El PP dice que la Comisión Europea «suspende a España en corrupción, independencia judicial y medios públicos»
MADRID, 17 Jul. (Agencias) –
El PP ha asegurado este viernes que la Comisión Europea «suspende a España en corrupción, independencia judicial y medios públicos» en su Informe del Estado de Derecho 2026. A su entender, España es «motivo de preocupación» para el Ejecutivo comunitario, según ha indicado el partido en un comunicado.
En las recomendaciones que Bruselas publica en su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete pero que no son vinculantes para los gobiernos, la Comisión Europea ha reclamado a España más medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos a la luz de los avances «limitados» de las reformas emprendidas hasta ahora.
Los servicios comunitarios constatan «algunos avances» para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos de los casos de corrupción de alto nivel, incluido el aumento de platillas y reformas legislativas, pero a ojos de Bruselas son necesarias más medidas porque «persisten los desafíos» y también la tramitación de estas reformas está siendo lenta.
FEIJÓO PROMETE UN PLAN DE REGENERACIÓN INSTITUCIONAL SI GOBIERNA
En un acto en Santa Cruz de Tenerife, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la Comisión Europea ha vuelto a señalar hoy «lo que ya saben», que «la calidad democrática en España se está viendo seriamente dañada».
«Lo dice el informe del Estado de derecho de la Comisión. ¡Y cómo no lo va a decir si tenemos a un Gobierno que señala a jueces, a fiscales, a los miembros de la Guardia Civil que están destinados en la UCO, a los policías que están en la UDEF, si el Gobierno está manchado de corrupción por todas partes y si Sánchez lleva un mes gobernando en contra del Congreso de los Diputados!», ha exclamado, para anunciar un «plan de limpieza institucional» si llega al Palacio de la Moncloa.
Después, en un comunicado, el PP ha indicado que ese informe representa «el diagnóstico más completo y a la vez más preocupante que la Comisión Europea ha hecho jamás sobre el Estado de Derecho en España».
Según el PP, ese informe se hace eco del «malestar» de jueces y los profesionales del Derecho, que siguen «manifestando su preocupación por las declaraciones públicas de responsables políticos que atacan las decisiones de los tribunales». «Cada vez son más habituales las críticas de ministros del Gobierno, el Partido Socialista y sus socios parlamentarios al Poder Judicial», ha añadido.
En materia de corrupción, el PP ha subrayado que la Comisión Europea considera que «siguen existiendo dificultades en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel debido a la participación de múltiples investigados, la prolongación de los recursos, los retrasos en la cooperación judicial internacional, la complejidad de las investigaciones, la falta de recursos y la ausencia de órganos judiciales especializados».
Además, el PP ha destacado que el informe también señala los «avances limitados a la hora de robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración».
En cuanto a RTVE, el Partido Popular ha indicado que el informe reconoce «que persisten riesgos relacionados con la independencia editorial y la interferencia política en los medios públicos».
RECOMENDACIONES YA FORMULADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
El PP ha asegurado que muchas de las observaciones de la Comisión no son nuevas, ya que el informe de 2026 reitera «recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores sobre la reforma del CGPJ, la independencia del Ministerio Fiscal, los conflictos de interés, la regulación de los lobbies o la lucha contra la corrupción».
«En definitiva, la Comisión Europea considera que el Gobierno de España sigue sin completar las principales reformas estructurales que viene reclamando desde hace años. Aunque reconoce la existencia de iniciativas legislativas y planes de actuación, insiste en que los problemas estructurales persisten y mantiene prácticamente intactas las recomendaciones dirigidas a España», ha finalizado.
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