El Gobierno se reúne mañana con el sector agroalimentario y pesquero para abordar medidas por conflicto en Irán
MADRID, 15 Mar. (Agencias) –
El Gobierno se reunirá este lunes con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero para analizar la situación, así como para evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio y que está afectando a agricultores, ganaderos y pescadores.
En concreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, iniciará por la mañana esta ronda de contactos con los representantes del sector pesquero con la patronal Confederación Española de Pesca (Cepesca) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).
La patronal pesquera ya ha avanzado que en esta reunión reclamará al Ejecutivo que se adopten con urgencia medidas compensatorias que permitan mantener la actividad pesquera y evitar impactos en el suministro de pescado, ya que han alertado del riesgo de paradas de actividad ante el incremento desproporcionado de los costes de producción.
Así, entre las peticiones que harán figuran establecer mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por buque, no por empresa, evaluar una suspensión o la reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aliviar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.
Tras reunirse con el sector pesquero, Planas junto al ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, se reunirá a última hora de la mañana (13.30 horas) en el Ministerio de Economía con los representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), fertilizantes y piensos.
La ronda de contactos continuará por la tarde, a partir de las 18.00 horas en Agricultura, Planas mantendrá una reunión con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, así como con representantes de cooperativas agroalimentarias.
Esta ronda de contactos llega después de que el Gobierno se reuniera el pasado jueves con sindicatos y empresarios para abordar las medidas de protección económica y social ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo, originado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
Una reunión de alto nivel con los agentes sociales en la que participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Tras ese encuentro, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.
Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.
Sobre las medidas concretas, el ministro garantizó que habrá una «atención especial» a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.
Junto con estas medidas, Cuerpo describió lo que define como el «esqueleto» del plan del Gobierno frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el «rigor», la «responsabilidad» y la «flexibilidad» para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.
Este está compuesto por cuatro puntos principales: medidas de corte estructural que avancen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo «un seguro de vida» para reducir el efecto de la crisis, y medidas relacionadas con la «minimización» del impacto en términos de coste de la electricidad y de energía, que serán esencialmente medidas fiscales.
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