El decreto de ayudas para los servicios, seguridad y tejido económico de Ceuta entrará en vigor mañana
MADRID, 2 Sep. Agencias –
El Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta aprobado este martes por el Consejo de Ministros entrará en vigor mañana, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan diseñado por el Gobierno para impulsar la economía ceutí tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio comprende 309 millones de euros –más 50 millones en avales– en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.
El importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 118 millones de euros.
Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. Por último, los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros. Todo ello supone una inyección equivalente al 16% del PIB de Ceuta en sólo cuatro meses.
En cuanto a las medidas para apoyar el tejido empresarial, el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, para llegar a los 2.500 autónomos y las 1.500 empresas de Ceuta.
Así, los autónomos recibirán 5.000 euros y las empresas podrán recibir ayudas de entre 1.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Estas ayudas podrán solicitarse a partir del 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y el Gobierno espera que los pagos comiencen a principios de octubre.
A estos 36,6 millones se sumarán otros 14 millones de euros para el pequeño comercio y el sector turístico, que se canalizarán a través de la Cámara de Comercio. El objetivo es revitalizar estos dos sectores, «gravemente afectados» por la crisis.
Entre las medidas previstas se incluyen bonos al consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a los no residentes y fomentar la llegada de viajeros a la ciudad.
Asimismo, el paquete incluye un millón de euros para el ‘Plan Ceuta Exporta’ que pondrá en marcha el Icex y otro millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.
Además, el Gobierno habilitará una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para garantizar que «siga fluyendo y en buenas condiciones» el crédito y la financiación al tejido empresarial.
La norma también prevé medidas en el ámbito de la promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Para ello, a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), se pondrá en marcha un plan extraordinario de promoción y recuperación de imagen de la ciudad de Ceuta, orientado a mercados internacionales seleccionados.
Este plan contendrá actuaciones específicas en la red de oficinas de turismo en el exterior, campañas específicas en mercados turísticos internacionales y viajes de prensa y familiarización con turoperadores y agentes, especialmente en los mercados prioritarios para Ceuta.
En materia laboral, el Gobierno plantea una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad y tengan que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos y la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social a un interés del 0,5%.
En concreto, se regula una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con domicilio de residencia o actividad en Ceuta, cuya actividad hubiese cesado total o parcialmente, ya sea de manera temporal o definitiva, a raíz de la reducción de la demanda y de la alteración de la actividad provocadas por la entrada masiva e irregular de inmigrantes, aunque vinculada a la reducción de los ingresos mensuales.
La duración máxima de esta prestación será de cuatro meses, periodo durante el cual se prevé que continúen manifestándose las consecuencias económicas más intensas.
En lo que respecta a los ERTE, se introduce un régimen específico de fuerza mayor que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, ampliándose el ámbito de aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con la situación de Ceuta.
Las empresas de la ciudad autónoma afectadas por estos ERTE podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a los trabajadores y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada.
Asimismo, la norma eleva del 50% al 75%, de manera permanente, la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se incorporan nuevos sectores beneficiarios de esta medida, como el de la construcción. El impacto presupuestario de estas bonificaciones será de 36,6 millones de euros anuales por cada una de las dos ciudades autónomas.
Al mismo tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinará 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
Además de las bonificaciones a la contratación, el decreto otras medidas de carácter permanente, entre ellas el aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, como los de «difícil justificación».
Estas dos medidas estructurales se extenderán también a Melilla –con unos importes prácticamente idénticos–, lo que supondrá un apoyo presupuestario adicional de unos 100 millones de euros anuales para los empresarios de ambas ciudades autónomas.
Por otro lado, el Real Decreto-ley contempla medidas de apoyo al puerto de Ceuta por valor de 4,25 millones de euros anuales durante cinco años, entre 2027 y 2031.
En el ámbito de los servicios esenciales, el plan contempla el refuerzo de los recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para la atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros.
Asimismo, se destinarán 3,2 millones a la seguridad de los centros docentes y actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, mientras que otros 4,5 millones servirán para reforzar jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios y financiar la asistencia jurídica gratuita en Ceuta.
El paquete incluye además una subvención de 2 millones a la ciudad de Ceuta, que se suma a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora.
En materia de seguridad, los 90 millones de euros previstos incluyen un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y de 8 millones para la Guardia Civil. Otros 74 millones se destinarán al refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
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