Bolaños acusa al CGPJ de ralentizar su queja contra Peinado para que tenga «impunidad»

   El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en concreto al sector conservador del órgano, de ralentizar la tramitación de su queja contra el juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, para que tenga «impunidad».

   Lo ha hecho a través de un recurso de alzada ante el CGPJ contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra Peinado y que, según han indicado este viernes fuentes de Justicia, le provocó una «evidente indefensión».

   En el recurso, el ministro afirma que, «durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia».

   «Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia», apostilla.

   Bolaños llega a la conclusión de que «durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado», que se materializará esta misma semana, «terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él».

   «Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia», expresa.

   El ministro considera que se trata de una «apariencia particularmente dañina», ya que «alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial».

   Con su nuevo recurso pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ «también» –dice– le ha «negado»: «El acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden».

   Desde el Ministerio de Justicia han explicado que Bolaños, cuando conoció el pasado agosto que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ había decidido archivar su queja contra Peinado, solicitó al órgano de gobierno de los jueces «disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente» la denegación del acceso al expediente completo de su queja.

   Como se le denegó, agregan, Bolaños «tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa».

    En concreto, indican que el ministro desconocía «la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro», una información a su juicio «relevante para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, conocía que el ministro le había denunciado».

   «La negativa a facilitar esa información impide verificar circunstancias directamente relacionadas con el derecho fundamental a un juez imparcial, ya que de la secuencia temporal de los hechos podría deducirse que el conocimiento de las quejas presentadas contra Peinado influyeron en su decisión de pedir al Tribunal Supremo la imputación del ministro», agregan.

    Para Justicia, así «se priva al ministro de un elemento esencial para el ejercicio de las acciones que le reconoce el ordenamiento jurídico».

   Asimismo, critican que tampoco tuvo conocimiento de la información sobre la investigación que realizó el CGPJ sobre las filtraciones denunciadas en la causa, que asegura hubo un «gran número».

    Consideran «imprescindible» saber, «teniendo en cuenta que las resoluciones filtradas estaban en conocimiento de muy pocas personas», si el CGPJ realizó una investigación suficiente «para esclarecer los hechos y determinar o, en su caso, descartar la responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos».

   Justicia reitera que «denegarle el acceso» a estos datos «esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa» ha generado «una indefensión real y efectiva» a Bolaños, que con su recurso muestra su «desconcierto por los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso», concluyen.

 QUEJAS ARCHIVADAS

   El ministro remite este nuevo recurso de alzada pocos días después de que el CGPJ rechazara, porque «excede» de su competencia y no ve «indefensión», el recurso que interpuso ante el archivo de su queja contra el juez instructor del ‘caso Begoña Gómez’.

   Solicitaba reabrir las diligencias contra Peinado tras la queja que presentó por su «actitud objetivamente intimidatoria» cuando le tomó declaración como testigo en la investigación a la esposa del presidente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que el juez ha enviado a juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

   Bolaños criticó en ese recurso, entre otros asuntos, la falta de agilidad por parte del CGPJ para ejecutar los trámites y la Comisión Permanente contestó que «fue ampliando sucesivamente sus escritos de queja –presentó un total de cuatro entre el 4 de junio y el 3 de octubre de 2025– que obligaron en cada ocasión a pedir informe al magistrado», lo que postergó «su decisión definitiva».

   Dos vocales que emitieron un voto particular alegaron, sin embargo, que la demora para resolver la diligencia informativa «debía ser expresamente reconocida y que debían examinarse tanto sus causas como su eventual incidencia sobre la prescripción»: «Admira la diligencia en resolver el recurso de alzada y asombra su ausencia en tramitar la queja».

   Y es que, en su recurso, Bolaños atribuyó el archivo de las quejas al «conservadurismo» o «corporativismo» del CGPJ, al tiempo que denunció que la actuación del órgano «difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general».

   «La interposición del recurso de alzada responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados», remachó.

CL9