Acción contra el Hambre defiende el Fondo Social Europeo como «garantía de inclusión y derechos sociales» en la UE
MADRID 18 May. (Agencias) –
Acción contra el Hambre defiende el Fondo Social Europeo+ como «garantía de inclusión y derechos sociales» en la Unión Europea y alerta sobre su «erosión» en la propuesta de nuevo presupuesto europeo 2028-2035.
La organización reclama mantener un FSE+ «independiente, con financiación suficiente y gestionado bajo el actual modelo común europeo, frente a la propuesta de integrarlo en grandes planes nacionales y regionales ejecutados por los Estados miembro».
Acción contra el Hambre advierte de que reducir el presupuesto del FSE+ y eliminar su gobernanza compartida «podría dejar las políticas sociales dependientes de a intereses políticos nacionales y contextos electorales».
Cada siete años, la Unión Europea define su presupuesto a través del Marco Financiero Plurianual (MFP), donde establece sus prioridades políticas, sociales y económicas. En 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta de MFP para el próximo periodo 2028-2035 con el presupuesto más amplio de la historia de los 27: más de 2 billones de euros.
Sin embargo, Acción contra el Hambre apunta que este borrador llega en medio de un contexto internacional marcado por los conflictos geopolíticos, los desafíos en materia de seguridad y las nuevas prioridades estratégicas, por lo que el foco del nuevo MFP «se sitúa en la seguridad, defensa y competitividad económica».
Y, aunque desde la Comisión se explica la reestructuración de los fondos comunes como una apuesta hacia la flexibilización y la simplificación, ya son varias las organizaciones y entidades sociales que advierten de «los peligros de debilitar herramientas presupuestarias sociales, como el Fondo Social Europeo Plus».
«El Fondo Social Europeo forma parte de la raíz del proyecto europeo: poner a las personas en el centro. Europa no puede renunciar a aquello que la define como modelo político y social», apuntan desde la organización.
Y es que, según subraya Acción contra el Hambre, la inversión en inclusión sociolaboral «no solo protege derechos fundamentales establecidos por la Unión, sino que resulta económicamente más eficiente que asumir los costes provocados por la pobreza, la exclusión o la desigualdad estructural».
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