Interior analiza la sentencia del Supremo que veta las devoluciones de migrantes rescatados en el mar
CEUTA 14 Jul. –
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciado este martes que el Ministerio del Interior se encuentra «analizando» la reciente sentencia de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en frontera de los migrantes rescatados en el mar.
«Es una sentencia que salió hace pocos días y estamos ahora mismo analizándolo. Es el Ministerio del Interior el que está llevando el análisis correspondiente, puesto que es una sentencia de gran calado técnico», ha reconocido Triano en una comparecencia ofrecida este martes en la sede de la Delegación.
«Una vez que se realice ese análisis, se estudiarán las soluciones pertinentes y las soluciones que se crean desde el Ministerio del Interior que son mejores para todos», ha continuado.
El representante del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre las advertencias realizadas por organizaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que consideran que la resolución judicial puede favorecer un «efecto llamada» y aumentar la presión migratoria sobre las fronteras de Ceuta y Melilla.
Pérez Triano se ha limitado a señalar que el Ejecutivo mantiene el refuerzo de los dispositivos de vigilancia fronteriza. «Se están poniendo todos los medios a nuestro alcance, se está reforzando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, tanto con medios materiales y próximamente también humanos, y la frontera está perfectamente segura y vamos a seguir trabajando en ese sentido», ha afirmado.
EL SUP ALERTA
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido este martes en un comunicado del «impacto directo y desestabilizador» que, a su juicio, tendrá la sentencia sobre el trabajo policial en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La organización sostiene que la resolución obliga a tramitar un procedimiento ordinario de devolución para cada migrante interceptado o rescatado en el mar, lo que elimina la posibilidad de efectuar rechazos inmediatos en frontera y conlleva un incremento de las diligencias administrativas, los procesos de identificación, la asistencia letrada e intérpretes y la comprobación de posibles solicitudes de protección internacional.
Según el sindicato, esta carga recaerá sobre unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que «ya soportan una presión asistencial muy superior a su capacidad real», por lo que reclama un refuerzo de efectivos y medios para evitar la saturación de los servicios policiales.
Además, el SUP considera «imprescindible» valorar el mensaje que la nueva situación jurídica puede trasladar a las redes dedicadas a la inmigración irregular. A su juicio, las organizaciones criminales adaptan sus rutas cuando detectan que los procedimientos de devolución son más lentos o complejos, por lo que teme que la sentencia pueda traducirse en un incremento de las salidas hacia las fronteras españolas si no va acompañada de un refuerzo operativo suficiente.
CL11
