Díaz pide que se explique qué es absentismo y reclama al Congreso apoyar la reforma de prevención laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado este lunes «un esfuerzo colectivo» para explicar «qué es y qué no es absentismo» y ha defendido que las bajas laborales, la conciliación, los permisos por duelo o la huelga no pueden considerarse absentismo.
«La huelga no es ser un absentista, conciliar no es ser un absentista, tener un permiso por duelo no es ser un absentista», ha ilustrado durante la inauguración de las Jornadas de Salud Laboral de UGT.
Díaz ha pedido a los agentes sociales que contribuyan a aclarar este debate y ha rechazado una concepción del mundo laboral en la que todo lo que no es trabajo sea considerado absentismo. En este sentido, ha advertido de que no se pueden despreciar «las jornadas extenuantes» o la desconexión y ha defendido que la salud de los trabajadores debe abordarse como una responsabilidad colectiva.
En este contexto, la vicepresidenta ha reclamado que el Congreso de los Diputados debata la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ha pedido a las formaciones políticas que sitúen la norma fuera del «debate legítimo partidario».
Díaz ha destacado que el texto lleva 19 meses negociándose en la mesa de diálogo social y ha defendido que se trata de una norma «principal», porque «habla de la vida, habla de las enfermedades, habla de las muertes».
La ministra ha explicado que la reforma debe adaptarse a los nuevos riesgos laborales y abordar cuestiones como la emergencia climática, la digitalización, la discriminación algorítmica y tecnológica y las brechas de desigualdad.
Asimismo, ha advertido de que existen trabajadores que acuden enfermos a sus puestos por miedo a ser sancionados o despedidos y ha acusado al Partido Popular de «perseguir las bajas laborales». A su juicio, esta actuación pretende «devolvernos el miedo de la precariedad». «Esto es una indecencia y no lo podemos permitir», ha añadido.
Por último, Díaz ha advertido de una «pandemia silenciosa» de salud mental vinculada a las condiciones laborales y ha defendido que el agotamiento, el estrés o estar «quemado» en el trabajo no son cuestiones «personales ni privadas», sino que requieren una respuesta desde los centros de trabajo y las empresas.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado a los grupos parlamentarios del Congreso que permitan la tramitación de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ha advertido a los diputados de que, si impiden el debate de la norma, «serán cómplices» de la situación de siniestralidad, accidentes mortales y enfermedades profesionales que sufren las personas trabajadoras en España.
El líder sindical ha expresado su preocupación por que los indicadores de siniestralidad no mejoran y la exposición a los riesgos sigue aumentando. «Desgraciadamente, los accidentes son más, las personas que pierden la vida son más», ha denunciado Álvarez, subrayando que España afronta la seguridad laboral con una legislación de hace tres décadas que se ha quedado obsoleta ante los cambios en los sectores industrial y de servicios, la digitalización, la incorporación masiva de la mujer y las nuevas enfermedades profesionales.
Ante esta situación, el máximo responsable de UGT ha pedido a los diputados que «miren menos a sus grupos parlamentarios, a la situación política y a la crispación», y se centren en los derechos y la salud de las personas.
Álvarez ha recordado que apoyar la toma en consideración o tramitación de un proyecto legislativo no implica estar de acuerdo con la totalidad del texto, sino abrir la puerta a un debate transparente donde cada formación pueda exponer sus propuestas. En este sentido, ha indicado que, de no permitirse el debate de la ley, el sindicato denunciará «con nombre y apellidos» a aquellos que se opongan a ello.
En su intervención, Álvarez también ha cargado contra la actitud de la patronal respecto al debate sobre las bajas laborales, acusándola de calificar como «absentismo» situaciones de incapacidad temporal que responden a dolencias reales o a enfermedades profesionales no reconocidas como tales.
Para atajar este problema, ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Inspección de Trabajo que crucen datos y elaboren un «mapa de puntos negros» para identificar en qué empresas y sectores concretos se concentran las bajas por enfermedad común o accidente laboral. A su juicio, una norma preventiva actualizada reducirá de forma drástica estas incapacidades temporales.
En este marco, ha defendido también la creación de la figura de los delegados territoriales o sectoriales de prevención –mecanismo al que se opone la CEOE– para que tanto sindicatos como patronales puedan vigilar el cumplimiento efectivo de la normativa en los centros de trabajo, solicitando de forma paralela un refuerzo de recursos humanos y tecnológicos para la Inspección de Trabajo.
Por último, Álvarez ha censurado los discursos descalificadores de determinados sectores empresariales hacia los trabajadores en situación de incapacidad temporal y ha pedido a la ciudadanía concienciación para evitar broncas políticas sin contenido: «No se construye nada con broncas que no tienen un fondo sobre un debate que interesa. Se construye con una buena ley de salud y prevención de riesgos laborales», ha concluido.
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