La UCO no aprecia enriquecimiento ilícito de Begoña Gómez, pero señala irregularidades en contratos de la cátedra

El caso de Begoña Gómez vuelve a situarse en el centro del debate judicial y político que rodea al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, remitido al juez Juan Carlos Peinado, no aprecia enriquecimiento ilícito ni movimientos bancarios sospechosos relacionados con la esposa del jefe del Ejecutivo, pero sí señala irregularidades en la contratación de servicios para desarrollar el software vinculado a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Según el documento, los investigadores no han detectado fondos ocultos ni cobros irregulares por parte de Gómez. La UCO sostiene que “la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que ha venido desarrollando”, una conclusión que supone uno de los elementos más favorables para la investigada dentro del informe.

El informe también analiza la creación de la cátedra universitaria y concluye que fue constituida de acuerdo con los trámites previstos. Gómez percibió por esa actividad algo más de 17.000 euros en dos años, según recogen las diligencias. Sin embargo, la Guardia Civil centra sus reparos en la gestión del software Transforma TSC, una plataforma impulsada desde la propia cátedra y financiada con recursos vinculados a la Universidad Complutense.

En ese apartado, la UCO apunta a presuntas irregularidades en las adjudicaciones realizadas a empresas como Deloitte y Making Science. En el caso de Deloitte, los agentes sostienen que las contrataciones no solo habrían estado “premeditadas”, sino que la consultora ya habría comenzado a prestar servicios antes de la adjudicación formal del primer contrato.

Respecto a Making Science, los investigadores señalan que se habría prestado un servicio valorado en unos 20.000 euros “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo”, según el contenido del informe. La Guardia Civil también contradice la versión sostenida por Gómez sobre el uso de la plataforma y afirma que Transforma TSC llegó a mantener actividad comercial.

La UCO calcula que la creación de la plataforma supuso un coste directo para la Complutense de más de 108.000 euros. Además, el informe señala que Gómez registró a su nombre elementos vinculados al proyecto, como marcas o dominios, una circunstancia que las acusaciones populares interpretan como posible base de un delito de apropiación indebida.

Con todo, el informe de la UCO presenta una doble lectura: por un lado, debilita la hipótesis de un enriquecimiento personal irregular de Begoña Gómez; por otro, mantiene bajo sospecha la gestión administrativa y contractual del software desarrollado en el marco de la cátedra. Será ahora el juez Peinado quien valore el alcance penal de esas irregularidades y si tienen recorrido dentro de la investigación.