Teresa, 85 años y con grado II de dependencia, un año atrapada en su casa sin ascensor: «Echo de menos ver el sol»

   MADRID, 12 Jul. (Agencias) –

   Teresa tiene 85 años y el grado II de dependencia concedido. Desde hace un año vive atrapada entre las cuatro paredes de su vivienda, una segunda planta de un edificio antiguo que no tenía ascensor. Aunque recientemente instalaron el elevador, aún no lo han podido inaugurar por unos trámites burocráticos.

   «Lo que más echo de menos es ver el sol», indica Teresa en una entrevista con Europa Press. Lo más frustrante para ella y su familia es ver que el ascensor está construido pero no pueden utilizarlo. Las obras empezaron en 2024 y finalizaron en torno a mayo de 2025, hace más de un año pero, según explican, no pueden ponerlo en funcionamiento por «problemas burocráticos».

    La hija de Teresa, Maite, de 54 años, es la que atiende diariamente a su madre, la levanta, la viste, la ayuda en el aseo y la acuesta. Por la casa, Teresa se mueve en una pequeña silla de ruedas a veces y otras, con un andador, aunque en este caso, tarda media hora para llegar al baño. «Mi hija me asiste en todo, porque yo no tengo autonomía ninguna», dice Teresa, mientras Maite asegura que «lo primero» es que ella esté atendida. «Luego va todo lo demás. Nos organizamos día a día, poco a poco, como podemos», reconoce.

   Sin contar con las visitas obligatorias al médico, la última vez que Teresa bajó a la calle por su propio pie fue el 28 de julio de 2025. Desde entonces, vive un «confinamiento obligatorio» que cada vez se hace «más cuesta arriba» y cuenta que en este tiempo ha perdido citas médicas.

   «Sentimos mucha frustración y mucha impotencia también a la vez porque te das cuenta de que lo tienes ahí y por problemas burocráticos, de papeles que siempre faltan, pues no llega nunca, te sientes impotente», explica la hija.

   Entre las situaciones más críticas que han vivido este último año, recuerdan cuando se cayó y tuvieron que llamar a través de la pulsera de teleasistencia para que la llevaran a urgencias. «Nos atendieron muy bien y rápido y nos enviaron una ambulancia», detallan.

    La última vez, cuando la subían a pulso por las escaleras de la vivienda, una de las técnicos de la ambulancia se cayó y aunque, por suerte, Teresa no llegó a caer al suelo, sí le repercutió el golpe y desde entonces, le han salido magulladuras por todo el cuerpo.

   La situación afecta también al marido de Teresa, Juan Manuel, quien resume sus sentimientos en «frustración e impotencia total». «Te mina los ánimos y el carácter. Puedes coger una depresión por menos de nada porque te das cuenta de que les importamos un pimiento», añade su hija. «Estar encerrada por obligación es muy triste», zanja.

   Según apunta, les han dicho que el ascensor no puede ponerse en funcionamiento porque está pendiente el visto bueno al proyecto de pocería. Desde el Canal de Isabel II han explicado a Agencias que el problema radica en la incapacidad de la empresa de pocería contratada por la comunidad para tramitar correctamente los expedientes.

   Tras conocer la situación de Teresa, el Canal de Isabel II, con la voluntad de facilitar la situación, se puso en contacto con la empresa de pocería para insistirles en la documentación pendiente y, según aseguran, en esta semana, la empresa ya les ha remitido algunos de los documentos que faltaban, avanzando así en las diligencias.

100.000 PERSONAS ATRAPADAS, UN «CRIMEN SOCIAL»

   El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha calificado de «crimen social» la situación que, al igual que Teresa, viven unas 100.000 personas en toda España por falta de accesibilidad.

   «Calificarla es sencillo. La mayor vulneración del derecho a entornos accesibles que soportan las personas con discapacidad y también las personas mayores. La accesibilidad universal al bien básico de la vivienda es la llave para ejercer derechos fundamentales. Y en el caso de sus hogares, 100.000 personas lo tienen absolutamente negado. Esto es pura y simplemente un crimen social», ha subrayado Pérez Bueno en una entrevista con Agencias.

   El «gran obstáculo», según explica, es la «pésima y anticuada regulación legal, la Ley de Propiedad Horizontal», que data de los años 60 del siglo XX y que, aunque ha ido modificándose, lo ha hecho «muy lejos de lo planteado y deseado por el movimiento social de la discapacidad».

   Pese a que la ley declara que la accesibilidad es un deber y que los inmuebles deben ser accesibles, si las obras de accesibilidad superan las 12 mensualidades de gastos comunes de la comunidad, se necesita el voto de la mayoría de los propietarios. «Solo es obligatorio si no supera ese umbral, las doce mensualidades. Esto es profundamente incoherente e injusto», precisa.

   Pérez Bueno señala que el cambio legal pasa «inexcusablemente» por eliminar ese límite de doce mensualidades, de forma que «si una persona con discapacidad, oficialmente reconocida, o una persona mayor de 70 años, que viva, trabaje o preste servicios altruistas en ese inmueble, solicita la realización de las obras de accesibilidad» estas sean obligatorias para la comunidad. También pide más financiación pública para este propósito a disposición de las comunidades.

   Además, puntualiza que «la casuística es enorme y recurrente» y que «no basta con que haya elementos de accesibilidad» sino que ha de existir «una buena gestión de la accesibilidad».

   «A veces confluyen factores, como, por ejemplo, falta o irregularidad del suministro eléctrico, que depende de las compañías energéticas, que impiden el funcionamiento de ascensores o elevadores allí donde los hay y se suponía que el problema de accesibilidad estaba resuelto», precisa.

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

   Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han indicado a Agencias que el nuevo Proyecto de Ley de reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que se votará este martes en el Pleno del Congreso, incluye «una reforma de la ley de propiedad horizontal para blindar la accesibilidad y ofrecer recursos económicos por ley a las comunidades de propietarios que tengan que poner un ascensor o una rampa».

   Según señalan, desde el Ministerio quieren «generar obligaciones» para que la accesibilidad tenga «prioridad» en las comunidades de propietarios pero también «ofrecer presupuesto para asumir las posibles derramas» para evitar que haya personas «presas de sus propios hogares» o «condenadas a un exilio de sus barrios a instituciones».

    Mientras tanto, 100.000 personas siguen atrapadas en sus hogares a la espera de poder salir a la calle para encontrarse con sus familiares, con sus vecinos o para poder ir a la graduación de sus nietos, como dice Teresa, cuya vida diaria se ha reducido a «las cuatro paredes» de su casa.

   Ella tiene claro lo primero que hará cuando inauguren su ascensor: «Que me dé el aire y el sol». Lo segundo, añade, «pasear por el barrio y ver a la gente».

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