Sociedad de Alquiler Garantizado dice que se tarda 11 meses de media en recuperar una vivienda tras un impago
MADRID 17 Ago. Agencias –
El tiempo medio necesario para recuperar una vivienda tras un impago alcanza ya los 11 meses en España en 2026, según los datos registrados por la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), que advierte de que en los procedimientos más complejos este plazo puede superar incluso los dos años entre el primer incumplimiento y la recuperación efectiva del inmueble.
Asimismo, la compañía ha señalado que esta situación ha llevado a muchos propietarios a endurecer las condiciones de acceso al alquiler o a retirar sus viviendas del mercado residencial, consolidándose la inseguridad jurídica como una de las principales preocupaciones de los arrendadores.
En este sentido, más del 70% de los propietarios considera la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda como el principal riesgo asociado al alquiler, pasando la incertidumbre sobre los plazos judiciales a ser un factor tan relevante como la propia rentabilidad obtenida, especialmente entre los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del mercado de alquiler en España.
En cuanto al impacto económico, el coste medio para SEAG en la cobertura a un propietario alcanza los 4.000 euros (teniendo en cuenta el proceso judicial, el mantenimiento de la vivienda y la no obtención de la renta).
Sin embargo, en los casos en los que el inquilino deja de pagar completamente la renta, las pérdidas por impago pueden situarse entre 10.000 y 13.000 euros para una renta de referencia de 700 euros al mes, suponiendo entre el 70% y el 80% del coste total.
A este montante se suman los gastos legales del procedimiento de desahucio (abogado, procurador y gastos procesales), que oscilan entre 800 y 1.500 euros (5%-10%), y los costes por daños y reacondicionamiento del inmueble, que varían entre 500 y 3.000 euros (10%-15%).
«Proteger a las familias vulnerables es imprescindible, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los propietarios», ha señalado la directora del Departamento Jurídico de SEAG, Daniela Salinas, quien ha advertido de que «la suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler».
Como consecuencia directa de esta situación, mientras España necesita incorporar cientos de miles de viviendas para absorber la demanda existente, parte de los arrendadores opta por mantener sus inmuebles vacíos, buscar alternativas al alquiler tradicional o incrementar las exigencias de solvencia a los candidatos.
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