7 agosto 2026
Cuba continúa su apertura económica mientras la crisis escuece cada día
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LA HABANA – Cuba continúa reforzando su paquete reformas económicas con una nueva norma que reduce la cantidad de actividades prohibidas para el sector privado, mientras la escasez de alimentos aumenta y Estados Unidos mantiene su presión con constantes sanciones a empresas estatales y funcionarios de la isla.

El martes 4 entró en vigor el decreto 160 de 2026, publicado una semana atrás en Gaceta Oficial, el cual reconoce que los actores económicos no estatales pueden ejercer cualquier actividad lícita, salvo aquellas expresamente prohibidas o condicionadas en su Anexo Único.

“La lista despenaliza muchas actividades que durante mucho tiempo estuvieron prohibidas”, dijo a IPS el economista Daniel Torralbas.

Si bien gobierno cubano reserva para un control estatal sectores que considera estratégicos —por cuestiones de seguridad nacional o de soberanía económica, generalmente—, como la industria armamentística, el tabaco o servicios de educación, atención médica o la prensa, “el Estado ha liberado prácticamente todo”, agregó el experto.

El paquete de 176 transformaciones económicas y sociales lo aprobó el 19 de junio la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento local, pocos días después de ser anunciado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

“En general, no se puede decir que la economía vaya a florecer de pronto porque el sector privado ya puede invertir en nuevos sectores. Ahora hace falta capital”: Daniel Torralbas.

Las hoy más de 15 600 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas aprobadas pueden administrar o adquirir recursos estatales, e invertir en rubros históricamente monopolizados por el Estado, como la producción de azúcar, hoteles, bancos, farmacias privadas e incluso participar en la industria biofarmacéutica, la extracción de petróleo, gas natural y minerales metalíferos.

A diferencia del anterior decreto 107 de 2024 —al cual sustituye—, que tenía 125 actividades prohibidas para todos los actores privados, la nueva norma las reduce a  solo 79, de las que 44 quedan prohibidas de forma absoluta, y el resto solo se permite bajo ciertas licencias, concesiones administrativas o en asociación con el Estado.

Con respecto a las actividades que requieren de determinadas condiciones, Torralbas teme que su “habilitación se convierta en un mecanismo para discriminar discrecionalmente quién puede ejercerlas o no”, y por eso, “es tan importante que haya reglas claras en el acceso y la aprobación” de las empresas.

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López, dijo el 28 de julio que estas nuevas medidas “no están yendo a la privatización de la economía”, porque la empresa estatal socialista mantiene su “papel fundamental”.

Para Torralbas, esta apertura tendrá un impacto a corto plazo, en el plazo de un año, “porque se abren oportunidades de negocio, que quizás no todas las empresas tengan el capital, pero las que pueden aprovechar la oportunidad, lo harán”

En febrero, mencionó como ejemplo, el gobierno despenalizó por primera vez la importación de combustible, y en pocos meses el sector privado ha creado toda una cadena logística de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de combustible que no existía hace seis meses.

Según un balance del US Census Bureau, la oficina federal para datos estadísticos de Estados Unidos, las compras cubanas de combustible estadounidense entre enero y junio fueron de 95,7 millones de dólares, mientras que la suma total entre 2002 y 2025 no alcanza los 1,3 millones.

La importación de diésel, gasolina y gas desde Estados Unidos —prácticamente la única fuente— por empresas privadas cubanas ha ido en aumento desde su autorización en febrero por parte de los dos gobiernos, pero la cifra se halla lejos de paliar la escasez generalizada de combustible en Cuba a partir del bloqueo petrolero establecido por Trump el 29 de enero.

“El problema está en la escala, porque las mipymes cubanas no tienen el capital que hace falta para suplir toda la demanda, por ejemplo, de combustible. En general, no se puede decir que la economía vaya a florecer de pronto porque el sector privado ya puede invertir en nuevos sectores. Ahora hace falta capital”, dijo Torralbas.

Vista interior de una farmacia estatal, en La Habana. El permiso para establecer farmacias privadas ha sido uno de los temas que más han despertado polémicas en Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Llegan las farmacias privadas

En redes sociales, una de las mayores polémicas han recaído sobre la prestación de servicios farmacéuticos, ahora permitidos para empresas privadas y cooperativas no agropecuarias.

“Es bueno que permitan las farmacias privadas, porque, de todas formas, nunca hay nada en las farmacias que funciona ahora. Y comprar cosas sensibles, como los bulbos para las inyecciones, es mejor en un sitio certificado que en la calle”, dijo a IPS la contadora Luisa González, una residente en La Habana de 46 años.

En la práctica, ante la escasez crónica de medicamentos en la red de farmacias públicas, el mercado negro, sin establecimientos oficiales ni control estatal, se ha convertido desde hace años en la principal fuente de fármacos para la población.

Según dijo a la prensa local Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, los participantes privados deberán cumplir “un estricto conjunto de requisitos”, que incluyen locales adecuados, personal cualificado y licencia operativa.

“Si permiten que se privaticen las farmacias, ¿qué será de nuestras farmacias estatales?”, inquirió Orlando Ramírez, un jubilado de la construcción de 72 años.

Este habanero expresó a IPS su temor de que en busca de mayores ingresos, la industria farmacéutica estatal termine vendiendo sus exiguas producciones a los establecimientos privados, en vez de abastecer la actual red de farmacias públicas, cuyos productos son subsidiados y generan más bien pérdidas para las arcas gubernamentales.

“Ahora son las farmacias, ¿pero qué será mañana?”, se preocupó Ramírez.

Exterior del hotel Meliá Habana, días antes de la retirada de la cadena española Meliá de sus operaciones en Cuba. El hundimiento del turismo en la isla ha provocado la desaparición de 25 000 empleos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Impacto de las presiones de Estados Unidos

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, en su intervención el 29 de julio en la última sesión del unicameral parlamento de la isla, advirtió que ya estaba aprobada jurídicamente más de 90 % de las transformaciones previstas con relación al paquete de reformas económicas.

Aseguró que ahora venía la etapa “más importante” y quizás “la más difícil”.

Según Marrero, en esta nueva etapa el país debía garantizar la aplicación efectiva de cada medida, corregir desviaciones y evaluar impactos en medio del bloqueo petrolero estadounidense y la persecución financiera.

“Durante este primer semestre del año, el país ha estado bajo el impacto de la agresión reforzada del gobierno de los Estados Unidos, a partir de la puesta en vigor de las órdenes ejecutivas, en particular la 14 404”, dijo.

La Orden Ejecutiva 14 404, firmada el 1 de mayo por el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el gobierno cubano, así como de quienes le hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente.

La medida provocó que siete cadenas hoteleras internacionales, así como empresas de otros sectores de la economía como la minería, la energía y las finanzas —Visa y MasterCard, por ejemplo—, cerraran sus actividades con Cuba.

Según Marrero, actualmente permanece cerrado 73 % de las instalaciones hoteleras del país, lo que provocó el cese de unos 25 000 puestos de trabajo.

“Si la orden ejecutiva de enero atacó el sector energético completo, con todos sus efectos consecuentes, la segunda orden ejecutiva (la 14 404) busca desmontar todo el capital extranjero que se ha invertido en Cuba en los últimos 30 años. Lamentablemente, lo está logrando”, dijo el economista Torralbas.

El comercio exterior, por su parte, ha sido uno de los mayores sectores impactados por las presiones de Estados Unidos. En mayo, dos compañías navieras europeas que mantenían operaciones con Cuba —la francesa Cma Cgm y la alemana Hapag-Lloyd— dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla.

Debido a esta paralización, más de 7000 contenedores de alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran actualmente retenidos en puertos del Caribe, reveló el primer ministro.

Un hombre camina por las instalaciones de la Terminal de Contenedores, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la provincia de Artemisa, al oeste de La Habana. La suspensión de las operaciones navieras con Cuba ha provocado que más de 7000 contenedores quedaran estancados en puertos caribeños, antes de llegar a Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Importaciones bloqueadas

En entrevistas con IPS, varios socios de empresas privadas afirmaron tener varados contenedores de diversos contenidos en Jamaica, Panamá o Colombia, por problemas a la hora de traerlos a Cuba.

Solo aquellos contenedores procedentes de Estados Unidos han tenido mejor suerte, al no sufrir con tanta fuerza las presiones de Washington.

Sin embargo, de acuerdo a un empresario cubano que prefirió mantenerse en anonimato, esa ventaja se ha ido revirtiendo y los envíos a la isla desde el país norteño han empezado a dificultarse.

Las afectaciones en Cuba con el comercio exterior, en un país que importa más del 80 % de los alimentos que consume, se ha ido traduciendo en el desabastecimiento de muchos comercios minoristas o un aumento excesivo de los precios de productos esenciales como el aceite de soja o girasol, cuyo precio casi ha duplicado en el último mes y ahora se puede encontrar en más de seis dólares el litro.

Esta nueva alza de los precios de los alimentos se suma a los problemas ya existentes con los servicios médicos, de transporte, agua o los eléctricos, con apagones de más de 20 horas en la capital y hasta tres días seguidos en las otras provincias.

Apenas el martes 4 volvió a quedar interconectado la red eléctrica de Cuba tras dos apagones nacionales en menos de 24 horas, con los que suman 12 cortes generales en dos años, además de otros de alcance regional y largas caídas programadas o no programadas del suministro que afectan a ciudades y pueblos cada día.

Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos condenaron las recientes medidas contra Cuba adoptadas por Estados Unidos y pidieron a la comunidad internacional evitar que se desarrolle en la isla una “Gaza silenciosa”, en una declaración divulgada este jueves 6.

“Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que, a sabiendas, privan a una población de los medios para sobrevivir, atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia misma de la dignidad humana”, afirmaron en el comunicado.

La declaración desestimó el informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que describe a Cuba como “una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica”.


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Según Torralbas, las presiones de Estados Unidos con su segunda orden ejecutiva no solo ha causado la percepción de Cuba como un destino no favorable para la inversión extranjera, sino que, además, miles de cubanos perdieran sus empleos y cayeran en situación de vulnerabilidad en un contexto de crisis “lleno de restricciones”.

En la sesión parlamentaria del 29 de julio, el gobierno cubano identificó más de 876 000 cubanos en situación de vulnerabilidad, en un país de 9,7 millones de habitantes, que ahora tendrán acceso a un nuevo sistema de asistencia social, a través de una plataforma digital.

Pero la administración Trump sigue intensificando la presión sobre Cuba con sanciones prácticamente semanales, en virtud de la misma Orden Ejecutiva 14 404.

El jueves 6 de agosto ocurrió la más reciente, con sanciones a cinco empresas estatales y ocho funcionarios del Ejército, entre los que se encuentra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

“Mientras existan las sanciones y Estados Unidos siga ahuyentando a los inversionistas y amenazando de guerra, es muy poco probable que vengan inversionistas extranjeros a un país con esas condiciones”, sentenció Torralbas.

ED: EG

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