Extensa desaparición de mujeres, niñas y migrantes en México
WASHINGTON – Más de 128 000 personas han sido víctimas de desaparición en México en los últimos 20 años, indica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicado este lunes 11, en que se resalta el impacto de ese delito sobre las mujeres, niñas y adolescentes, y sobre los migrantes.
En su informe, “Desaparición de Personas en México”, la Cidh asienta que “la práctica de desaparición de personas en México genera una grave crisis de derechos humanos”, y reconoce que la autoría “corresponde, en gran medida, al crimen organizado”
Sin embargo “las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido del todo erradicadas”, y el registra “casos en que habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad, de justicia y políticas”.
El informe se fundamenta en gran medida en el gubernamental Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que da cuenta de 400 000 desapariciones desde 1953, y de ellas 134 000 no localizadas.
Las cifras que maneja la Cidh refieren a datos desde mediados de la primera década de este siglo hasta junio de 2025, e incluyen el cálculo de más de 70 000 cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.
Señala que, en ese país de 132 millones de habitantes con 31 estados más la Ciudad de México, el registro oficial en junio de 2025 computaba 128 713 personas desaparecidas, con la mayor concentración en el occidental estado de Jalisco (15 330), del central México (14 048) y del nororiental Tamaulipas (13 471).
De este total, 76,83 % de las personas desaparecidas son hombres y 23 % mujeres. El rango de edad de la mayor cantidad de mujeres desaparecidas se encuentra entre los 15 y 19 años, seguido del rango entre 20 y 24 años.
La Cidh encuentra que en México desaparecen más niñas que niños. Al 19 de agosto de 2025 el total de personas desaparecidas de entre 0 y 17 años es de 18 192, de las cuales 48,47 % varones y 51,35% hembras.
La desaparición de mujeres adolescentes, “muchas veces no investigadas de modo adecuado, es preocupante y sugiere la persistencia de falta de equidad de género”, señala el informe.
El grupo etario entre los 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de mujeres (5454) supera a la de hombres (4266), dado que, después de los 17 años, la desaparición de hombres cobra prevalencia nuevamente.
El informe pone en evidencia las características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado, así como las de personas Lgbtiq+, y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.
La desaparición “también ha sido utilizada como herramienta de represalia contra mujeres defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan riesgos particulares por su labor”, según el documento de la Cidh.
Destaca por otra parte que delito de las desapariciones “también impacta con mucho ensañamiento en personas migrantes, por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito”.
Entre los informes sobre la desaparición de personas migrantes, al paso de los años, la Cidh presenta en su informe la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y el hallazgo de 196 restos en fosas clandestinas en 2011, de los cuales 56 no han sido reconocidos.
En Cadereyta, Nuevo León (norte), en 2012 se encontraron 49 torsos humanos,
de los cuales 30 no han sido identificados. Y 22 migrantes desaparecieron migrantes cuando salieron de San Luis de la Paz, Guanajuato (centro) en 2011.
En su análisis, la Cidh considera que la prevención es uno de los principales desafíos frente a la desaparición, y pondera la nueva estrategia de seguridad pública aprobada en 2025, que adopta una política denominada de “atención a las causas”.
A su vez, advierte que la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias.
“A pesar de esfuerzos recientes en el acceso a la justicia, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, estos aún son limitados frente a la magnitud del fenómeno”, asienta el informe.
Establece una serie de desafíos en torno a la alta carga procesal, deficiencias de procedimiento, y en cuanto a las técnicas de investigación conducidas por órganos de procuración de justicia, que incluyen, entre otros, la falta de formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación.
Respecto de la búsqueda, la Cidh “valora el impulso de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos, e identifica graves situaciones de riesgo y amenazas que afectan la seguridad de las personas buscadoras”.
En materia de atención, rehabilitación y reparación, la Comisión valora positivamente la creación de la dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
A su vez, el informe deja constancia de la preocupación de las organizaciones civiles sobre la capacidad operativa y administrativa de las comisiones locales de atención a víctimas, así como de los prolongados tiempos de espera para acceder a apoyos destinados a necesidades inmediatas.
Las recomendaciones de la Cidh abarcan medidas para evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales, y para abordar la búsqueda inmediata diferenciada de personas, así como la investigación y sanción.
También, el acceso efectivo a apoyos económicos para las familias buscadoras y el abordaje de iniciativas de memoria, verdad y justicia sobre desapariciones del pasado y del presente, incluida la colaboración de instituciones de seguridad e inteligencia en la provisión de información.
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