CSW70: La igualdad de las mujeres bajo asedio
MONTEVIDEO / BRUSELAS – El 19 de marzo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) hizo algo sin precedentes en sus ocho décadas de historia: celebró una votación.
La administración estadounidense de Donald Trump, tras pasar dos semanas intentando aplazar, enmendar y, en última instancia, bloquear el principal documento final del 70 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW70), el mayor encuentro anual sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, celebrado entre el 9 y el 19 de marzo.
Ese documento, conocido como las conclusiones acordadas, recibió finalmente un único voto en contra de su adopción.
Ese voto disidente, el de Estados Unidos, lo decía todo, ya que procedía del gobierno más poderoso del mundo, respaldado por su influencia financiera, su alcance bilateral y una red de Estados y organizaciones contrarios a los derechos que están ganando terreno a muchos niveles.
Creada en 1946, la CSW reúne cada año a 45 Estados para negociar compromisos que, aunque no son jurídicamente vinculantes, dan forma a la legislación nacional, establecen normas internacionales y marcan la dirección de la voluntad política.
La sociedad civil desempeña un papel importante en ella: el Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer coordina a miles de organizaciones, desde grandes organismos internacionales hasta grupos de base, con el objetivo de garantizar que las personas más afectadas por las políticas tengan un lugar en la mesa.
Durante varias décadas, este ha sido lo más parecido que ha tenido el mundo a una negociación intergubernamental anual dedicada a los derechos de la mujer.
El ataque a la igualdad de género
La administración Trump llegó a la CSW70 tras haberse retirado de ONU Mujeres en enero y de su Junta Ejecutiva en febrero, alegando su oposición a lo que denomina «ideología de género».
Presentó ocho enmiendas dirigidas al lenguaje sobre salud reproductiva. Al no prosperar estas, intentó aplazar o retirar las conclusiones por completo.
Al fracasar también en ello, votó en contra de su adopción y presentó una resolución separada que pretendía imponer una definición restrictiva de género, intentando de hecho reescribir 30 años de compromisos cuidadosamente negociados. Su resolución fue bloqueada.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada en febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, definió la civilización occidental como unida por la fe cristiana, la ascendencia compartida y el patrimonio cultural.
Se trata de un enfoque ideológico que trata la igualdad de las mujeres, los derechos reproductivos y los derechos Lgbtiq+ no como derechos humanos, sino como imposiciones ideológicas que deben rechazarse. El poderío financiero de la administración Trump es ahora el mecanismo de transmisión de esta visión del mundo.
La retirada de fondos como arma
La crisis material inmediata en la CSW70 fue el colapso de la financiación, por la eliminación de 90 % de los contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que supuso la pérdida de 60 000 millones de dólares en ayuda exterior.
En su lugar, Estados Unidos está negociando acuerdos bilaterales con 71 países en el marco de su estrategia sanitaria global «America First (Estados Unidos pimero)», ampliando su «ley mordaza»» global no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino también a los gobiernos receptores.
Esto significa que cualquier institución que reciba financiación sanitaria de Estados Unidos debe certificar que ni ella ni ninguna organización con la que trabaje promueve o proporciona servicios de aborto.
La financiación fluirá ahora a través de grupos religiosos, y se beneficiarán organizaciones cristianas ultraconservadoras como Alliance Defending Freedom y Family Watch International, que llevan años construyendo redes en África, Asia y América Latina.
Utilizan el lenguaje de los valores familiares, los derechos de los padres y la soberanía nacional para consolidar la influencia conservadora sobre las leyes que afectan a las mujeres, a las personas Lgbtiq+ y a los jóvenes. En muchos países, ya tienen acceso directo a los gobiernos, mientras que las organizaciones progresistas son excluidas de forma habitual.
Ante la intensificación de las amenazas, la ONU está dando señales de retroceso.
Una propuesta, en el marco de la Iniciativa ONU80 de reforma y recorte de gastos, la de fusionar ONU Mujeres con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) ha alarmado a la sociedad civil en todo el mundo.
La justificación es la eficiencia, pero hay poco solapamiento entre las dos Agencias y sus presupuestos combinados representan una pequeña parte del gasto total de la ONU, lo que sugiere que el ahorro sería modesto.
Es difícil evitar la conclusión de que el ataque a estas organizaciones refleja la creciente impugnación de sus mandatos basados en los derechos, más que cualquier lógica de eficiencia organizativa.
Más de 500 organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que advertían de que, cuando los derechos de salud sexual y reproductiva se absorben en mandatos más amplios, corren el riesgo de «perder prioridad, sufrir recortes de financiación o quedar políticamente invisibilizados».
Algunos Estados han instado a la cautela, pero hasta ahora ninguno se ha comprometido a bloquear la fusión.
La sociedad civil se mantiene firme
En tiempos difíciles, más de 4600 delegados de la sociedad civil asistieron a la CSW70 e hicieron valer su presencia.
Tomaron la palabra para señalar las barreras estructurales y exigir rendición de cuentas: los representantes de la juventud cuestionaron la normalización de la violencia en línea, los delegados de las islas del Pacífico describieron cómo la geografía agrava la denegación de justicia a las sobrevivientes, y activistas de Haití documentaron la explotación laboral de las trabajadoras domésticas migrantes.
Todos ellos hicieron hincapié en que, cuando se restringen o se retiran los fondos a las organizaciones de derechos de las mujeres, las sobrevivientes pierden su principal vía de acceso a la justicia.
El Foro de ONG de la 70CSW acogió más de 750 eventos paralelamente a la sesión oficial.
Pero no todo el mundo pudo participar. Las restricciones de visados de Estados Unidos impidieron que varias activistas por los derechos de las mujeres, especialmente del Sur Global, pudieran entrar en el país. Se trata de un problema cada vez más grave que limita la capacidad de participación de la sociedad civil.
El Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2026, recientemente publicado por Civicus, la plataforma mundial de la sociedad civil, documenta exactamente a qué se ha enfrentado la sociedad civil.
Enumera: instituciones creadas para proteger los derechos de las mujeres bajo un ataque sostenido y coordinado, recortes en su financiación, sus mandatos en el punto de mira y los valores de derechos humanos en los que se basan sometidos a revisión.
Las conclusiones acordadas de la CSW70 ofrecen esperanza, al comprometer a los Estados a actuar en materia de gobernanza de la inteligencia artificial (IA), leyes discriminatorias, justicia digital, derechos laborales, asistencia jurídica y el reconocimiento formal de los trabajadores y trabajadoras de cuidados.
Pero, como dejó claro la pugna en torno a ellas, la voluntad política se está agotando y la comunidad contraria a los derechos se ha envalentonado. La sociedad civil salió de la CSW70 sin perder terreno, y esto parece ser la medida del éxito en los tiempos regresivos en los que vivimos.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Etado de la Sociedad Civil de la organización.
Samuel King es investigador del proyecto de investigación financiado por un Horizonte Europa «Ensured: Shaping Cooperation for a World in Transition (Asegurado: Dar forma a la cooperación para un mundo en transición)».
T: MF / ED: EG
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