Los planes de EEUU para restringir a los periodistas extranjeros generan duras protestas

NACIONES UNIDAS – Primero fueron las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, luego la represión contra académicos de ideas liberales de prestigiosas universidades estadounidenses y, ahora, las restricciones a los periodistas extranjeros afincados en Estados Unidos.
Las restricciones propuestas también podrían afectar a decenas de periodistas que cubren la actualidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluidos aquellos que forman parte de las delegaciones nacionales que tienen previsto llegar a Nueva York desde el 14 de septiembre, para cubrir la serie de sesiones de alto nivel del comienzó de la 81 Asamblea General, a la que asistirán más de 130 líderes políticos mundiales.
Según la Unidad de Acreditación y Enlace con los Medios de Comunicación (Malu, en inglés) de la ONU, cerca de 5000 representantes de los medios de comunicación están acreditados por la ONU, sumando las acreditaciones de larga duración y las temporales (estas últimas destinadas principalmente a los períodos de sesiones anuales de la Asamblea General).
La Asociación de Prensa Extranjera (FPA), la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han expresado conjuntamente su firme oposición a la propuesta de reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, hecha en julio, que restringe considerablemente los visados «I» para los representantes de los medios de comunicación extranjeros.
Ese nuevo reglamento entraría en vigor el martes 15 de septiembre, si no es que el DHS no lo elimina o aplaza.
«Junto con la SPJ y el CPJ, hemos redactado una carta dirigida al Congreso en la que exponemos nuestros argumentos en contra de los cambios inminentes y les pedimos que intervengan sin demora. Agradecemos a nuestra organización hermana, la Asociación de Periodistas Árabes y de Oriente Medio (Ameja), su apoyo rápido y eficaz para llamar la atención en el Capitolio», la sede del legislativo Congreso estadounidense, ha planteado la FPA.
Estas restricciones constituyen una barrera arbitraria y unilateral contra el intercambio de ideas e información, afirmó Ian Williams, presidente de la FPA, en una entrevista con IPS.
Añadió que «pedimos a todos nuestros miembros que consigan más firmantes para la carta y que se pongan en contacto con los legisladores que puedan ayudar a detener estas propuestas perniciosas».
Williams agregó que «ya hemos pasado por esto antes. La última vez que se plantearon propuestas de este tipo, la FPA y la SPJ lideraron la batalla para frustrarlas, pero han vuelto, y nos complace contar esta vez con el respaldo de tantas otras organizaciones».
El 31 de agosto, se preguntó al portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, si el secretario general estaba al corriente de las restricciones de visado propuestas, que va a entrar en en vigor el 15 de septiembre y que afectarán a los periodistas internacionales.
«¿Le preocupa que esto pueda afectar a la cobertura —no solo de Estados Unidos, sino también de las Naciones Unidas—, dado que limita la estancia de los periodistas a 240 días y muchas organizaciones de periodistas están muy preocupadas por el impacto que esto tendrá en ellos?», se le inquirió.
En su respuesta, Dujarric afirmó: «Miren, por supuesto, los países tienen derecho a decidir sobre sus políticas de visados. Pero esperamos que aquí, en nuestro país anfitrión (de la ONU), se aplique una política que permita que el mayor número posible de periodistas internacionales puedan informar, incluida la cobertura de la ONU».
A pesar del Acuerdo sobre la Sede de 1947 entre Estados Unidos y la ONU, que insta a Washington a facilitar el funcionamiento de la ONU, Estados Unidos ha denegado visados a varios jefes de gobierno que tenían previsto visitar la ONU, o a personas acreditadas como diplomáticos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma: «Nuestra misión es potenciar la influencia global de Estados Unidos ayudando a los periodistas extranjeros a desarrollar una comprensión más profunda de la política, la sociedad y los valores estadounidenses a través de programas y servicios que los conecten con fuentes de información estadounidenses fidedignas».
Y agrega: «Nuestra misión refleja el compromiso de fomentar un diálogo global informado, garantizando que la cobertura internacional de los asuntos estadounidenses vaya más allá de lo superficial y capte la complejidad de la vida estadounidense».
Con más de 1500 periodistas extranjeros acreditados en Estados Unidos, dice el Departamento de Estado, «nuestras oficinas ponen en contacto a expertos estadounidenses en política y cultura con audiencias de todo el mundo. Los periodistas acreditados por nosotros son voces de referencia en sus países de origen, lo que amplifica, gracias a su propia credibilidad, el acceso que seleccionamos y facilitamos».
Cada año, los Centros de Prensa Extranjera de Estados Unidos acogen a docenas de expertos de los sectores privado, público y académico para sesiones informativas oficiales sobre diversos temas relevantes.
Según la FPA, las propuestas estadounidenses también tienen implicaciones más amplias para la libertad de expresión y de movimiento que van más allá de los periodistas; afectan asimismo a académicos, estudiantes y otros profesionales cualificados, por lo que es alentador ver cómo crece la lista de organizaciones de otros sectores que se suman a la oposición.
Estas regulaciones propuestas restringirán tanto el número como las libertades de los periodistas internacionales en Estados Unidos, «Os instamos a que convenzáis a vuestros colegas para que se unan a la FPA y nos ayuden a combatir estas propuestas y a apoyar a los colegas que puedan verse afectados», afirmó Williams.
La primera semana de septiembre, el juez federal de distrito F. Dennis Saylor criticó a la administración de Donald Trump por imponer nuevas restricciones a la duración de los visados que afectan a periodistas y estudiantes internacionales.
Los cambios restrictivos afectan a los visados F, J e I y modifican el tiempo que los estudiantes o periodistas pueden permanecer en el país, lo que supone enormes obstáculos si necesitan prolongar su estancia en Estados Unidos.
«Creo que la incertidumbre en cuanto al impacto del posible daño irreparable es enorme», afirmó el juez Saylor.
En su entrevista con IPS, Williams dijo: «Es positivo que nuestro punto esté vinculado a otros visados educativos y de trabajo, por lo que hay litigantes influyentes que luchan contra esto en los tribunales. La administración parece, de forma prejuiciosa, ajena a la realidad».
«Todas nuestras fuentes sugieren que no consultaron con los funcionarios pertinentes del Departamento de Estado, que es el encargado de expedir los visados», afirmó.
A su juicio, «es evidente que los artífices de las restricciones de visados ignoraron a la abrumadora mayoría que, en respuesta a la solicitud de comentarios, se opuso a las propuestas».
Como resultado, consideró Williams, la prensa extranjera se ve atrapada en una «tormenta muy imperfecta».
A su juicio, los responsables de Maga que están tomando estas medidas combinan ignorancia y arrogancia. Maga es el acrónimo de «Make America Great Again», promovido por Trump y traducible por «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez».
Según Williams, el poderoso movimiento detrás de Maga «desconfía profundamente de TODOS los medios de comunicación y de los extranjeros», lo que convierte a la prensa extranjera en un doble objetivo, y estas personas no tienen ni idea de cómo funcionan los medios más allá de reciclar los comunicados que elaboran las empresas y la Casa Blanca.
En efecto, añadió, están diciendo a los periodistas especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem. en inglés), Wall Street, medios de comunicación, arte, política estadounidense e industria, que pueden acumular todos los conocimientos que necesitan en menos de 240 días.
Además, dijo, les alertan sobre que se enfrentan a la posibilidad de ser excluidos si su trabajo no refleja la visión de la actual administración.
La carta conjunta de las organizaciones periodísticas decía: «Es positivo que nuestro asunto esté vinculado a otros visados educativos y de trabajo, por lo que hay algunos litigantes influyentes que están luchando contra esto en los tribunales. La Administración parece cegada por sus prejuicios e impermeable a la realidad».
Añadía que los artifices de las restricciones de visados no consultaron con los funcionarios pertinentes del Departamento de Estado, que es el encargado de expedir los visados.
También ignoraron la abrumadora mayoría de las respuestas a la solicitud de comentarios, que se oponían a las propuestas.
Como resultado, la prensa extranjera se ve atrapada en una «tormenta muy imperfecta», como la definió Williams.
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