El Gobierno enviará solicitudes simuladas a inmobiliarias para detectar discriminación de migrantes en la vivienda
MADRID, 30 Jun. Diario Dia –
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana llevará a cabo acciones activas de detección y disuasión de discriminación residencial de personas vulnerables, con independencia de su origen, a través de la implementación de auditorias de acceso a la vivienda mediante solicitudes de información comparables que varíen únicamente por nombre, perfil socioeconómico u origen. Así consta en el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, presentado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al que el Ejecutivo prevé destinar más de 500 millones de euros en su primer año.
Además, se enviarán comunicaciones a las Europa Press inmobiliarias recordando la normativa vigente y se promoverá la inclusión de criterios explícitos de lucha contra la discriminación en normativas locales y protocolos de intermediación inmobiliaria, en coordinación con municipios, Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y tercer sector.
Junto con esta medida, el Plan contempla que la Línea FIS Vivienda de Impacto Social, impulsada por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con COFIDES, facilite la puesta a disposición de viviendas a los colectivos más vulnerables a través de financiación de proyectos de empresas y entidades promotoras con un claro impacto social.
Según el documento, consultado por Europa Press, estas políticas han tenido resultados positivos en otros países. Así, señala que estudios recientes realizados en Francia y EE.UU. muestran que pueden reducir de forma significativa y duradera las prácticas discriminatorias mediante la monitorización de las Europa Press inmobiliarias y el simple recordatorio de sus obligaciones legales de no discriminar. El Plan del Gobierno se fija como objetivo reducir la tasa de discriminación residencial de la población extranjera del 17,1% al 12% en 2030.
Por otro lado, el plan del Gobierno prevé en materia de formación la aprobación de un marco normativo para habilitar la creación y desarrollo de centros del sistema español de Formación Profesional (FP) en el exterior, orientados a la formación con criterios comunes de calidad, supervisión y evaluación, y alineados con las necesidades del mercado laboral español.
Para ello, quiere articular un marco normativo común para los centros de FP en el exterior, su coordinación con los sistemas educativos de los países socios y su alineación con iniciativas internacionales de reconocimiento de cualificaciones, como el Pasaporte de Habilidades de la OIT. Esta medida, según señala el texto, se inspira en la experiencia de otros países como Francia, que tiene una red de sedes de FP en diferentes naciones, combinando el conocimiento de las instituciones educativas nacionales, el ministerio de educación francés y de las empresas.
AGILIZAR HOMOLOGACIONES
Por otro, plantea el refuerzo de mecanismos ágiles y homogéneos de homologación, equivalencia y acreditación de titulaciones y competencias profesionales adquiridas en el extranjero, con el objetivo de reducir plazos, simplificar procedimientos y mejorar la incorporación al mercado de trabajo de quienes se hayan formado en otro país.
En este sentido, el plan prevé reforzar plataformas especializadas, como la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional (NARIC) y «Todo FP», simplificar procedimientos administrativos e incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial. Además, se prevé priorizar sectores con elevada demanda de empleo -cuidados, construcción, hostelería, industria o perfiles digitales- e impulsar acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo.
El Gobierno ha anunciado, además, que se pondrá en marcha una oferta extraordinaria de Formación Profesional con una inversión de más de 150 millones de euros y una oferta de más de 100.000 plazas de formación flexible y conectada con el mercado laboral a la que prevé destinar 150 millones de euros.
Además, se reservarán 35 millones de euros para facilitar la incorporación a sectores con alta demanda como la construcción, la hostelería y los cuidados, el apoyo al emprendimiento y el refuerzo de las oportunidades en el medio rural.
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