Mayores y Pensionistas pide «voluntad política» para aprobar la Convención sobre Derechos de Mayores antes de 2030
MADRID, 26 8Agencias)
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha pedido «voluntad política» para lograr la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030, como ha puesto de manifiesto durante la jornada ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’, celebrada en el Congreso de los Diputados.
El encuentro –que ha contado con la participación de responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, especialistas del ámbito jurídico y portavoces parlamentarios– se ha centrado en el impulso del nuevo proceso internacional para redactar un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas y en la necesidad de que España adopte un papel activo.
En este sentido, en la apertura del acto, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha señalado que el proceso internacional hacia la Convención será «complejo» y «largo». Sin embargo, ha pedido «no procrastinar», instando a todos los actores implicados a trabajar para que la aprobación del texto de la Convención no se prolongue más allá de 2030.
Asimismo, Fernández ha advertido de que España no puede quedarse «con los brazos cruzados» mientras se negocia este tratado, al tiempo que ha defendido el impulso de medidas a nivel interno, como el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores, como informa la entidad.
El encuentro también ha contado con la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, que ha recordado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 la resolución para iniciar la redacción de la Convención. Así, ha destacado que España, a través del IMSERSO, ha apoyado el proceso «desde sus inicios», incluso en momentos de «reticencia» en Europa y ha defendido que la Convención puede ser «un instrumento» para diseñar «una sociedad más igualitaria, más justa» que garantice «el derecho a envejecer con salud, con bienestar y con dignidad».
Además, ha avanzado que España quiere desempeñar un papel «pionero y líder» en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable, con una participación activa en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental y en las consultas de Naciones Unidas para definir los principios y la estructura del futuro texto.
LUCHA CONTRA EL EDADISMO, «DISCRIMINACIÓN ACEPTADA»
Por su parte, la directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, Nena Georgantzi, ha ofrecido una ponencia en la que ha contextualizado el proceso de elaboración de la convención como un campo de derechos humanos «emergente» con décadas de reivindicación. Georgantzi ha subrayado que, pese al principio universal de igualdad, «el disfrute de todos los derechos humanos disminuye con la edad» por el edadismo, descrito como una discriminación «aceptada» socialmente y con amplio margen de justificación en normas y prácticas.
Por otro lado, ha detallado que, tras la reunión organizativa celebrada en febrero en Ginebra, el proceso entra ahora en una fase de definición de principios y estructura, con sesiones previstas y un trabajo que debe reforzarse a nivel nacional y local para fortalecer las capacidades de la sociedad civil.
En el encuentro, el representante de AGE Platform Europe, Ángel Yagüe, también ha vinculado la necesidad de la Convención a una «transición demográfica sin precedentes», al tiempo que ha insistido en la urgencia de «combatir el edadismo».
Para la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, la Convención es un «cambio de paradigma para la longevidad en el siglo XXI» y ha recordado que no es una «ocurrencia», sino una reivindicación con décadas de recorrido, mientras que el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gregorio Saravia, ha calificado de «urgente» y «necesaria» la citada Convención.
En la mesa de debate sobre el marco jurídico de la futura Convención, la fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, ha precisado que el valor añadido de la Convención sería «instrumental», ya que aportará «mecanismos de verificación, impulso y progresividad, además de evaluaciones y observaciones interpretativas que ayuden a reducir la divergencia entre lo que reconocen los derechos y la realidad efectiva».
A juicio de la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, María Teresa Verdugo, la Convención permitiría sistematizar y «blindar» derechos y obligaría a medirlos con datos e indicadores; y el catedrático de Derecho Internacional Público, Carlos Ramón Fernández, ha precisado que el desarrollo de la Convención se encuentra en «un momento inicial», entre otras intervenciones.
En la clausura de la jornada, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Eduardo Ramón Merino de Mena, ha reafirmado que «España seguirá impulsando el desarrollo de la Convención» y ha recordado el compromiso de España con los principales tratados internacionales de derechos humanos.
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