La oposición pide a Llucmajor piden un plan de emergencia ante el riesgo sanitario por la basura acumulada
– PSIB
PALMA 22 Jul. Agencias –
Los cuatro grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Llucmajor han pedido al equipo de gobierno municipal que elabore un plan de choque de emergencia ante el riesgo sanitario generado por la acumulación de basura en las zonas de s’Arenal y Urbanitzacions.
La propuesta, firmada por el PSIB, MÉS, Llibertat Llucmajor y s’Ull, se ha presentado este miércoles en la comisión informativa previa al pleno que se celebrará la semana que viene.
La iniciativa, según han informado los cuatro partidos en un comunicado conjunto, busca instar al equipo de gobierno a reestablecer un servicio mínimo de recogida de residuos ante el «caos» del sistema «deficiente» que fue implantado hace unos años, que se ha «agravado» por la suciedad acumulada en la actualidad.
También reclama a la alcaldesa, Xisca Lascolas, que declare formalmente la existencia de una situación de «grave riesgo para la salubridad pública» y a activar la tramitación de emergencia prevista a la ley de contratos del sector público con el objetivo de contratar de manera inmediata un servicio extraordinario de refuerzo que incorpore los medios personales y materiales necesarios para eliminar la acumulación de residuos.
Este servicio extraordinario, han exigido, debería mantenerse operativo hasta que entre en funcionamiento el nuevo contrato de recogida de residuos.
Su intención es que el equipo de gobierno, en un plazo máximo de dos meses, comparezca en el pleno para dar cuenta de las medidas que se hayan puesto en marcha.
LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
La «acumulación persistente» de residuos en las zonas de s’Arenal y Urbanitzacions, han denunciado públicamente, ha generado un «deterioro evidente de la salubridad pública, del medio ambiente urbano y de la imagen» del municipio.
Todo ello ha derivado en la existencia de «malos olores, insectos, roedores y otros vectores que suponen un riesgo claro para la salud pública».
Aunque la oposición sitúa el inicio de las problemáticas en 2015, han alertado de que la situación se intensificó «de manera acusada» en 2024, coincidiendo con la finalización del contrato con la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente y la prolongación del servicio mediante una orden de continuidad que «no garantiza la prestación adecuada de un servicio esencial».
El procedimiento para adjudicar el nuevo contrato, han recordado, todavía no ha concluido y, según los términos administrativos, «difícilmente entrará en vigor antes de un año».
A su parecer, es «inadmisible» que esta circunstancia «sirva de justificación para mantener durante meses una situación de insalubridad generalizada»
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