cada 100.000 habitantes, permaneció por encima de la media nacional, de 34,5, lo que la situó en el quinto lugar tras Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid.
El total de concursos presentados en el archipiélago fue de 918, un 18,9% menos que un año antes (1.132).
Los de personas jurídicas descendieron un 31,8%, de 22 a 15, mientras que los de personas naturales empresarias se duplicaron, de seis a doce.
Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias, disminuyeron en Canarias un 37,4% de 18.214 en el segundo trimestre de 2025 a 11.409 en el mismo periodo de 2026.
No obstante, las islas mantuvieron la tasa más alta del país, con 505,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 366,1 de media nacional.
Además, los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes.
Esta estadística se refiere a una vía procesal específica para recuperar la posesión y no constituye un recuento de todas las ocupaciones de viviendas.
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