El Principad defiende que el proyecto de Ley de Vivienda da respuesta a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas
OVIEDO 30 Jul. Agencias –
La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha valorado esta tarde el trabajo realizado por la Sindicatura de Cuentas en su informe sobre la promoción y gestión de los pisos protegidos durante 2023 y 2024 y considera sus recomendaciones una oportunidad para seguir fortaleciendo las políticas públicas en esta materia.
Según destaca el Gobierno regional a través de una nota de prensa, buena parte de las observaciones recogidas en este documento encuentran ya respuesta en el proyecto de Ley de Vivienda del Principado, aprobado ya por el Consejo de Gobierno y en tramitación en la Junta General.
La consejería considera que la principal conclusión del informe es la necesidad de culminar la aprobación de la Ley de Vivienda, que permitirá implantar por primera vez el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida. Este nuevo modelo, según recuerda el Principado, sustituirá el actual, basado en programas dispersos, por una estructura estable, permanente y planificada, e incorporará el Observatorio Asturiano de la Vivienda, nuevos registros públicos, un servicio de inspección con estructura propia y mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y control.
El Principado recuerda también que el informe de la Sindicatura fiscaliza los años 2023 y 2024, mientras que «la nueva ley nace precisamente para corregir limitaciones estructurales detectadas durante ese periodo».
Por otro lado, desde Vivienda aclaran que la normativa vigente no exige la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida (Red Viva) para acceder a la totalidad de los inmuebles protegidos. Este trámite solo resulta obligatorio en las promociones oficiales de carácter privado, mientras que las viviendas promovidas de forma directa por el Principado se adjudican según el Decreto 25/2013. Para las situaciones de emergencia habitacional, la tramitación se rige por la Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, por lo que las adjudicaciones por urgencia social o violencia de género se gestionan mediante procedimientos específicos, en muchos casos a propuesta de los servicios sociales municipales y sin requerir inscripción previa en Red Viva.
«La Sindicatura no está diciendo que sobren instrumentos; está recomendando precisamente crear los instrumentos que incorpora la Ley de Vivienda. Es decir, muchas de sus recomendaciones coinciden con el contenido del proyecto de ley cuya aprobación estamos impulsando», han trasladado fuentes de la consejería.
Por úlimo, Vivienda reafirma su compromiso «con el refuerzo de la planificación, la mejora de la información disponible y el avance hacia un sistema más integrado, transparente y evaluable». «La futura Ley de Vivienda permitirá que Asturias disponga, por primera vez, de un verdadero Sistema Asturiano de Vivienda Protegida par dar respuesta estructural a buena parte de las recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas», concluye la nota de prensa.
CL11
