Comunidades salvadoreñas toman en sus manos la gestión y defensa del agua
SAN SALVADOR – Obtener agua es una lucha constante en El Salvador, el país centroamericano con la menor disponibilidad del recurso por habitante en la región centroamericana.
Y por eso la población, sobre todo la que vive en comunidades rurales pobres, debe trabajar duro para obtenerlo y saciar su sed o para mantener vivos sus huertos caseros, ante el embate del cambio climático.
Y las comunidades deben trabajar duro no solo para superar los estragos de la variabilidad climática, que les trae pérdidas de sus cosechas y otros medios de vida, sino también para superar otras barreras: el avance de los consorcios agroindustriales e inmobiliarios y la indiferencia y acaso inoperancia del Estado, incapaz de llevarles agua a todos por igual.
¿Por qué las comunidades organizadas asumen un papel cada vez más importante para garantizar el acceso al agua?
Principalmente, porque es vital garantizar el acceso al agua ante dos presiones que se agravan: la variabilidad climática, con sequías y lluvias extremas que afectan la disponibilidad del recurso.
También las golpea la incapacidad del Estado para asegurar un suministro suficiente y continuo de agua potable por cañería. En ese escenario, la organización comunitaria se convierte en una respuesta para cubrir necesidades que los sistemas públicos no logran atender.
Un ejemplo reciente es Valle Verde I y II, en Apopa, donde unas 15 000 familias enfrentan problemas de abastecimiento desde hace años. El servicio, gestionado por una empresa privada, se agravó en 2026.
“Desde hace aproximadamente dos meses vivimos una crisis, no cae a ninguna hora del día”, dijo a IPS Abigaíl Hernández, residente de Valle Verde I.
La presión sobre el agua también genera conflictos entre comunidades rurales y proyectos empresariales, incluidos desarrollos inmobiliarios y actividades agroindustriales, como la producción de caña de azúcar para la industria azucarera, por el uso de fuentes y acuíferos.
En distintos territorios, las poblaciones han cuestionado proyectos que pueden reducir la disponibilidad del recurso del que dependen para el consumo y sus medios de vida.
A esas disputas se suman proyectos impulsados por el propio Estado.
En el este de El Salvador, la construcción del Aeropuerto del Pacífico, una obra de casi 400 millones de dólares, ha provocado impactos sobre fuentes de agua de las comunidades locales.
El agricultor Elmer Martínez contó a IPS, en una entrevista en marzo, que el río La Chepa ya fue soterrado y que “también han destruido como 10 nacimientos de agua”.
El contexto nacional ayuda a dimensionar estas presiones.
El Salvador, un país con 6,1 millones de habitantes, dispone de unos 3500 metros cúbicos de agua renovable por habitante al año, la menor disponibilidad per cápita de América Central. A la vez, registra un estrés hídrico de alrededor de 13 %, un indicador que mide la proporción del agua disponible que es extraída para usos humanos.
Ambas cifras muestran dimensiones distintas del problema: el país tiene una disponibilidad relativamente baja por persona, aunque la presión sobre el recurso todavía no figure entre las más altas.
De modo que, aunque el nivel de estrés no es tan alto, el país tiene un margen reducido para enfrentar sequías o disminuciones de las precipitaciones asociadas al cambio climático.
¿Qué soluciones desarrollan las comunidades para disponer, gestionar y almacenar agua frente a la escasez y la variabilidad climática?
Frente a la escasez y la irregularidad del agua, las comunidades han desarrollado soluciones que combinan infraestructura, organización local y tecnologías adaptadas a las condiciones de cada territorio, tanto para el consumo humano como para captar el recurso y poder mantener vivos, por ejemplo, huertos caseros.
Entre esas soluciones figuran la perforación de pozos, construcción de tanques y redes de distribución, captación de lluvia, reservorios y sistemas comunitarios de agua impulsados con energía solar.
En El Salvador existen unas 2500 Juntas Administradoras de Agua Potable, asociaciones comunitarias que han construido sus propios sistemas allí donde el servicio público no llega. Algunas perforan pozos, levantan tanques y extienden redes de tuberías, con aportes económicos y trabajo de los propios pobladores.
Por ejemplo, un sistema construido en Cangrejera, en el central departamento de La Libertad, en la franja costera del país, comenzó a operar en 1985 y actualmente abastece a 468 familias de nueve caseríos. El agua se bombea desde un pozo hasta un tanque situado en una colina y desde allí se distribuye por gravedad.
La captación de lluvia constituye otra respuesta en zonas donde los pozos se secan o resultan insuficientes.
En comunidades rurales también se han incorporado energías renovables para reducir los costos y asegurar el funcionamiento de los sistemas.
En El Mozote, una histórica comunidad de Morazán donde en diciembre de 1981 ocurrió la que es considerada la peor masacre de civiles de América Latina, una planta fotovoltaica comenzó en 2024 a mover el sistema municipal de agua que abastece a unas 360 familias.
En otros asentamientos de Suchitoto, en el centro del país, una zona que durante la guerra civil fue escenario de enfrentamientos, sistemas comunitarios combinan paneles solares con la red eléctrica nacional como respaldo.
Estas experiencias muestran una diversidad de respuestas construidas desde los territorios, desde obras de infraestructura comunitaria hasta mecanismos para captar, almacenar y bombear agua con tecnologías ajustadas a las condiciones locales.
¿Cómo contribuyen estos proyectos comunitarios al consumo, la producción y la seguridad alimentaria?
En el caserío Paraje Galán, de Candelaria de la Frontera, en el occidental departamento de Santa Ana, viven unas 400 familias campesinas y la falta de agua ya había comenzado a afectar la producción. Cristian Castillo, de 36 años, vio secarse el pozo con el que regaba su huerto de tomates.
Castillo instaló un tanque para cosechar agua de lluvia y recuperar la posibilidad de producir. Calculaba que podría cosechar unas 100 cajas de tomates de 13 kilogramos cada una, destinadas a la venta y al sostenimiento de su familia.
Experiencias similares muestran que el agua almacenada también puede sostener la producción pecuaria y mejorar la alimentación familiar.
En Jocote Dulce, Chinameca, un reservorio permitió a la familia de Gumersinda Crespo mantener productiva una vaca que les proporciona leche para el consumo y para elaborar queso. Cuando hay excedentes, la familia puede venderlos y obtener ingresos.
Los caseríos donde viven Castillo y Crespo se localizan en el Corredor Seco Centroamericano, una franja de unos 1600 kilómetros que cubre 35 % de América Central y donde viven más de 10,5 millones de personas. Aquí el agua casi siempre escasea.
En ese territorio, más de 73 % de la población rural vive en pobreza y 7,1 millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En San Pedro Nonualco, un proyecto de adaptación al cambio climático, impulsado por FAO, combinó la producción de alimentos con el manejo del agua.
El campesino Edgardo Pérez mostró a IPS una pileta donde captaba agua de lluvia y que, además, utilizaba para criar tilapias.
El plan, iniciado en agosto de 2019, había instalado 639 Escuelas de Campo para promover prácticas agroecológicas, con participación de 22 732 familias de 46 municipios del Corredor Seco salvadoreño.
El proyecto también contemplaba 352 sistemas de riego por goteo y había comenzado a instalar 320 sistemas domiciliarios de captación de agua de lluvia para consumo en 12 municipios.
Estas iniciativas buscaban que la gestión del agua no se limitara al abastecimiento doméstico, sino que contribuyera también a la producción de alimentos y a la adaptación de las familias campesinas a la variabilidad climática.
¿Qué limita la capacidad de las comunidades para sostener y ampliar estas soluciones frente al estrés hídrico y las deficiencias de los sistemas públicos?
Pero la capacidad de las comunidades para sostener y ampliar sus sistemas de agua enfrenta obstáculos financieros, ambientales e institucionales.
Mantener pozos, bombas, tanques y redes requiere recursos permanentes, mientras las fuentes pueden perder capacidad por la variabilidad climática o la presión creciente sobre los acuíferos.
En San Carlos Lempa, un sistema comunitario que abastece a 26 comunidades y unas 2000 familias enfrentó el descenso de casi tres metros en el nivel del pozo que lo abastece, hasta el punto de tener que establecer racionamientos.
La experiencia muestra que incluso sistemas construidos y gestionados durante décadas pueden quedar expuestos al deterioro de sus fuentes.
La competencia por las fuentes puede adquirir una dimensión considerable cuando las comunidades se enfrentan con proyectos empresariales.
En el distrito de Suchitoto, la Granja Avícola Suchitlán, de Avícola Salvadoreña S.A. de C.V., comenzó a construirse en mayo de 2023 en la comunidad La Mora, pese a la oposición de pobladores.
El proyecto contempla diez galeras y un pozo con una extracción estimada de 289.080 metros cúbicos de agua al año. La granja fue inaugurada en noviembre de 2024.
La formalización ante el Estado también plantea un desafío.
Aunque la inscripción de las Juntas de Agua ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) es obligatoria y el trámite es gratuito, el proceso exige documentación legal y administrativa.
De las aproximadamente 2500 juntas de agua que existían en el país, solo unas 500 habían avanzado en su inscripción ante la ASA, según datos difundidos por la prensa local: apenas 20 %.
La baja proporción plantea interrogantes sobre las dificultades que encuentran estas organizaciones para incorporarse al nuevo marco institucional.
El marco legal ofrece además una paradoja. La Ley General de Recursos Hídricos reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos, pero ese derecho no ha sido incorporado expresamente a la Constitución salvadoreña, pese a que la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, unicameral, tiene los votos para realizarlo.
La gestión del recurso corresponde a la ASA, mientras las comunidades continúan asumiendo en sus territorios parte de una tarea que el Estado tiene la obligación legal de garantizar.
ED: EG
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