El Tribunal de Cuentas desvela un agujero de 500 millones en productos financieros de varias empresas públicas
MADRID, 28 Jul. (Agencias) –
El Tribunal de Cuentas ha destapado un perjuicio económico de 490 millones de euros en varias empresas del sector público estatal derivado de la contratación de derivados financieros entre 2016 y 2023, según ha informado este martes en un informe de fiscalización.
En dicho informe, el organismo examina los derivados financieros mantenidos por las entidades del sector público empresarial estatal no financiero en dicho periodo. En concreto, ha fiscalizado a doce entidades públicas que representaban más del 90% de estos productos.
Las empresas son el Canal de Navarra, Adif, Adif Alta Velocidad, Aena, Renfe Operadora, las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Las Palmas; Acuaes, Acuamed, Enresa y Navantia. La mayoría de estas empresas (diez) mantenían ‘swaps’ que estaban vinculados a préstamos a tipo variable.
El objetivo de esos ‘swaps’ era el de actuar como una especie de seguro para las empresas públicas, de manera que pudieran cobrar si el índice de referencia sobre el que se sostenían, en este caso el Euríbor, subía de manera imprevista. Sin embargo, durante buena parte del periodo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, los tipos de interés se mantuvieron bajos o negativos.
La institución presidida por Enriqueta Chicano apunta en su informe, recogido por Europa Press, que estos instrumentos financieros sólo son eficaces para eliminar el riesgo de subida de los tipos de interés de los préstamos cuando estos son elevados y se prevé que continúen al alza, escenario totalmente opuesto al que había durante prácticamente todo el tiempo fiscalizado.
El informe apunta que en el periodo analizado las empresas tuvieron que pagar unos intereses netos totales asociados a los ‘swaps’ por importe de 401 millones de euros, de los que 383 millones correspondieron a la rama a tipo fijo a pagar y 18 millones a la rama variable.
OTROS 89 MILLONES POR CANCELACIÓN ANTICIPADA
Pero además, a esa cifra de 401 millones hay que sumar otros 89 millones en concepto de penalizaciones por cancelar de forma anticipada estos productos contratados con la banca. El documento revela que la mayoría de los organismos públicos ni verificó que los derivados se hubieran suscrito a precio de mercado ni el coste de las cancelaciones anticipadas.
De este importe, 34 millones correspondieron a la cancelación voluntaria de ocho ‘swaps’ por la Autoridad Portuaria de Valencia; y otros 46 millones a la cancelación de estos productos por parte de Acuamed.
El Tribunal considera que habría sido más prudente demorar esa decisión para comprobar si se consolidaba la mejora experimentada en la valoración de los derivados, tal como se desprendía al analizar en profundidad el informe de la consultora contratada para asesorarle.
En lo relativo al ‘swap’ de Acuamed, el organismo subraya que dicha operación no debería haberse suscrito por una entidad del sector público, pues incluía una cláusula de cancelación obligatoria anticipada que lo convertía en una mera apuesta sobre los tipos aplicables en una determinada fecha.
INACCIÓN ANTE EL PERJUICIO
A pesar del evidente perjuicio económico, el Tribunal de Cuentas constata la inacción de la mayoría de los gestores públicos, pues exceptuando a Aena y la Autoridad Portuaria de Valencia, ninguna de las empresas afectadas emprendió acciones legales ni presentó reclamaciones ante el Banco de España para disputar esta praxis bancaria o limitar el quebranto financiero.
La fiscalización denuncia asimismo que varias entidades de los sectores de fomento y agua –como las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Las Palmas, además de Acuaes o Acuamed– llegaron a contratar derivados complejos que incluían la venta implícita de opciones.
Estos productos especulativos limitaban las ganancias ante subidas del euríbor y exponían a las empresas públicas a pérdidas ilimitadas en escenarios de bajada de tipos.
El Tribunal apunta también serias fallas de gobernanza en grandes sociedades como Adif Alta Velocidad, Adif, Renfe Operadora o el Canal de Navarra. En estos casos, aunque los Consejos de Administración autorizaron las deudas principales, no fueron informados de forma transparente sobre la contratación, modificación o costes reales de los derivados asociados.
Con todo ello, el organismo recomienda reforzar la participación de los consejos de administración en la definición de las políticas de cobertura de riesgos financieros y realizar una consulta al Banco de España o el ejercicio de acciones judiciales respecto de las liquidaciones de la rama variable de los ‘swaps’ durante los periodos de tipos negativos.
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