La CIG conmemora el 10 de marzo acusando a Xunta y Gobierno de «imponer un marco laboral que no permite decidir»
FERROL, 10 Mar. –
Varios centenares de personas, convocadas por el sindicato CIG, secundaron en la tarde de este martes la manifestación central del Día da Clase Obreira Galega en Ferrol, una de las 14 movilizaciones que el sindicato nacionalista desplegó por toda Galicia para conmemorar el 54º aniversario de los sucesos de 1972.
La marcha partió a las 20.00 horas desde la sede del sindicato en la avenida de Esteiro y concluyó en el Cantón de Molins, donde el secretario comarcal de la CIG en Ferrol, Xoán Galdo, leyó un manifiesto cargado de críticas tanto al Gobierno central como a la Xunta de Galicia.
Previamente, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, explicaba el sentido de la convocatoria. «Entendemos que la manera de conmemorar y mantener viva las luchas del 72 no puede quedar reducida a un acto institucional estéril».
Carril enmarcó la protesta en un contexto de «precariedad, bajos salarios y un modelo neoliberal impuesto» que, a su juicio, no ha sido revertido por los sucesivos gobiernos españoles.
El líder sindical también vinculó la situación laboral con el contexto geopolítico, denunciando «la agresión imperialista de Estados Unidos y de Israel» y anunciando nuevas movilizaciones dentro de la plataforma Galicia por la Paz para exigir un plan de choque ante las consecuencias económicas de la guerra, así como el cese del incremento en el gasto militar.
ACUSACIONES DIRECTAS
Ya en el Cantón de Molins, y ante una plaza con representación de diversos sectores en conflicto, como profesionales del servicio de ayuda en el hogar, residencias de mayores, personal del Concello de Cariño o transporte de viajeros, Xoán Galdo endureció el discurso.
En su intervención acusó al Gobierno central de «imponer un marco laboral que niega a Galicia la capacidad de decidir sobre sus relaciones laborales», y de mantener unas reformas que «abaratan el despido y legalizan la parcialidad».
Pero las críticas más severas se dirigieron contra la Xunta de Galicia, a la que calificó de «delegación política de los intereses empresariales». Galdo censuró las políticas del Ejecutivo de Alfonso Rueda en materia energética, lingüística y de servicios públicos.
«Acusamos a la Xunta de desmantelar los servicios públicos a través de privatizaciones y externalizaciones, de convertir derechos en negocio», sentenció, al tiempo que denunció el «abuso de la temporalidad» en el propio sector público autonómico.
El dirigente ferrolano también rechazó el modelo de «diálogo social» actual, al que acusó de buscar la «paz social de la precariedad», y advirtió de que «sin confrontación no habrá cambio».
La movilización concluyó con proclamas a favor de un marco gallego de relaciones laborales, el control público de la energía y la soberanía para decidir el futuro del país, bajo el lema central de la jornada, como fue «Traballo digno, pobo con dereitos».
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