La propiedad de El Barrigón (La Isla) cuestiona la objetividad del expediente por la participación de altos cargos
OVIEDO, 24 Sep. Diario Dia –
La propiedad de los terrenos incluidos en la actuación urbanística de El Barrigón, en La Isla (Colunga), ha cuestionado las garantías de objetividad e imparcialidad de los responsables de la Administración del Principado de Asturias en la tramitación del expediente urbanístico. Por este motivo, ha anunciado que sus servicios jurídicos van a analizar las circunstancias que han rodeado la elaboración del informe emitido este jueves por la Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y prevé el ejercicio de acciones legales.
La sociedad ha manifestado a través de una nota de prensa que ha tenido conocimiento de las conclusiones del dictamen, contrario a sus intereses, a través de los medios de comunicación. A su juicio, resulta «extremadamente grave» no haber dispuesto previamente del documento para conocer los argumentos técnicos y jurídicos en los que se sustenta la posición de la Administración autonómica.
La propiedad ha considerado «especialmente grave» que la Comisión Permanente que ha emitido el pronunciamiento desfavorable haya estado presidida por el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz. Según la documentación que obra en poder de la propiedad, este alto cargo ha participado con anterioridad en reuniones de la plataforma constituida expresamente para oponerse al desarrollo urbanístico de El Barrigón. Por ello, los servicios jurídicos van a estudiar su posible deber de abstención en el procedimiento.
Asimismo, la propiedad ha asegurado que dispone de comunicaciones de WhatsApp enviadas por la directora general de Urbanismo, Laura López, a través de las cuales se habría facilitado a terceros información y orientaciones sobre cómo actuar frente a la tramitación que se desarrollaba en el Ayuntamiento de Colunga. La entidad exige que se aclaren las condiciones de esas comunicaciones y ha valorado que estas conductas resultan «difícilmente conciliable» con la «necesaria apariencia» de objetividad e imparcialidad administrativa.
En la misma nota de prensa, ha recordado que la propia CUOTA emitió un informe favorable en 2023 sin formular las objeciones que plantea en la actualidad. Además, ha recordado que todos los informes sectoriales conocidos hasta la fecha han sido favorables, incluidos los de Cultura, Carreteras, Confederación Hidrográfica y Costas. En el caso de Costas, han apuntado que el organismo adaptó la servidumbre de protección a 20 metros a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del año 2011.
En relación con dicha resolución judicial de 2011, la sociedad ha rechazado que la inactividad de la Administración durante quince años para adaptar sus instrumentos de ordenación territorial, como el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) o el Plan Especial de Protección del Litoral (PESC), se traduzca ahora en una carga que impida el desarrollo de los derechos de los propietarios.
Por último, la empresa ha advertido de que la Administración está haciendo afirmaciones públicas basándose en datos incorrectos sobre el expediente, como atribuir al proyecto la construcción de 28 viviendas, cifra que no coincide con las planteadas ni con las que permite el planeamiento en tramitación.
Ante este escenario, los servicios jurídicos han iniciado la revisión del caso para emprender todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan en defensa de sus derechos.
CL11
