La AJFV apoya a los jueces que han condenado al hermano de Sánchez tras las «descalificaciones del Gobierno»
MADRID 14 Jul. –
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su apoyo a los magistrados que han condenado a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «ante las graves descalificaciones del Gobierno y otros dirigentes políticos», porque la sentencia ha sido «unánime» y «es susceptible de ser revisada».
Así ha reaccionado la asociación judicial a las críticas vertidas por algunos miembros del Gobierno después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa por cooperación necesaria, tras el juicio por la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz que le fue adjudicada en 2016.
Tras conocerse la resolución, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado que el hermano de Sánchez es «inocente», por lo que espera que instancias superiores corrijan su condena. Otros miembros del Gobierno como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha opinado que «hay mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia».
En este contexto, la asociación judicial ha expresado su «rechazo firme» ante lo que considera como «descalificaciones dirigidas por destacados miembros del Gobierno de España y dirigentes políticos contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz» que han condenado a David Sánchez.
«En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica y de discrepancia. Pero lo que resulta incompatible con el respeto debido a las instituciones es convertir cada resolución que contraría los intereses de un determinado partido o de sus dirigentes en una excusa para poner en cuestión la independencia de los jueces o para atribuirles con ligereza y desconocimiento intenciones espurias sin el menor fundamento», ha señalado.
La AJFV ha criticado que «cuando una resolución judicial resulta incómoda para responsables políticos, en lugar de combatirla con argumentos jurídicos y a través de los cauces legalmente establecidos, se desacredita a quienes la han dictado, se cuestiona su imparcialidad y se proyecta sobre toda la carrera judicial una sospecha injusta y peligrosa».
«Esa forma de proceder perjudica a los magistrados afectados, pero también deteriora la confianza de los ciudadanos en una institución esencial para el funcionamiento de nuestra democracia. Esparcir sospechas infundadas una y otra vez sobre los jueces no es defender ni el Estado de Derecho ni la democracia. Es, por el contrario, contribuir a su deterioro constante», ha agregado.
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