Recurren la imputación de costes del derrumbe de unas lonjas en Santurtzi alegando que «no eran propietarios»
BILBAO, 9 Sep. Agencias –
Una familia ha recurrido un decreto del Ayuntamiento de Santurtzi que les imputa costes del derrumbe de unas lonjas en 2025, alegando que, en el momento del accidente, las habían transmitido y ya «no eran sus propietarios».
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre de 2025 en un edificio de la calle Miguel de Cervantes cuando, en el transcurso de unos obras para transformar lonjas en trasteros, se produjo un derrumbe tras eliminarse un tabique maestro, lo que provocó que se hundiera el patio que daba acceso a tres portales.
Por seguridad, se confinó a los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle Cervantes que se encontraban en sus viviendas y se trasladó a los que se encontraban en la calle a un hotel del municipio.
Según han informado el despacho L&V Abogados de Bilbao, que lleva la defensa de esta familia (los hermanos Varela), los recurrentes entienden que la decisión del Ayuntamiento, que les atribuye parte de la responsabilidad por las obras de emergencia derivadas del derrumbe, es «totalmente arbitraria y sin fundamento».
En primer lugar, han señalado que, en el momento en que se produjeron los hechos, los recurrentes «ya habían transmitido los locales a F.C.L., promotor de las obras y no eran sus propietarios», aunque aún figuraban como propietarios registrales.
En este sentido, han asegurado que llama la atención que el decreto que contiene la orden de ejecución subsidiaria «no identifica a los propietarios de las lonjas y el promotor contestó al decreto entendiendo que era a él a quien le identificaban como propietario».
Por otra parte, han afirmado que el Ayuntamiento tenía conocimiento de que las obras «se estaban ejecutando sin licencia». En concreto, señala que, a través de la propia área de urbanismo, un inspector municipal visitó la lonja días antes de que se produjera el derribo del elemento que el Ayuntamiento «alega que provocó la necesidad del derrumbe controlado».
También alude a que consta en el expediente la intervención de la policía municipal en varias ocasiones, la última pocos días antes del derrumbe. Añade que un inspector municipal había visitado previamente el local, «constatando que las obras ya estaban en marcha».
La defensa de los hermanos Varela recuerda que las actuaciones realizadas por el promotor de la obra se desarrollaron en el marco de un proyecto para la transformación de los locales en trasteros para los residentes y que el promotor solicitó una licencia para ejecutar la obra.
Según ha añadido, la documentación aportada al Ayuntamiento se encontraba en tramitación, en estado muy avanzado y, a su juicio, sorprende que el Ayuntamiento de Santurtzi, insista en «situar en la obra realizada por el promotor (ajeno a los recurrentes) la causación de los daños cuando no existe en el expediente de licencia una objeción específica al derribo de los tabiques que se estaban ejecutando».
La defensa ha asegurado que la licencia se denegó por la falta de envío de la documentación para legalización de la actividad, «no por la inadecuación de las obras realizadas».
Por otra parte, indica que, a pesar de que el decreto se suspendió durante la tramitación de los recursos por parte del Ayuntamiento, se solicita el abono íntegro de «un importe superior a los 30.000 euros con la aplicación de recargos durante el período en el que el decreto no estaba en vigor y que no se ha presentado factura alguna de los costes de ejecución». Asimismo, señala que el área de tesorería «evita reunirse con esta parte para abordar las cuestiones inherentes al abono».
El despacho de abogados cree que todos estos elementos «exoneran totalmente a la familia Varela» y exige analizar de forma conjunta el origen del siniestro y la eventual responsabilidad de todos los intervinientes, incluido el propio Ayuntamiento.
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