El Gobierno de Cantabria revindica la calidad de los servicios sociales y el aumento de 22 millones en esta legislatura

SANTANDER 17 Sep. (Agencias) –

El Gobierno de Cantabria ha reivindicado la calidad de los servicios sociales en la comunidad autónoma y la «apuesta más que decidida» realizada en este ámbito en esta legislatura, como a su juicio demuestra el incremento en 22 millones de euros del presupuesto destinado al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en estos tres últimos años, un 19,51% más que en 2023.

De esta forma, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha salido al paso de las conclusiones del Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, informe que, a su juicio, «distorsiona la realidad de Cantabria».

En el mismo, publicado este jueves, se indica que Cantabria sigue ocupando, por cuarto año consecutivo, el 16º puesto en la calificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una tendencia acusadamente descendente desde el año 2013, y cataloga a la región como «irrelevante» en su análisis.

En un comunicado, el departamento de que dirige Begoña Gómez del Río ha desmentido «rotundamente» que el sistema de servicios sociales tenga una tendencia descendente marcada por la pérdida continua de relevancia económica, puesto que el presupuesto del ICASS en los últimos años «no ha hecho más que crecer significativamente».

En el aparado de derechos y decisión política, donde el DEC otorga cero puntos a la comunidad, Inclusión Social recuerda que la cartera de derechos está recogida «de forma exhaustiva» en la Ley de Servicios Sociales, al igual que en dependencia, donde existe una orden específica que recoge el catálogo de servicios y prestaciones.

Precisamente, el Ejecutivo cántabro pone en evidencia que uno de los criterios para valorar la calidad de los servicios es la propia denominación de la consejería competente, de forma que, si no se emplea el término de servicios sociales, el informe otorga cero puntos.

En el campo de la dependencia, Inclusión Social considera «especialmente llamativo» que este índice utiliza datos de 2024 y 2025, «indistintamente», o que solo tenga en cuenta a los mayores de 75 años, «cuando la dependencia no tiene edad».

Además, constata que Cantabria obtiene la máxima puntuación en el apartado de plazas residenciales y plazas de centros de día, factor que, «paradójicamente», penaliza la puntuación obtenida en el apartado de ayuda a domicilio y teleasistencia.

En ayuda a domicilio, la Consejería considera llamativo que, estando casi dos puntos por encima de la media estatal en intensidad de la ayuda, la comunidad solo obtiene la mitad de la puntuación máxima, similar a lo que ocurre con la ratio de trabajadores técnicos, donde Cantabria tiene una ratio superior a la media, pero la puntuación que recibe es menos de la mitad.

Por otro lado, el Gobierno destaca también los recursos destinados a la Atención Primaria a través del Plan Concertado, que han aumentado «de forma considerable» en los últimos tres años, y rechaza que la causa de la supuesta ineficiencia del sistema, según el informe DEC, es la falta de protagonismo de los ayuntamientos.

En su opinión, esta conclusión, basada exclusivamente en el porcentaje que representa la Atención Primaria en el gasto total, resulta «incompleta», puesto que el esfuerzo financiero realizado en esta legislatura «ha hecho posible consolidar y ampliar las plantillas profesionales de los servicios municipales, fortalecer la atención domiciliaria, extender la cobertura de teleasistencia, incrementar las ayudas de emergencia social y financiar programas de intervención social diseñados y ejecutados por los propios ayuntamientos».

En cuanto a la dotación de un profesional por cada 2.761 habitantes, considera que no es acertado interpretar esta relación como una falta de eficiencia, porque la valoración del fortalecimiento de la Atención Primaria «debe realizarse considerando el conjunto de variables que inciden en su funcionamiento y no únicamente en indicadores aislados».

Por último, en el ámbito de la infancia, el informe asigna cero puntos a Cantabria, cuando es la única comunidad autónoma que no tiene menores de ocho años en acogimiento residencial y la única que cumple en la actualidad el objetivo marcado por el Ministerio de Infancia y Juventud para 2023.

Frente a las conclusiones del dictamen, el Gobierno de Cantabria pone en valor los criterios utilizados por el sistema de financiación del IMSERSO, acordados por todas las comunidades autónomas en el Consejo Territorial y basados en indicadores objetivos como personas atendidas, reducción de listas de espera, inversión autonómica, calidad de las prestaciones y agilidad administrativa.

Gracias a la mejora de estos indicadores, Cantabria recibió en el año 2025, del nivel acordado, 9.081.757 euros más, consolidándose como una de las comunidades que más ha mejorado su gestión de la dependencia.

Gómez del Río destaca que Cantabria es una de las comunidades autónomas que más ha reducido la lista de espera –de 2024 a 2025 se produjo una disminución del 64,4%-,- pasando de cifras muy superiores a 143 personas. Posteriormente, durante 2025, esa lista volvió a reducirse hasta situarse en 64, lo que supone una nueva reducción del 55,2%.

«El IMSERSO no premia teorías ni rankings. Premia resultados. Y los resultados de Cantabria son más personas atendidas, menos listas de espera, más inversión y más financiación para seguir mejorando la atención a la dependencia», subraya la consejera.

Finalmente, el Gobierno autonómico ha señalado que seguirá reforzando el sistema durante los próximos años.

«Nuestro modelo no se basa en rankings. Se basa en atender mejor, reducir tiempos de espera, mejorar los recursos disponibles y respetar la libertad de elección y los proyectos de vida de las personas», concluye Gómez del Río.

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