El Defensor del Pueblo advierte en el Congreso de que el abuso de poder o la corrupción «desalientan» a los ciudadanos

   MADRID, 28 Diario Dia

   El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido en el Pleno del Congreso de que el abuso de poder o la corrupción «desalientan» a los ciudadanos.

   «La mala administración o el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos, así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas», ha asegurado.

   Así lo ha expresado en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para presentar el informe de la institución correspondiente al 2025.

   Durante su discurso, Gabilondo ha alertado de que España atraviesa «tiempos complejos geopolíticamente», con «efectos directos» en la vida cotidiana, una situación que, según ha señalado, pone a prueba convicciones, principios y valores que la sociedad creía «a salvo».

   En este sentido, ha apuntado que el informe es el reflejo de las quejas «de aquellos ciudadanos que a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles confían en las instituciones y, en este caso, en el Defensor del Pueblo para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas».

   En materia social, respecto al contenido del informe, el Defensor del Pueblo se ha referido retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad y de la dependencia, que «impide el acceso a tiempo a las prestaciones y servicios que necesitan quienes ya han perdido su autonomía personal».

    En este sentido, ha pedido que si las personas dependientes fallecen antes de llegar a recibir sus prestaciones sean indemnizados sus herederos en las cuantías ya devengadas. «En 2025 se han formulado recomendaciones sobre esta cuestión a varias comunidades autónomas», ha apuntado.

   Por otro lado, ha recalcado que es «importante» ir hacia un modelo que homologue criterios entre las distintas oficinas de extranjería y aborde las «demoras» en la tramitación de los procedimientos.

   Del mismo modo, de la «problemática» generada por la nueva interpretación normativa que impide a solicitantes de asilo acceder a autorizaciones de residencia por arraigo mientras se tramita su protección internacional.

    Gabilondo ha hecho alusión, además, a las condiciones de acogida humanitaria de personas que no pueden ser expulsadas o devueltas a sus países de origen y a las actuaciones relacionadas con los procedimientos de protección internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

   Otro de los asuntos destacados por Gabilondo ha sido la situación de las víctimas de trata con fines de explotación laboral. El Defensor del Pueblo ha denunciado que la protección de estas víctimas «no ha avanzado en la misma medida» que la de las víctimas de explotación sexual.

   En materia de violencia de género, ha reclamado mejoras en la protección de las víctimas y en la coordinación institucional, al mismo tiempo que ha trasladado «dolor y pésame» a las familias de las víctimas. «Expresamos nuestro dolor y pésame en las familias ya llegadas y hemos de trabajar y de proseguir los procedimientos para evitar esta violencia», ha indicado.

   Relativo a vivienda, ha señalado que las quejas recibidas durante 2025 constatan las «dificultades» de acceso a la vivienda en compra y alquiler. En este punto, ha remarcado que en este ejercicio ha vuelto a trasladar a los actores con competencia en la materia «la necesidad» de incrementar la oferta de viviendas en España y la «imperiosa necesidad de incrementar de manera significativa el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado destinado al alquiler».

MÁS DE 38.000 QUEJAS EN 2025

   En 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.

   Además, atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial. También formuló 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. En concreto, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

   En el turno de portavoces, el socialista Rufino Sancho ha abogado por un «estado de bienestar que proteja, que acompañe y que no abandone a nadie y menos a los más vulnerables». En este sentido, ha señalado los abusos sexuales en la Iglesia como una de las «injusticias más dolorosas que se han producido en este país», debido a la «falta de respuesta».

   «Por esto, este informe no es solo una recopilación de quejas. Es un espejo del país que somos. Y una advertencia sobre el país que no debemos permitir ser. Y tenemos dos opciones: mirar hacia otro lado, como hace la derecha y la ultraderecha de este país, aceptando la desigualdad como inevitable, o actuar como el gobierno de Pedro Sánchez y combatirla con políticas públicas valientes, progresistas, que no dejen fuera a nadie», ha apuntado.

   Por parte del PP, María Eugenia Carballedo ha denunciado la «trama criminal» en la estructura del PSOE y ha advertido de que «lo que desmoraliza, es la corrupción sistémica que cerca al presidente del Gobierno». En esta línea, ha pedido al Defensor del Pueblo que «no se quede impasible ante tanta podredumbre». Además, la diputada ‘popular’ ha relacionado la regularización de migrantes con un «vuelco del censo electoral a marchas forzadas».

VOX CRITICA EL INFORME

   Mientras, Ignacio Hoces, de Vox, ha criticado el informe del Defensor del Pueblo por considerar que «se parece muy poco a la España real» y ha acusado Gabilondo de centrarse en «obsesiones ideológicas» mientras «abandona al pueblo». Además, ha tildado de lo «más preocupante» el enfoque y la perspectiva del documento, que, a su juicio, «intenta silenciar cualquier tipo de crítica sobre la inmigración».

    Por Sumar, Viviane Ogou ha explicado que migrantes pasan años esperando la resolución de sus expedientes pese a trabajar y cotizar en España y ha criticado que la reforma del Reglamento de Extranjería haya dejado a personas en situación irregular hasta cuatro años. Así, ha reclamado una nueva modificación para evitar que el problema se repita.

   Noemí Santana, de Podemos, ha pedido «verdad, justicia y reparación» para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, en el contexto de la próxima comparecencia del Papa en el Congreso. Asimismo, ha reclamado archivos relacionados con el Patronato de Protección a la Mujer y los casos de bebés robados.

   Mientras, Francesc-Marc Vidal, de ERC, ha denunciado la situación de los solicitantes de asilo, «constantemente con dificultades» y con «informaciones contradictorias» por parte de diferentes administraciones. Desde Junts, Josep Pagés ha acusado al Estado de incumplir directivas europeas sobre empleo temporal y ha reclamado medidas más contundentes para garantizar la estabilidad laboral en el sector público.

   Por EH Bildu, Isabel Pozueta, ha denunciado la falta de formación en perspectiva de género entre operadores judiciales, que provoca «valoraciones de riesgo insuficientes o contradictorias y revictimización institucional». También ha alertado de que el retraso legislativo de la ley de violencia vicaria deja desprotegidas a las víctimas.

   En cambio, Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, ha denunciado limitaciones en el uso del euskera en la administración pública, la justicia y los servicios públicos.

   Finalmente, Alberto Catalán, de UPN, ha avisado del aumento de la «desigualdad» económica y ha denunciado la «vergonzosa» demora en las valoraciones de discapacidad y dependencia.

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