El largo camino de Hungría hacia la recuperación
MONTEVIDEO – Cuando el primer ministro Péter Magyar subió al escenario en Budapest la noche del 12 de abril, dijo a la multitud que habían «liberado a Hungría». La hipérbole parecía justificada. Su partido, Tisza, había obtenido una mayoría parlamentaria absoluta con la mayor participación desde las primeras elecciones libres de Hungría en 1990, poniendo fin a 16 años de un gobierno cada vez más autocrático. El sábado 9 de mayo, Magyar fue investido como primer ministro.
Una autocracia construida a la vista de todos
El primer ministro derrocado, Viktor Orbán, se jactaba de haber convertido a Hungría en un modelo de lo que él llamaba «democracia iliberal». Cuando volvió al poder en 2010, se dedicó a desmantelar todas las instituciones capaces de limitar su poder.
Su partido, Fidesz, reescribió la Constitución, reestructuró el Tribunal Constitucional y manipuló los distritos electorales de tal manera que, en 2014 y 2018, obtuvo dos tercios de los escaños parlamentarios con menos de la mitad de los votos.
La radiodifusión pública se convirtió en un altavoz del partido, y los oligarcas vinculados a Orbán se hicieron con el control de los medios de comunicación privados. Fidesz se apoderó de las universidades y de los organismos artísticos.
El gobierno utilizó el software espía Pegasus contra sus oponentes, demonizó a los migrantes y a las personas Lgbtiq+ como amenazas para la nación y aprobó una ley que penaliza la asistencia al Orgullo de Budapest.
Las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaron a restricciones cada vez mayores en su financiación, y el gobierno creó una Oficina de Protección de la Soberanía para investigarlas y acosarlas aún más.
El índice Varieties of Democracy (V-Dem) acabó rebajando a Hungría a la categoría de «autocracia electoral», convirtiéndose en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en recibir esa designación.
El punto ciego de la UE
La respuesta de la UE fue insuficiente. En 2018, el Parlamento Europeo activó el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, el primer paso de un procedimiento que, en teoría, podría suspender los derechos de voto de un Estado.
Pero en la práctica, el artículo 7 nunca se aplicó plenamente, ya que hacerlo requiere el acuerdo unánime de todos los demás Estados miembros, y siempre hay Estados que no están dispuestos a llegar tan lejos.
El Reglamento sobre la condicionalidad del Estado de Derecho, en vigor desde 2022, permitió a la UE congelar hasta 32 000 millones de dólares en fondos destinados a Hungría, pero este mecanismo también se vio comprometido por cálculos políticos.
En diciembre de 2023, la Comisión liberó alrededor de 12 000 millones de dólares en fondos de cohesión, aparentemente a cambio de que Hungría levantara su veto a la ayuda a Ucrania, intercambiando de hecho la condicionalidad del Estado de Derecho por el cumplimiento de la política exterior.
En última instancia, la UE no resolvió su problema con Orbán; lo hicieron los votantes húngaros. Esto sugiere que siguen siendo necesarias reformas estructurales para evitar que otro autócrata juegue el mismo juego de bloqueo que Hungría.
Después de Orbán
Las anteriores coaliciones de la oposición en Hungría fracasaron en parte porque la maquinaria de Orbán contaba con un arma fiable contra ellas: la acusación de que servían a Bruselas, al financista de origen húngaro George Soros y a una élite cosmopolita alejada de los valores húngaros.
Magyar, un antiguo miembro del Fidesz que rompió con el partido en febrero de 2024 tras un escándalo por un indulto presidencial concedido a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales a menores, era inmune a esa arma.
Su campaña fue deliberadamente posideológica, centrada en la corrupción, el deterioro de los servicios públicos y el estancamiento económico, mientras que Orbán llevó a cabo una campaña basada en el miedo, centrada en la UE y la guerra en Ucrania. Los votantes eligieron la realidad económica frente a una amenaza inventada.
Al final, la arquitectura electoral que Orbán había construido para recompensar al partido más votado convirtió la victoria de Tisza en una mayoría cualificada de 141 de los 199 escaños parlamentarios.
Pero la victoria de Magyar no traerá necesariamente una transformación progresista. Es un político conservador al frente de un partido de centro-derecha cuya plataforma no incluía ningún compromiso explícito con los derechos Lgbtiq+.
Durante la campaña, criticó la prohibición del Orgullo de Budapest calificándola de distracción más que de violación de derechos, y se comprometió únicamente a proteger la libertad de reunión en términos más generales.
En su discurso de victoria prometió una Hungría en la que «nadie sea estigmatizado por amar a alguien de forma diferente a la mayoría», pero se trató de un cambio de tono más que de un compromiso político. Es poco probable que los derechos Lgbtiq+ retrocedan aún más bajo el mandato de Magyar, pero la recuperación dependerá de la presión sostenida de la sociedad civil.
Orbán puede haber salido del gobierno, pero los nombrados por Fidesz siguen arraigados en todo el aparato estatal. Magyar se ha comprometido a invitar a la Fiscalía Europea a examinar los presuntos usos indebidos de los fondos de la UE, desmantelar la Oficina de Protección de la Soberanía y retirar la legislación propuesta que habría ampliado aún más los poderes para restringir la sociedad civil.
Cumplir esos compromisos y desentrañar 16 años de captura institucional requerirá una voluntad política sostenida.
La sociedad civil húngara se enfrenta a su primera oportunidad real en 16 años. Para aprovecharla al máximo, deberá presionar con firmeza y constancia para la restauración del espacio cívico, el Estado de derecho y los derechos Lgbtiq+, y no confundir un cambio de gobierno con un cambio de rumbo.
Para la UE, la victoria de Magyar abre una ventana para cambiar una estructura de toma de decisiones que permite a un solo Estado miembro tomar como rehén la política exterior del bloque.
La petición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que las decisiones de política exterior se adopten por mayoría cualificada podría ahora ganar terreno.
Pero sigue abierta la cuestión más amplia de cómo la UE hace cumplir sus normas democráticas frente a un Estado miembro decidido a ignorarlas. La UE debería resolverla antes de que surja el próximo desafío.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización. Ella también ejerce como rofesora de Política Comparativa en la uruguaya Universidad ORT.
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