El Gobierno regula el Comité de Inversiones Estratégicas con plazos de hasta tres meses para aprobar proyectos
MADRID, 15 Sep. (Agencias) –
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión, con el objetivo de facilitar y priorizar proyectos estratégicos para España en materia de inversión nacional y extranjera.
Podrán obtener esta declaración de Inversión Estratégica las iniciativas empresariales o de colaboración público-privada, de inversión o reinversión en España, que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y en las que concurran razones de interés público, social, ambiental o económico.
Quedarían excluidos la adquisición de acciones o participaciones sociales, las ampliaciones y reducciones de capital social y las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
El procedimiento de declaración se articula en dos fases sucesivas. La primera es la declaración previa (plazo máximo de un mes), en la que se valoran criterios cuantitativos, como el volumen de inversión y de creación de empleo, y cualitativos, como la solidez del proyecto y su adecuación a las prioridades estratégicas del país.
La segunda es la declaración definitiva (plazo máximo de tres meses desde la solicitud), en la que se analiza en detalle el impacto socioeconómico y medioambiental, la contribución a la autonomía estratégica y la seguridad económica, el esfuerzo en innovación y la cohesión territorial, entre otros aspectos, y determina las medidas de apoyo, compromisos y obligaciones asociados al proyecto.
La declaración previa le corresponderá al Pleno del Comité, mientras que la declaración definitiva será otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), a propuesta del Comité.
Según ha informado el Ministerio de Economía, las comunidades autónomas serán consultadas y su valoración se tendrá en cuenta en la evaluación de cada proyecto.
El real decreto aprobado hoy contempla también un régimen de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos y un procedimiento de revocación de la declaración en caso de incumplimiento.
El Comité tiene una presidencia compartida, entre el titular de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno y el secretario de Estado de Economía, si bien orgánicamente queda adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno, que encabeza actualmente Manuel de la Rocha.
Su composición incluye también cinco vicepresidencias, con representación de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Energía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Además, incorpora catorce vocalías, con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Transportes, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia e Innovación, Inclusión y Seguridad Social y Medio Ambiente, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Prospectiva Estratégica y ICEX Invest in Spain.
Por último, se incluye una Secretaría Técnica que asiste al Comité en el análisis de los expedientes y, además, se podrá acordar la creación de grupos de trabajo específicos.
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