Sumar retoma en el Congreso su ley para prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas
MADRID 9 Sep. Diario Dia –
Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana su proposición de ley para prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas.
Se trata de una reforma que el grupo plurinacional ya ha defendido con anterioridad en la Cámara Baja y que no fue admitida a trámite ante el rechazo mayoritario de PP, Vox y Junts y la abstención del PSOE.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió una propuesta similar en el país norteamericano y Vox la elogió, por lo que el portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, decidió volver a elevar la propuesta legislativa al Pleno de la Cámara para ver si esta vez conseguía una mayoría suficiente.
Tras ese movimiento de Sumar, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, dijo que en realidad las propuestas de Sumar y Trump eran diferentes y se desmarcó de apoyar el texto. Además, el partido de Santiago Abascal ha insistido en decir que no van a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno.
Ibáñez anunció el registro de la ley a principios de año, pero será en el Pleno de la próxima semana cuando se debata su admisión a trámite, según consta en el orden del día al que ha accedido Europa Press.
Para llevar a cabo su propósito, el texto reforma la Ley de Vivienda de 2023 y en concreto su artículo 10 para vetar la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto a título oneroso como gratuito.
La medida afectaría tanto a las viviendas en estado de uso como a las promociones de nueva construcción una vez cuenten con el certificado de fin de obra. En la exposición de motivos de la ley, el grupo justifica este veto alegando que las personas jurídicas no adquieren inmuebles para ejercer el derecho constitucional al disfrute de una vivienda, sino para tratarlos como «bienes de inversión para obtener beneficios económicos» mediante «movimientos especulativos».
A juicio de Sumar, resulta imprescindible desvincular el mercado residencial de esta lógica mercantil para frenar la escalada sostenida de precios de venta y alquiler.
No obstante, el texto contempla un régimen de exenciones que permitirá seguir comprando inmuebles a determinadas organizaciones sin ánimo de lucro. Entre las entidades exceptuadas se encuentran las asociaciones, los agentes económicos y sociales, las entidades religiosas, las ONG de cooperación al desarrollo y otras organizaciones del tercer sector.
Aun así, estas entidades solo podrán adquirir viviendas si las destinan a fines sociales o funcionales muy concretos, tales como el establecimiento de su sede social, la atención sociosanitaria, la protección de víctimas de violencia de género, el alojamiento de colectivos vulnerables o el desarrollo de actividades educativas, cívicas y de culto.
Asimismo, la propuesta legislativa incluye una disposición transitoria única para detallar que la restricción no se aplicará a aquellas compras o transmisiones que hayan sido elevadas a escritura pública ante notario antes de la entrada en vigor de la norma, aunque no se hayan inscrito aún en el Registro de la Propiedad.
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