Jupol rechaza que los escoltas de Begoña Gómez puedan colaborar en su fuga: «Una auténtica barbaridad»
MADRID 20 Jun. –
El sindicato policial Jupol rechazó este sábado que los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno pudieran colaborar en una hipotética fuga de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y calificó de «auténtica barbaridad» sugerirlo, en respuesta al auto en el que el juez Juan Carlos Peinado acordó abrir juicio oral contra ella y le retiró el pasaporte.
En un comunicado difundido en redes sociales, Jupol defendió que los profesionales que integran la escolta de Presidencia «desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales».
El sindicato consideró que poner en duda su actuación «carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares», y exigió una rectificación de unas manifestaciones que, a su juicio, «proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones».
El auto del juez Peinado, de 84 páginas y fechado este sábado, recoge que la defensa de Gómez descartó cualquier posibilidad de que eluda la acción de la justicia precisamente porque su condición de esposa del jefe del Ejecutivo implica que se encuentre acompañada de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, Peinado consideró que «no cabe duda» de que «esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren» en facilitar esa fuga.
El mismo auto acuerda también la prohibición de salida del territorio nacional para Gómez y su asesora Cristina Álvarez, así como la obligación de comparecer cada quince días ante la sede judicial para firmar, además de enviar a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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