La pasarela al RETA para mutualistas avanza en el Congreso con la abstención de PP, Vox y Junts


MADRID, 26 Diario Dia
La Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado este martes el dictamen de la ley con la que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA), sin votos en contra y la abstención de PP, Vox y Junts.
Superado este trámite, el texto tiene que elevarse y votarse en el Pleno para culminar su tramitación en el Congreso. La fecha inicialmente prevista para la votación en Pleno era este mismo jueves, pero se ha pospuesto al 10 de junio. Después el texto se irá al Senado antes de llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Aunque en la votación en comisión no ha habido ningún voto en contra al texto, el PP, Vox y Junts sí han aprovechado sus turnos de intervención para expresar sus quejas por los vetos que el Ejecutivo ha presentado por motivos presupuestarios a diferentes enmiendas transaccionales que habían presentado, potestad la del veto reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución.
En concreto, la Carta Magna permite al Ejecutivo presentar su disconformidad con la tramitación de medidas legislativas, como es el caso de estas enmiendas, si suponen un aumento del gasto o una reducción de los ingresos.
SE EXCLUYE DEL RETA A 47.000 MUTUALISTAS LISTOS PARA JUBILARSE
Una de las enmiendas vetadas, pactada entre PP y Junts, buscaba que aquellos mutualistas que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social también pudiesen traspasar sus derechos económicos al Régimen de Autónomos (RETA). La medida beneficiaba a 47.000 personas.
Pero también se ha vetado otra medida de PP y Junts que buscaba extender las mutualidades y permitir su convivencia con el Régimen de Autónomos. En el veto a esa enmienda, recogido por Europa Press, el Gobierno dice que con esa medida «no se identifica un coste económico directo, pero sí un riesgo de generar una futura pasarela, con el coste que supusiera en función del número de mutualistas que ejercieran la opción».
La portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, ha reprochado en este marco el veto del Gobierno cuando, según el escrito de disconformidad, «no existe ningún coste presupuestario». Tanto el portavoz de Junts, Josep Maria Cervera, como el de Vox, Juan José Aizcorbe, han suscrito las quejas de Moro.
HABRÁ TRES MESES PARA DESARROLLAR LA PASARELA
Más allá de los vetos del Gobierno, motivo que incluso obligó a posponer la comisión una semana, la comisión ha seguido su transcurso con la votación de las diferentes enmiendas transaccionales y al articulado que han presentado los grupos parlamentarios.
Y varias han salido adelante, como es el caso de una enmienda transaccional de Sumar, ERC y EH Bildu para que reglamentariamente, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, se establezcan los términos y condiciones de la transferencia de derechos económicos acumulados, y para la conversión de dichos derechos a periodos cotizados en el RETA.
Otra propuesta pactada por esos tres grupos que ha salido adelante es una para que los mutualistas que hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026 puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el momento de reconocimiento de la pensión de jubilación, a los «exclusivos efectos» del porcentaje a aplicar a la base reguladora.
EL TRASPASO NO TENDRÁ EFECTOS FISCALES
Por otro lado, la comisión ha dado el visto bueno a una transaccional de PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria para que la transferencia de los derechos económicos acumulados en las mutualidades autorizadas para actuar como alternativas al RETA no tengan consecuencias fiscales a efectos del IRPF.
Los mismos grupos han conseguido respaldo para una transaccional que establece la obligación para las mutualidades de desarrollar semestralmente un informe que contenga, de forma transparente y clara, toda la información relevante referente a los fondos de sus mutualistas y su evolución.
Entre otros puntos, dicho informe tiene que indicar el valor actual actuarial de la renta inicial de los fondos, calculada conforme a criterios contrastables y equitativos, así como de las operaciones realizadas y cuyo coste pudiera recaer en los mutualistas. Asimismo, se le deberán facilitar los documentos que contribuyan a la comprensión de las operaciones realizadas y también los relativos a la actividad de la respectiva mutualidad.
Las mutualidades deberán, además, remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones toda la documentación que le permita realizar su función de supervisión continua, mediante la comprobación, entre otros, de los estados financieros y contables, el análisis económico financiero, la revisión del cumplimiento normativo y la evolución de los riesgos y de la solvencia de dichas mutualidades.
PP Y JUNTS ‘CUELAN’ ENMIENDAS, CON EL GOBIERNO EN CONTRA
Además de las enmiendas transaccionales, la comisión ha aprobado varias enmiendas de PP y Junts a pesar de tener el voto en contra de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar.
Precisamente una de Junts elimina la obligación para los mutualistas de suscribirse, después del 1 de enero de 2027, al Régimen de Autónomos y mantiene el sistema de mutualismo alternativo, de manera que se mantiene el régimen de mutualidades alternativas.
Así, la reforma dicta que los mutualistas que quieran optar por este régimen tienen que tener los mismos derechos que el ordenamiento jurídico en su conjunto reconozca a los trabajadores por cuenta propia o autónomos y cuya financiación no se encuentre estrictamente vinculada a las cotizaciones a dicho régimen especial.
Junts también ha conseguido respaldo a una enmienda para que antes del 31 de diciembre de 2030, el Gobierno elabore un informe de evaluación sobre el régimen de alternatividad de las mutualidades de previsión social con respecto al RETA.
En lo que respecta a las enmiendas del PP, se ha aprobado una medida para que el Ejecutivo, en el plazo de un año, apruebe las reformas normativas precisas para dotar al sistema de mayores garantías de transparencia en la información, supervisión y control de las mutualidades respecto de los profesionales colegiados que opten por mantenerse o acceder a las mutualidades de previsión social con carácter alternativo al régimen de Seguridad Social.
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